La crisis de régimen y de Estado que vive el país, que hoy también es de gobierno, evidencia que el actual régimen no es capaz ya de reproducir su orden, generando una gran desafección de la política por parte de las mayorías que coincide con años de anti-política promovida por los neoliberales y con la imposibilidad de encontrar salidas institucionales. Esto se ha evidenciado desde el año 2016 con la negativa de Keiko Fujimori de reconocer su derrota electoral y su empecinamiento en producir una confrontación de poderes con su mayoría parlamentaria, hechos que terminaron confluyendo con la absoluta incapacidad del Estado para atender los impactos del Fenómeno del Niño y con los destapes de la corrupción en la que se verían envueltos políticos, empresarios y agentes de la Justicia. Esta crisis que ha tenido diversos episodios y que ha significado renuncias y vacancias de presidentes, el cierre del Congreso, un referéndum y convulsiones sociales, se agravó aún más con los impactos de la pandemia del COVID 19 que mostraron a flor de piel la vulnerabilidad, precariedad y desigualdad en las que vivimos los peruanos y peruanas.
Esto, en las izquierdas, nos llevó a plantearnos que nuestra tarea estratégica es refundar el país gestando un nuevo pacto social que sea fruto del despliegue del poder constituyente del pueblo y que concluya en una nueva Constitución que democratice sustancialmente la sociedad peruana y el Estado. Es decir, abrir una salida sustancialmente democrática, sostenida en la soberanía popular, una salida constituyente que abra un nuevo momento en la historia del Perú superando las taras no sólo del neoliberalismo, sino del Estado y la República criolla fundada hace 200 años. Esto pasa por cambiar la correlación de fuerzas, disputar la hegemonía, construir una mayoría no sólo electoral, sino política, social y cultural. Es importante recordar que ésta es nuestra apuesta principal -que responde a nuestra caracterización de la crisis y de su alcance- para no perderla de vista en medio del ruido mediático y el apremio del corto plazo. Incluso desde la caída de la dictadura fujimorista, de manera permanente la ciudadanía ha demandado cambios, pero, lamentablemente, esta demanda de cambio ha sido permanentemente frustrada por los distintos gobiernos, incluidos los que prometieron esos cambios. Incluso el cambio de la Constitución fue planteado por diversos sectores apenas caída la dictadura.
Una salida constituyente […] pasa por cambiar la correlación de fuerzas, disputar la hegemonía, construir una mayoría no sólo electoral, sino política, social y cultural.
La expectativa de los sectores de izquierda y de un sector importante de la ciudadanía era que Pedro Castillo, al ser electo presidente, fuera clave en la salida constituyente. Se esperaba que permitiera un proceso de acumulación y un cambio de correlación de fuerzas impulsando medidas para encarar la crisis económica, social y sanitaria desde una perspectiva popular y desde la lucha frontal contra la corrupción, proponiendo una agenda de cambios estructurales que permitiera ampliar la imaginación política y evidenciar los límites del actual régimen, movilizando a la ciudadanía en torno a ellas y, finalmente profundizando la voluntad destituyente que permitiera a su vez gestar una voluntad constituyente.
Sin embargo, a un año de gobierno, podemos decir que nuevamente se ha frustrado la esperanza de cambio de un sector importante del pueblo peruano. Las reformas inicialmente planteadas han sido abandonadas drástica o paulatinamente. La Segunda Reforma Agraria, por ejemplo, se ha convertido en un discurso cada vez más vacío y el gobierno no ha podido siquiera resolver a tiempo la compra de fertilizantes en plena crisis alimentaria producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo más destacado al inicio del gobierno fue el avance importante de la vacunación, pero el ministro Cevallos fue cambiado como producto de negociaciones políticas que desinflaron el éxito alcanzado y sumieron al sector en escándalos. En cuanto a la reforma tributaria impulsada por el Ministro de economía Pedro Francke, no tuvo mayor apoyo del Ejecutivo y finalmente se terminó instalando a un ministro neoliberal que garantizara el piloto automático neoliberal. En el sector Educación se terminó coincidiendo con una propuesta reaccionaria promovida por los sectores más retrógrados de la derecha peruana, no sólo en lo referido al enfoque de género, sino en otros temas como los de la memoria.
