Aída García Naranjo Morales*
La Impopularidad del régimen
En el 2024 la crisis continua de mal en peor. El martes 28 de mayo el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena presentó nueva denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el ‘caso Rolex’. Boluarte es señalada como presunta autora de la comisión de delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de cohecho pasivo impropio. La Fiscalía manifiesta en su denuncia constitucional que la presidenta Dina Boluarte habría actuado «dolosamente» al recibir como «donaciones» los Rolex y joyas de Wilfredo Oscorima, actual gobernador de Ayacucho, a cambio de Decretos y leyes otorgando una ampliación presupuestal para su región. El cohecho pasivo impropio trata de un delito previsto en el artículo 394 del Código Penal que podría interpretarse coloquialmente con el término soborno / coima. Si bien es cierto la Fiscalía acusó a Dina Boluarte por el denominado caso “Rolexgate”, estimamos que el proceso no avanzaría en el Congreso.
Esta es una segunda denuncia constitucional presentada contra la mandataria. La primera fue por las muertes en las protestas sociales. El equipo Especial de Fiscales para casos con victimas durante las protestas sociales (EFICAVIP) del 2022 y 2023 ha puesto en marcha 62 investigaciones en las que están inmersas 324 personas por las muertes y lesiones ocasionadas a 766 víctimas. Según el informe publicado por este quipo, estos hechos generaron 50 fallecidos y 716 lesionados, lo que subraya la gravedad de la violencia durante el denominado “estallido Social”. El observatorio de criminalidad, encargado de sistematizar y monitorear estas investigaciones, identificó que el 90,3% de los casos se clasificaron como complejos, particularmente en regiones como Apurímac, Arequipa, Cusco, Lima centro, Puno, Selva Central y Ucayali. Pero estos delitos, tanto de la primera como de la segunda acusación, no están en el artículo 117 de la carta magna, lo cual no permitiría acusarla en funciones. Por ello la estrategia de Boluarte es durar.
Boluarte sufrió también un revés judicial en Caso Rolex, luego que su defensa legal, cuestionara una presunta vulneración del derecho a la defensa y de igualdad ante las partes. Según su abogado la Fiscalía de la Nación no le habría permitido intervenir en diligencias de extracción de información de fuente abierta. El recurso fue declarado infundado.
Por otra parte la Junta de Fiscales Supremos acordó que Juan Carlos Villena continúe en el cargo de fiscal de la Nación, el mismo cuyo ejercicio se extenderá hasta que se agote la vía administrativa en el proceso contra la exfiscal Patricia Benavides y posteriormente se deberá convocar a elecciones.
Se agrava la crisis de los poderes establecidos
El inicio del mandato de Castillo se da en el contexto de una “crisis destituyente” que diferentes sectores han tipificado como de: democracia de baja intensidad (López) de recesión democrática (Transparencia) y/o vaciamiento democrático (Vergara y Barnechea). Desde el 2021 existe en el Perú un sentimiento de sistema roto (Ipsos Global Advisor – Encuesta de 25 países Agosto 2021) la misma que señala que el 60% de la ciudadanía considera que la sociedad está fracturada.
Como antecedente tenemos que Pedro Castillo Terrones asumió su mandato presidencial (2021-2022) luego de un quinquenio (2016-2021) de inestabilidad política destituyente. La situación del Perú es de aguda crisis política y de una institucionalidad democrática deteriorada, impredecible, degradada y que se “desmorona” (Cairo), la misma que se expresa en el último sexenio en el Poder Ejecutivo con 6 presidentes en solo dos periodos constitucionales, amén de los procesados, investigados, condenados, presos y uno suicidado. Ejercieron la función de presidente 6 ciudadanos: Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Martin Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Ello, sin considerar la juramentación fallida de Mercedes Araoz. De los 6 presidentes que ejercieron el cargo solo dos fueron electos y los otros cuatro fueron nombrados por el Congreso de la Republica.
