Crisis de gobierno en el Perú de hoy

Anahí Durand Guevara

El gobierno prioriza su propia sobrevivencia con medidas que buscan evitar la destitución resignando el programa por el que fue votado. Por el contrario, sería necesario que retome el curso original de transformaciones estructurales.

El régimen neoliberal, impuesto en Perú con el autogolpe fujimorista de 1992, arrastra una larga crisis que hoy sigue abierta. La elección de Pedro Castillo como presidente de la República por un electorado golpeado por la pandemia, la crisis económica y hastiado de la clase política fue una respuesta a esa crisis, pero no su solución. Castillo asumió el gobierno cubriendo una fuerte demanda de identificación y representación política de las mayorías excluidas, enarbolando además una agenda de cambios urgentes en salud, educación, nacionalización de los recursos estratégicos, impulso al agro, diversificación productiva. Desde el primer día, la derecha peruana en todas sus variantes declaró la guerra al gobierno, inventando un fraude y luego conspirando para una «vacancia por incapacidad moral» amparados en una forzada interpretación constitucional. Hoy, a siete meses de instalado el gobierno, analizamos la situación política peruana abordando, en primer lugar, las características de una gestión precaria asediada por el golpismo y, en segundo, las posibles salidas a la crisis de régimen que incluyan cambios democratizadores en el marco de un proceso constituyente.

Un gobierno asediado: golpismo y precariedad

En el devastado Perú pospandemia, que un maestro rural, campesino y sindicalista, de la mano de un partido de ideario marxista leninista como Perú Libre, llegara al Palacio de Gobierno desató una feroz campaña nacional e internacional por parte de las élites y grupos de poder. Pese a la histeria, que proclamaba el inminente arribo del comunismo, Castillo logró imponerse en la segunda vuelta por aproximadamente 45 000 votos. Ante tal resultado, la derecha optó por el camino trumpista de inventar una narrativa de fraude que impidió un proceso de transferencia ordenado y desprestigió las instituciones democráticas. Además, el accionar de grupos de choque reaccionarios, hostigando políticos y autoridades, demostró una violencia poco vista que lamentablemente ha llegado para quedarse.

Desde el primer día de mandato, el gobierno de Castillo enfrentó el asedio permanente. La derecha nacional, reacia a perder el poder, encontró en una relativa mayoría parlamentaria el espacio para conspirar por la destitución del presidente y desestabilizar al gobierno, con apoyo de los medios de comunicación y sectores empresariales. Para ello, han abusado de la figura de interpelación y censura a los ministros[1] y han optado por forzar el mecanismo de «vacancia por incapacidad moral», tal como ocurrió en diciembre cuando el grupo derechista Avanza País presentó la primera moción de vacancia sin conseguir los votos necesarios. Este fracaso, sin embargo, no detuvo el asedio derechista al gobierno. Por el contrario, siguieron conspirando con apoyo internacional, evidenciado en la reunión de la presidenta del Congreso María del Carmen Alva con parlamentarios de VOX en España y más recientemente, en los talleres y almuerzos financiados por la fundación Neuman[2]. En medio de esto, el centro político se diferencia apenas de la ultraderecha en que piden la renuncia del presidente y no su destitución. Vale remarcar que todos estos esfuerzos no encuentran un correlato activo en la ciudadanía que rechaza tanto o más al Congreso que al Ejecutivo y no quiere ver a la señora Alva como Presidenta de la Nación. Por ahora, ante la imposibilidad de acelerar un escenario de vacancia presidencial, la derecha pareciera bajar la intensidad a la búsqueda de la destitución vía el Parlamento, aunque trabaja en otros frentes como el mediático con los grandes medios alineados a su favor, o el judicial con sendas acusaciones fiscales contra Castillo y su entorno cercano.

Pero el gobierno debe también lidiar con sus propia precariedad y errores. De un lado destaca la debilidad de lacoalición de izquierdas con la que Castillo llegó al gobierno y que no ha podido fortalecer. La confluencia compuesta, en un primer momento, por Perú Libre, Juntos por el Perú, Nuevo Perú, Frente Amplio y otros grupos de izquierda que integraron el primer gabinete se fue debilitando, más aún ante el sectarismo y pragmatismo de Perú Libre que, lejos de liderar la confluencia, prefirió deshacerse de los aliados y abrazar una débil tregua con las derechas. De otro lado, el presidente ha tenido ostentosas dificultades para consolidar un círculo de confianza político, delegando las funciones de asesoría a paisanos y allegados que, como en el caso de su Secretario General, terminaron involucrándolo en situaciones de poca transparencia, que la fiscalía está investigando con inusitada rapidez y que, en un país particularmente golpeado por la corrupción, urge esclarecer. Destaca también la ausencia de una estrategia política de relacionamiento con las organizaciones sociales, pues si bien Perú no tiene una gran densidad organizativa, sí existen gremios sindicales, rondas campesinas, organizaciones de mujeres, que podrían articularse para impulsar los cambios y ampliar respaldos. Todo esto impide variar una correlación de fuerzas adversa, imponiéndose una progresiva lógica de sobrevivencia, orientada a conseguir la aprobación que se necesita en el Congreso mientras se postergan las transformaciones prometidas.