Hoy, el gobierno solo atina a hacer algunos gestos e iniciativas que emergen como reacción a las coyunturas y en la disputa con el Poder Legislativo. Estas iniciativas no se han planteado con disposición de disputa y ruptura –ni de respuesta real a las demandas ciudadanas-, sino apenas como apuesta por la supervivencia. Podemos considerar que se han llevado a cabo algunos cambios importantes en el sector laboral, pero éstos han respondido sobre todo a la exigencia y movilización de los gremios involucrados y a la iniciativa de los ministros sucesivos, pero no parecen articularse a una estrategia general. La gestión de Castillo ha estado marcada por la falta de rumbo, la improvisación, la incapacidad y serios atisbos de corrupción de su entorno. Castillo se negó a conformar un estado mayor político que ayudara a conducir el proceso, se negó también a la conformación de un gabinete popular como espacio de trabajo permanente con los movimientos sociales, a pesar de que se había comprometido a ello. La iniciativa legislativa enviada al Congreso –y archivada en apenas 15 días- para convocar a un referéndum que viabilice una Asamblea Constituyente fue apenas un gesto frente a la movilización popular, no se buscó articular con las organizaciones sociales para darle el respaldo necesario ni se planteó una estrategia para ganar adhesiones en un Congreso que se sabía era mayoritariamente adverso. Se fue desvalorizando el tema también por parte del “partido de Gobierno” que hizo del proceso constituyente una bandera de agitación que pronto se diluyó en su sectarismo y en el pragmatismo. Iniciativas como la de los Consejos de Ministros descentralizados no han tenido mayores repercusiones y hoy las regiones exigen el cumplimiento de lo comprometido y concreción de las agendas de desarrollo planteadas que aún no se avizoran.
Castillo se negó a conformar un estado mayor político que ayudara a conducir el proceso, se negó también a la conformación de un gabinete popular como espacio de trabajo permanente con los movimientos sociales.
La conclusión es que a estas alturas lo que tenemos, más que un gobierno de izquierda, es un gobierno continuista que ha renunciado al cambio, dispuesto a alianzas pragmáticas cuyo mayor objetivo es durar, es decir, más de lo mismo. Es cierto que la sola asunción del gobierno de Castillo ha sido un golpe simbólico frente a los poderes fácticos que han tenido capturado el Estado, así como una impugnación al racismo colonial que arrastran las élites. Castillo sigue teniendo el respaldo de parte de los sectores rurales y de los más empobrecidos que sienten en los agravios al presidente los mismos agravios que han sufrido durante siglos. Igualmente, cuenta con el respaldo de algunos sectores vinculados al movimiento social y a la izquierda que siguen esperando un hipotético –pero cada vez más improbable- “relanzamiento” del gobierno en una perspectiva de cambio. Lo cierto es que esta identificación de parte de algunos sectores populares no se asocia necesariamente al impulso de un programa y políticas públicas populares.
Por supuesto que no podemos obviar el asedio de la ultraderecha, corrupta y reaccionaria que, con un discurso profundamente agraviante, racista y de clase, ha buscado deslegitimar al gobierno incluso desde el momento de la elección; y que, junto al poder mediático y desde el Congreso, ha buscado capturar el gobierno vía golpe parlamentario y copar otras instituciones del Estado, propugnando una salida autoritaria a la crisis. Tampoco podemos obviar que la judicialización de la política es una amenaza permanente sobre los gobiernos y los sectores progresistas. Castillo fue una amenaza al orden y, como hemos sabido, los sectores más reaccionarios de la sociedad, o los conservadores, no perdonan esos atrevimientos. Y cuando hablamos de “orden” no solo nos referimos al modelo neoliberal, sino también a la impronta colonial del Perú. Paradójicamente, este asedio de los poderes fácticos y sus groseras campañas –cargadas de racismo y clasismo- para capturar o tumbarse al gobierno, termina constituyéndose en el principal soporte del débil gobierno de Pedro Castillo.
Paradójicamente, este asedio de los poderes fácticos y sus groseras campañas –cargadas de racismo y clasismo- para capturar o tumbarse al gobierno, termina constituyéndose en el principal soporte del débil gobierno de Pedro Castillo.
Sin embargo, es el propio gobierno el que se puso en esta situación, a la defensiva e incapaz de acumular en algún sentido. Con personajes muy cuestionables que no respondían a ningún proyecto y un entorno ávido de usufructuar de su relación con el gobierno, lo que ha hecho es dejar de lado la conformación de una dirección colectiva y un bloque político social. Más bien, ha ido desmovilizando a los sectores que demandaron cambios y ha basado su mermada legitimidad en ese sector que se siente identificado con la figura del presidente. Castillo termina siendo funcional a quienes no quieren que nada cambie, incluso en el más corto plazo, así como éste se sostiene a pesar del asedio ultraderechista justamente por la acción de estos sectores reaccionarios y mafiosos atrincherados en un Parlamento muy desprestigiado.
Esta situación difícilmente permite avanzar hacia una salida democrática y constituyente, debilita y conspira contra su posibilidad como salida a la crisis. De esta manera, hemos llegado a un empate catastrófico, una suerte de equilibrio en el que la salida autoritaria sigue latente, la salida centrista gana terreno con el “que se vayan todos” pero resistiéndose siempre a una salida de fondo y buscando salvar lo insalvable. Castillo, a no dudarlo, se ha convertido en parte de lo que está en descomposición en la crisis, es un gobierno continuista y está muy lejos de representar la posibilidad del cambio.