El saldo de esa crisis del ejecutivo (2016-21) incluye nueve (9) gabinetes ministeriales, un aproximado de 200 ministros (desde PPK a Sagasti) y durante la presidencia de Castillo, en menos de 500 días (497 días), cinco gabinetes, 78 ministros de Estado y la actual gestión Boluarte, ya con tres (3) gabinetes en un año y medio, el primer gabinete duró solo 11 días. Amén de cambios intrascendentes de ministros. Diez (10) ministros han liderado el sector del interior durante el actual periodo de gobierno de Castillo (7) y de Boluarte (3), pese a la crisis de seguridad, considerada como prioritaria en la agenda pública. En consideración a ello el 92% considera que los ministros del interior fueron escogidos por intereses personales y no por merito o capacidad, según IPSOS 78% de peruanos desaprueba la gestión de Boluarte en materia de seguridad ciudadana.
Hoy en el Perú, solo el 3% de los mas pobres apoya a Dina Boluarte. El 90% de los peruanos desaprueba la conducción del gobierno, solo un 5% la aprueba y entre los más pobres (segmentos D y E) solo el 3%. Boluarte se encuentra en su pico mas alto de rechazo ciudadano en la precepción sobre su gestión que está considerada “peor que nunca y en que la crisis arecía”, según la última encuesta nacional urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP www.larepublica.pe). Un 72 % de los peruanos considera que la situación económica del país es peor que hace 12 meses y el 55% piensa que la conducción se agravará en el año 2025.
En relación al legislativo, en los tres años precedentes (2019-2021) tuvimos tres Congresos de la República, el del 2016-2019 con 75% de rechazo de la ciudadanía, evidenciando también una crisis parlamentaria en el Legislativo. Un congreso cerrado el 30 de setiembre de 2019, cuyo cierre obtenido fue logrado con la movilización y con el grito de la calle demandando “que se vayan todos”. Actualmente (2024) las cifras se siguen expresando en declive y la consigna más vigente que nunca. En tanto la desaprobación del desempeño del congreso se ubica en un 91% y solamente un 6% lo aprueba. Y analizando regionalmente la encuesta, se llega a un piso de 2% y 3%, cifras sin precedentes.
Hay 67 congresistas que son parte del actual Poder Legislativo que acumulan 729 denuncias fiscales Los datos fueron obtenidos mediante solicitud de acceso a la información por transparencia ante el Ministerio Publico, que proporciono los reportes. Existen 50 casos de delitos contra la administración Pública, la fe pública y contra el patrimonio. Hay 17 procesos de lavado de activos, entre otros. Fuerza Popular y Podemos son las bancadas con más denuncias por corrupción. Los congresistas de estas dos bancadas encabezan la lista de parlamentarios con más investigaciones en el Ministerio Público. Unos 14 legisladores de estos grupos parlamentarios suman 131 indagaciones. (www.larepublica.pe)
Tanto el Ejecutivo como el Legislativo se sostienen en un insostenible digito: 5% Boluarte y 6%/3% el legislativo (IEP, mayo 2024). Ambos poderes del estado se deterioran en caída libre
El conjunto de Sistema de Justicia muestra su propia crisis, evidenciada anteriormente en el cierre del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM Audios) y el procesamiento de la totalidad de sus integrantes, la destitución del anterior Fiscal de la Nación (Chávarry), el cuestionamiento a sus predecesores (Blanca Nélida Colan, Gladys Echaiz y José Peláez Bardales – este último recientemente fallecido), la orden de extradición del juez Hinostroza Pariachi, en Europa. Y la actual destitución, el 22 de mayo de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, destituida por unanimidad (5 votos), y la reincorporación de Zoraida Avalos. Conocemos, a partir de la información pública que la artífice de la persecución parlamentaria contra Zoraida Avalos fue Patricia Benavides. Se le investiga en un proceso por tráfico de influencias con 40 congresistas. El pacto de impunidad sigue aun su curso y una carta abierta firmada por fujimoristas y apristas son una amenaza patente sobre un miembro de la JNJ (Junta Nacional de Justicia) conminándolo a cumplir con salvar a Benavides.