Más allá de la sobrevivencia; agenda de cambios y salida constituyente

Hoy, los sectores populares mayoritarios que llevaron al maestro de escuela a la presidencia siguen demandando cambios: todavía esperan un sistema de Salud pública de calidad, descentralización efectiva, mayor equidad de género o que las ganancias mineras retribuyan más a la nación. Incluso aún esperan cambios a la Constitución. Pero el gobierno y los actores políticos antes que atender estas demandas se mantienen entrampados en el cortoplacismo. Quizá quien pueda sobreponerse a este juego corto y empinarse para mirar el bosque más allá de cada árbol, tenga mejores condiciones para variar la correlación de fuerzas y abrir un nuevo momento histórico.

La derecha muestra una determinación cortoplacista inamovible de destituir a Castillo y enterrar toda posibilidad de triunfo para las izquierdas en las próximas décadas. Es la primera vez que pierden la administración del Ejecutivo en manos de un grupo plebeyo con el cual prácticamente no tienen conexiones, así que optaron primero por el negacionismo y luego por el golpismo con buenas dosis de clasismo y racismo. La ruta de la «humalización» para que Castillo gobierne con agenda y técnicos neoliberales no parece ser una opción y todo indica que persistirán en su empeño de destitución presidencial, alentando la vía judicial y esperando que el nuevo presidente del Congreso, a elegir en julio, sea alguien menos controversial que Maria del Carmen Alva. Entran a escena también las elecciones locales y regionales de octubre, pues de obtener buenos resultados, la derecha mejoraría su correlación de fuerzas para debilitar al gobierno y sacar del camino al Presidente.

De otro lado, el gobierno se muestra asediado y cada vez más resignado al cálculo cortoplacista; el nombramiento de un funcionario neoliberal en el Ministerio de Economía o de un ministro de Cultura de altisonantes tuits racistas que asegura cinco votos en el Congreso son ejemplo de ello ¿Es posible que Castillo abandone esa vía y retorne al Plan Bicentenario asumiendo con renovado ímpetu el programa de cambios que lo llevó a Palacio? Debería hacerlo para no perder la oportunidad histórica que le dio el pueblo peruano; podría respaldarse en el pueblo organizado e impulsar esa agenda programática transformadora con un equipo de gobierno coherente, que demuestre con su trayectoria que puede ejecutarlo porque comparte esa visión e ideario. Pero no existe certeza de ello y es difícil para los grupos de izquierda construir un posicionamiento sensato. Salvo Perú Libre, partido de gobierno que ha retomado la conducción con amplias dosis de pragmatismo y sectarismo, las demás agrupaciones se debaten entre gritar traición sumándose al campo opositor o mantener el respaldo apuntalando las críticas. Si las izquierdas quieren cobrar protagonismo deben afirmar un proyecto estratégico conjunto, sin complacencias con las claudicaciones del gobierno, pero desplegando iniciativas de movilización que apuntalen los cambios, conscientes de que en un escenario de destitución presidencial sólo gana la derecha. Urge trabajar con menos inmediatismo, construyendo el nuevo instrumento político -con la debida institucionalidad- que un sector importante de la izquierda necesita y no tiene (el Nuevo Perú no pudo inscribirse) indispensable para articular la diversidad de luchas (feministas, indígenas, ambientales, etc.), acumular territorialmente y sumar al proceso constituyente.

Hace falta impulsar una salida de fondo que dirima la crisis de régimen de manera democrática. La crisis sigue abierta, y se ha ido abordando con medidas parciales que peligrosamente incluyen cambios sustantivos al orden constitucional. La Comisión de Constitución del Congreso en manos de los fujimoristas ha realizado reformas importantes de espaldas a la población, por ejemplo, anular la facultad presidencial de la cuestión de confianza, cerrar la posibilidad de referéndum y otros que consolidan un régimen parlamentarista. El proceso de cambio constitucional, hoy secuestrado por el Congreso y los sectores conservadores para conservar sus privilegios, puede ser una salida de fondo a la crisis si es que se asume de forma democratizadora y participativa, con el protagonismo de las diversas organizaciones del campo popular. Si bien es poco probable que en Perú tengamos un estallido social que presione para una Asamblea Constituyente, sí se puede trabajar por convencer y organizar para que este cambio se realice impulsando un gran debate nacional sobre temas claves para la vida de la gente, como la precarización laboral, el tipo de Estado que queremos, el rol de la inversión privada, la nacionalización de los recursos, la equidad de género o la diversidad cultural. La disputa por cambiar la correlación de fuerzas, construyendo una nueva hegemonía para un nuevo pacto social, todavía está abierta, y no podemos darla por pérdida.


Publicado en Jacobin: https://jacobinlat.com/2022/02/28/crisis-de-gobierno/