En este escenario, la situación de las izquierdas dista de contribuir a la salida constituyente. Este sector no sólo fue incapaz de articular una dirección amplia que garantice el cambio sobre la base de una gran coalición política y social, sino que se ha movido en intereses de corto plazo: lugares en el Estado, cargos, juegos personales de poder; o una lectura que plantea que si cae Castillo viene la ultraderecha y entonces la tarea es fundamentalmente la defensa de la “gobernabilidad” y del gobierno en última instancia, exigiendo el cierre del Congreso, una medida difícilmente aplicable. En todas sus variables esta situación ha debilitado a las izquierdas y al movimiento social, sin juego propio que permita seguir identificándolos con el cambio en contraposición con un Ejecutivo, un Legislativo y poderes fácticos continuistas. Hace un año existen sectores que insisten en que el gobierno se relanzará, que impulsará políticas que no impulsa. Nuevamente las izquierdas no se toman en serio la crisis y tampoco el proceso constituyente, aunque digan que ahí está la salida. Esto ha llevado a una situación defensista, por una parte, y, por otra, a una gran dispersión de las pocas fuerzas que existen.
Ello ha derivado en general en una indefinición táctica que impide un curso mínimamente unitario de acción y con ello se cierne la real posibilidad de una vuelta a la marginalidad de las izquierdas, de la recomposición de una salida centrista, ya fracasada con Vizcarra y Sagasti, por no decir con todos los gobiernos democráticos que se pretendían reformistas después de la caída de la dictadura, que plantean caminos institucionales pero que juega siempre a impedir los cambios de fondo que el país necesita. ¿Qué hacer en este escenario? ¿Sumarse al “que se vayan todos” sin que realmente se vayan quienes hacen parte del statu quo neoliberal? El Perú sí necesita de un cambio real, de reglas y actores, y esos cambios son los que deben ayudar a impulsar las izquierdas.
La tarea principal de las izquierdas no es defender a un gobierno que, aunque simbólicamente represente a un importante sector postergado del país, no significará un cambio en las condiciones de vida de estos sectores. Su tarea es frenar una salida autoritaria en la que la ultraderecha se haga del poder, impedir una recomposición conservadora o una continuidad neoliberal con algunos tintes progresistas, y abrir posibilidades de cambios de fondo disputando la representación de lo popular de la cual se halla alejada en términos generales. Para ello necesitan tener una política independiente del gobierno que configure una oposición democrática de izquierdas. Lamentablemente algunos de los referentes de los sectores organizados siguen esperando el milagrito del relanzamiento o una oportunidad en el gobierno. Otros, con justa razón, buscan apuntalar algunos avances en términos de derechos laborales que son importantes, pero que son también bastante frágiles ante la ausencia de una estrategia integral y de avances más amplios y movilizadores de una gran mayoría de peruanos y peruanas que hoy sufren ya no sólo los impactos de la crisis social y sanitaria, sino también de la guerra entre Rusia y Ucrania, que muestran descarnadamente la indefensión, la precariedad y el abandono que han significado décadas de neoliberalismo que ha ido socavando las condiciones materiales de la mayoría y las condiciones institucionales de una democracia restringida y limitada.
Esa política independiente y popular no puede ser complaciente con un gobierno continuista, y debe ser la principal objetora del continuismo autoritario y mafioso que encarna el Congreso. Debe asumir una lógica destituyente que evidencie los límites del actual régimen retomando la propuesta que debía encarnar el actual gobierno desde la ciudadanía y la movilización social, ayudando en el tránsito de un momento principalmente destituyente a uno principalmente constituyente. La pandemia demostró que un programa de izquierdas, transformador y democratizador es posible y necesario, pero también cuál ha sido el impacto de décadas de neoliberalismo en el tejido social que ha fragmentado, sumergido en la informalidad y cómo ha segmentado a la sociedad dificultando con ello la construcción de una comunidad política de iguales. Somos presa, además, de dinámicas ya no solo corruptas sino mafiosas y criminales del capital en los territorios y en importantes sectores del Estado.
El impulso del proceso constituyente es más que sólo la búsqueda de una nueva Constitución, es la posibilidad de sentar las bases de la refundación de nuestro país y eso implica un gran proceso de discusión y movilización que las izquierdas y los movimientos sociales deben impulsar. Un pacto también implica acuerdos y consensos, pero, debemos decir, también rupturas y lucha por la hegemonía. Esa es nuestra tarea fundamental: encarar la crisis en sus múltiples dimensiones: política, de gobierno, de régimen y de Estado, abriendo espacios de organización y movilización constituyente donde se impulse el programa de emergencia, las reformas pendientes y la salida constituyente con el pueblo soberano. No hay otro camino.
Álvaro Campana Ocampo
23 de agosto 2022
Espacio de formación y acción política