Los poderes ejecutivo y legislativo son aliados y se sostienen mutuamente. Boluarte gobierna con y para los derrotados electoralmente en las urnas el 2021 (traicionando los resultados electorales) y buscan en un pacto de impunidad imponer sus intereses sobre la voluntad popular. El referido pacto busca mantenerse y durar hasta el año 2026 y perpetuarse en el poder hasta el 2046, vía las reelecciones sucesivas aprobadas (diputados 5 años y 5 más, y pasar a senadores 5 años y 5 más); por lo que necesitan el control del Poder Judicial y los organismos electorales y es así que nos ubicamos ante una contrareforma electoral surgida de una maquinaria autoritaria y ventajista que legisla de espaldas al pueblo hacia un fraude electoral. Esta degradación tiene su origen en el viejo estado de derecho, que se niega a una Asamblea Constituyente y sin embargo solo con la aprobación de la reelección de los congresistas y la bicameralidad, contraviniendo el Referéndum 2018 que los rechazó mayoritariamente (85.1%), han cambiado 54 artículos de la Constitución fujimorista (la misma que ya tenía 40 artículos previamente modificados).
La Contrareforma Electoral en curso
El Congreso desde el 2023 ya estaba tratando de capturar el mando de la justicia y del sistema electoral.
En setiembre pasado, el Pleno encargó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos realizar una “investigación sumaria” contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, por la “causa grave” (Cairo), dicha Comisión “investigó” y luego propuso al Pleno que remueva a todos los miembros del órgano constitucionalmente encargado de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales; y de nombrar a los jefes de la ONPE y del Reniec. En diciembre del año 2023 los congresistas volvieron a la carga. Propusieron la remoción inmediata de los miembros de la JNJ. La votación de esta propuesta fue programada para la sesión del Pleno del 15 de diciembre, pero finalmente no se realizó.
El 7 de marzo del presente año 2024, en un procedimiento de juicio político, el Pleno del Congreso, de forma fraudulenta, aprobó la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, hasta por 10 años, de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia: Inés Tello y Aldo Vásquez. El fraude consistió en que, para construir esa aprobación, se incluyeron los votos de dos congresistas que, por pertenecer a la Comisión Permanente, estaban impedidos de votar. Hoy, la JNJ se encuentra conformada tan solo por cinco miembros.
El presidente del JNE recientemente (mayo 2024) ha debido de rechazar las afirmaciones de Keiko Fujimori, en torno a un supuesto arreglo en las elecciones presidenciales 2021, en las que Pedro Castillo resultó ganador y exhorta a que los dirigentes políticos reafirmen su compromiso con la democracia representativa. Esta situación de acoso político contra el JNE se ha sostenido desde el fujimorismo y el congreso durante 3 años (2021-2024) sumado a ello la denominada “operación control de elecciones” (fraude electoral – Hildebrandt en sus trece N°685) que se expresa en el despido de Piero Corvetto de la ONPE; logrando consumar así una fase decisiva del plan para capturar el sistema electoral y manejar los resultados electorales 2026. La salida de Corvetto de la jefatura de la ONPE es una consecuencia directa de las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) que en los hechos funcionaría como una extensión del congreso que lo nombró. El hostigamiento a Corvetto es sin precedentes. El Congreso prepara Reforma Constitucional para nombrar directamente a los titulares de la ONPE y la JNE, afirmando su carácter de dictadura parlamentaria, buscando culminar una Reforma Electoral hecha a su medida y con ventaja frente a los demás partidos.
