Jorge Millones
Ni los muertos estarán seguros ante el enemigo si éste vence.
Walter Benjamin
Y es ese enemigo que no ha cesado de vencer”
La violencia neoliberal arrancó el 5 de abril de 1992. El autogolpe de Fujimori fue el dispositivo que se utilizó para implementar un agresivo programa de ajustes económicos que terminaron pagando, sobre todo, los más pobres del país. Pero también fue la oportunidad de liquidar a los opositores a dicho programa, especialmente líderes sociales, periodistas, dirigentes y políticos en su mayoría con orientaciones de izquierda o críticos al nuevo modelo.
Esta liquidación se desplegó en tres fases. La primera fue de carácter físico y directo, a través de atentados y asesinatos selectivos. Para lo cual se creó el grupo paramilitar “Colina” vinculado directamente al gobierno de Alberto Fujimori. Según constató la CVR en su conclusión número 100, esta estrategia antisubversiva en realidad fue una política en la que: “…actuó un escuadrón de la muerte denominado «Colina», responsable de asesinatos, desapariciones forzadas, y masacres con crueldad y ensañamiento. La CVR posee indicios razonables para afirmar que el presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN tienen responsabilidad penal por los asesinatos, desapariciones forzadas y masacres perpetradas por el escuadrón de la muerte denominado «Colina».
La segunda fase fue la política de criminalización/represión de la protesta social. Empezó en los años noventa, pero se desarrolló e instituyó en los siguientes gobiernos neoliberales. Su objetivo era la construcción de un nuevo enemigo que “heredara” toda la malignidad del monstruo terrorista. Su objetivo era destruir la imagen y legitimidad de líderes indígenas, organizaciones ambientales, partidos políticos opositores al modelo neoliberal y cualquier tipo de liderazgo que asomara la cabeza en contra de las industrias extractivas. Para ello, utilizaron una reforma legislativa dirigida a acusar, perseguir y encarcelar a la dirigencia social que protestaba, a la vez que los medios de comunicación destruían la imagen de los imputados. Eso, cuando no disparaban directamente en contra las masas movilizadas. Esta fase fue impulsada durante el gobierno de Alejandro Toledo, especialmente por su ministro del Interior Fernando Rospigliosi y continuada por el segundo gobierno de García, el gobierno de Humala, el de Kuczinsky y en menor medida, por el de Castillo. El actual gobierno de Dina Boluarte es expresión directa de este tipo de estrategia, que sigue azuzando el “cuco” del terrorismo y elimina/persigue cualquier resistencia ciudadana.
La tercera fase liquidadora de la violencia neoliberal tiene como objetivo eliminar los rastros, las evidencias de sus crímenes. En el mejor de los casos los justificará, en ese afán totalitario por querer coparlo todo, ahora también van por el pasado. Es un asesinato espiritual, la liquidación final del alma crítica del Perú. Ahora, van por la Historia, la van a reescribir a su gusto y antojo en una operación que los convertirá en “héroes”, buscando la ansiada legitimidad que desaparezca de la memoria los asesinatos, los hornos, las torturas, los “vladivideos”, las coimas, sus alianzas corruptas, sus financiamientos, el “narcoavión presidencial”, LIMASA, Odebrecht, el “pitufeo”, las portátiles, “los hermanitos”, la narcopolítica hasta llegar a convencernos que los matones de “La Resistencia” son defensores de la democracia.
Desde que se anunció la creación de la CVR quienes se opusieron a ella y la atacaron ferozmente fueron los dos extremos antidemocráticos, por un lado, Sendero Luminoso, a quienes no les cayó nada bien que se los reconociera como el detonante de la sangría de 20 años que enlutó al país. Y en el otro extremo, el fujimorismo y sus aliados neoliberales, que fueron capaces de crímenes atroces con tal de sostener su modelo corrupto y corruptor. Es sintomático que coincidan en su odio a un documento que, aún con sus imperfecciones, plantea la necesidad de asumir responsabilidades para tener un país viable, porque ambos extremos se han necesitado para justificarse. Y ambos obstaculizan la construcción de un país democrático, libre y reconciliado.
Al neoliberalismo en el Perú se le ha ido cayendo esa delgada capa democrática que tuvo que ponerse para ocultar su verdadero rostro. Ahora, podemos ver ese ejercicio crudo del poder necropolítico, descarado, corrupto y cínico. Y en esta guerra declarada contra la democracia peruana, han ido acechando a la Verdad, hasta tenerla arrinconada.
Desde el Programa “Terrorismo Nunca Más” dirigido a los colegios, en donde se cuenta la versión fujimorista del Conflicto Armado Interno, hasta la publicación para escolares que defiende el autogolpe del 5 de abril, que impulsaron Martha Moyano y el fujimorismo en el Congreso, pasando por cierre del Lugar de la Memoria o las “visitas” que hace “La Resistencia” a los eventos de D.D.H.H., presentaciones de libros, eventos académicos, etc. Se evidencia la cruzada anti derechos y anti memoria de los sectores más reaccionarios de la derecha peruana. La disputa saltó del debate en los medios de comunicación y del campo semántico (¿Terrorismo o Conflicto Armado Interno?) a la acción política por reescribir el pasado. Estamos viendo el correlato de una nueva correlación de fuerzas, en la que la memoria es ahora el último reducto.
El accionar de la violencia neoliberal está revictimizando a quienes fueron asesinados, están cuestionando sentencias, volviendo a hacer sufrir a los deudos y ocultando las profundas raíces que nos llevaron al conflicto. Y hay que decir que mientras no se solucionen la desigualdad, la discriminación y la injusticia siempre habrá caldo de cultivo para el conflicto. Y quienes más han señalado eso, hasta convertirlo en una bandera de lucha política, a lo largo de los años, han sido líderes, activistas y organizaciones de izquierda. Y aunque ese detalle se quiera escamotear debemos empezar a decirlo otra vez. Y aunque le duela a Martha Moyano, su hermana María Elena era una luchadora social y militante de izquierda. Y quienes han traicionado ese legado son justamente esos extremos antidemocráticos que ahora se abrazan en el actual Congreso para repartirse el país.
Es importante que las nuevas generaciones se apropien del legado de lucha de las izquierdas. Con sus aciertos y errores, crítica y autocríticamente, es la única manera de encontrar esa redención del pasado de la que hablaba el buen Walter Benjamin. De poner a salvo la memoria, de vencer el cerco que le ha impuesto la violencia neoliberal y recuperar los puentes intergeneracionales para que en verdad no se vuelvan a repetir las desgracias que nos trajo la guerra interna y el accionar terrorista.
En el Perú de hoy es imposible que impere una sola lectura o un solo modelo de país, todas las fuerzas políticas deben entenderlo, por lo mismo, es necesario una reconstrucción de la izquierda a partir de recuperar lo mejor de su legado, de su aporte a la democracia peruana y para eso se debe asumir la tarea de cuidar las múltiples experiencias de ese legado, asumirlas, ordenarlas, transmitirlas y no olvidarlas jamás. Pues se necesita más que nunca una izquierda que de la batalla y equilibre el panorama político y un buen lugar para empezar esa construcción es la defensa del pasado, pues ahí es donde está su identidad y desde ahí puede retomar su compromiso ético/político.