Nuevas barreras de acceso y cierre del sistema de partidos nacional y regional
Cambios en la inscripción de organizaciones políticas
- Los partidos políticos: además de los requisitos vigentes desde 2019 (65 comités, con locales en no menos de 20 regiones y 25 mil 288 afiliados) deben presentar también la relación de adherentes en número no menor del tres por ciento (3%) de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, con la firma y el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada uno de éstos. La cifra que representa ese 3% es 758,670 ciudadanos/as. Lo que hace inalcanzable la inscripción de nuevas organizaciones, salvo “plata como cancha” y “franquicias electorales”, como “maquinarias mercantilistas” para beneficio de privados que irán a morder el estado (reforma aprobada)
- Los movimientos regionales: además de los requisitos vigentes desde el 2019, deben presentar la relación de adherentes en número no menor al cinco por ciento (5%) de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, dentro de la circunscripción en la que el movimiento regional desarrolle sus actividades y pretenda presentar solicitudes de inscripción de fórmulas o listas de candidatos (reforma aprobada)
Cambios con más requisitos para mantener la inscripción
- La fiscalización de los comités provinciales se realizará por única vez a las organizaciones políticas con una anticipación no menor a quince (15) días hábiles a la fecha de inicio de la diligencia de fiscalización. El funcionamiento permanente se acredita con el cumplimiento de al menos dos (2) de estos elementos señalados. Dos de estos requisitos son la existencia del local partidario y de un horario de atención. (aprobado por el Congreso pendiente de promulgación).
Esta modificación nos devuelve a los partidos cascaron, porque las organizaciones solo serán supervisadas una vez y pasaran esta supervisión solo demostrando que tienen un local partidario. Ya no será necesario acreditar existencia de vida partidaria ni que esta sea sostenida en el tiempo.
Cambios que incrementan la valla electoral, elevándose los requisitos de permanencia
- Los partidos políticos tendrán nuevas exigencias. La nueva valla será de 5% de los votos válidos para el congreso y además por lo menos 5 congresistas. La valla vigente es de 5% o 7 congresistas. Si esta norma hubiera estado vigente en el 2021 el Partido Morado no hubiera colocado ningún congresista y hubiera perdido la inscripción. (aprobado por el Congreso pendiente de promulgación).
- Los movimientos regionales: La nueva valla será la elección de por lo menos dos consejeros regionales y 10% del total de votos válidos. Lo que se busca en la práctica es continuar con la eliminación de los movimientos regionales, (iniciada con la reforma 2019) porque también se les ha elevado la valla de participación: de 2/3 de provincias a 4/5. (aprobado por el Congreso pendiente de promulgación)
Cambios sobre la paridad y la alternancia
- Eliminación de la alternancia en la plancha presidencial: antes era una mujer un hombre una mujer o un hombre una mujer un hombre, con la propuesta será por lo menos un hombre o una mujer en la lista. (aprobado por el Congreso pendiente de promulgación).
- Eliminación de la paridad horizontal en las elecciones regionales (aprobado por el Congreso pendiente de promulgación).
Con respecto al tema el JNE se ha pronunciado señalando que un conjunto normativo ampara las disposiciones de paridad y alternancia introducidas en la legislación electoral mediante la Ley N 31030 publicada en julio del 2020 y aplicada en procesos electorales posteriores a dicha techa, conforme se puede corroborar en tos reglamentas aprobados en su momento por este Supremo Tribunal Electoral. Es así que se configuro el nuevo estándar de igualdad en la conformación de fórmulas y listas en las candidaturas para todos los procesos electorales nacionales y subnacionales. Eliminar o reducir los alcances de la paridad y/o alternancia ya establecida en las normas electorales constituirá un notable retroceso en el derecho de participación de las mujeres en la vida política del Perú, que el JNE no propuso ni avala.
El pleno del JNE hizo un llamado al Poder Ejecutivo y al Parlamento Nacional, exhorta al respeto a la irreversibilidad del derecho humano a la participación política en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres y por tanto, de acceso igualitario a los cargos de elección ciudadana en nuestro país.
En la Comisión de Constitución, el parlamentario Alejandro Muñante de Renovación (im)Popular planteó eliminar la paridad y alternancia. Según justificó, porque la cuota de género obligatoria resta oportunidad a aquellas personas que realmente quieren participar en la política.
Si bien es cierto la referida ley tiene muy poco tiempo de aprobada, por lo que es imposible aun hablar de resultados. De hecho, la primera vez que se aplicó fue en las Elecciones Generales 2021, donde se eligieron a 49 congresistas mujeres. Pese a queello solo representa el 38 % del total, este es el mayor porcentaje histórico en comparación con comicios anteriores. Debemos señalar que para nosotras/ os no basta con ser mujer, muchas de ellas actualmente en la esfera pública no nos representan.
Si hablamos de gobiernos regionales, en el 2022 solo el 28,5% de los candidatos fueron mujeres. El número de postulantes representó un alza en la proporción de mujeres elegidas. De acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de los 25 departamentos, solo en dos gobernaciones se eligió a una mujer para los periodos 2023-2026. Actualmente tenemos 23 Vice gobernadoras, las que se concentrarían en Lima para reunirse con el Ejecutivo y el Legislativo, con el objetivo específico de revertir el retroceso en las normas de paridad y alternancia En el caso de las 196 provincias, únicamente seis mujeres han ganado alcaldías, mientras que, en los 1.694 distritos, menos de 100 son liderados por alcaldesas.
Si bien, la aplicación de la Ley Nº 31030 para las últimas elecciones implicó un incremento notable de candidaturas femeninas en comparación a otros procesos, en los resultados la brecha de género continúo alta, por lo que aún hay mucho por hacer para que las mujeres ganen terreno y representación pública.
Cambios en las reglas de impedimento para postular
- Los congresistas podrán postular a las elecciones regionales o municipales, siempre que están se realicen el mismo año del término de su mandato. La propuesta infringe la Constitución que establece que los congresistas deben renunciar seis meses de las elecciones regionales o municipales para participar en ellas (aprobado por el Congreso pendiente de promulgación).
- Los ciudadanos podrán postular simultáneamente a las elecciones regionales y nacionales, si estas convergen el mismo año. (aprobado por el Congreso pendiente de promulgación).
Las dos propuestas están hechas para que los congresistas puedan postular al Congreso y si pierden a las elecciones regionales. 7 congresistas han optado por formar nuevos partidos a ellos se suma que un informe periodístico da cuenta, que con recursos del congreso trabajadores del vocero de AP estarían recolectando firmas de adherentes para inscribir un movimiento regional en Ancash
Cambios en el cronograma electoral
- Se ha extendido el cronograma electoral. La norma aprobada plantea que la convocatoria se realice 360 días antes de la elección (casi 90 días de ampliación del cronograma vigente). La ampliación es un pedido de los órganos electorales para realizar las elecciones primarias. (aprobado por el Congreso pendiente de promulgación).
- Para las elecciones del 2026 se ha exceptuado el plazo de un año de militancia previa, porque con la ampliación a 360 días del cronograma electoral, el plazo de un año antes de la convocatoria habría vencido el 11 de abril de 2024, lo que dejaría sin margen de actuación a todas las organizaciones. El plazo que se ha fijado en la propuesta es: 12 de julio de 2024.
Se fija hitos en cronograma electoral de elecciones del 2026:
Convocatoria a Elecciones Generales, EG2026: máximo el 12 de abril de 2025. (365 días antes de fecha del acto electoral). Se modificó
Plazo de afiliación para participar en primarias EG2026: 12 de julio del 2024.
Plazo de afiliación para participar en primarias Elecciones Regionales y Municipales, ERM2026: 07 de octubre de 2024.
Actualmente 51 congresistas no están inscritos en ningún partido político, si desearan intentar su reelección deberán inscribirse antes de que venza la fecha u optar por el cupo de invitados.
Cambios en las reglas de financiamiento
- La propuesta aprobada incluye esta excepción: “En el caso del aporte de bienes inmuebles destinados para comités partidarios y su funcionamiento permanente, no es de aplicación lo previsto en el literal c) del presente artículo, debiendo acreditar el mismo mediante un recibo de aporte en especie y una declaración jurada de la valorización y uso, conteniendo los datos de garantice la identificación del inmueble cedido” (aprobado por el Congreso pendiente de promulgación).
El inciso c del artículo que establece el financiamiento prohibido establece que no está permitido el aporte de: Personas jurídicas con fines de lucro, nacionales o extranjeras. En un ejemplo, con el cambio normativo, el BCP no podrá dar aportes en efectivo a Fuerza Popular, pero le podrá pagar el alquiler de todos sus comités partidarios.
Eliminación de multas por infracción de normas de propaganda electoral
Se eliminan todas las multas por infracción de normas de propaganda electoral hayan emitido órganos del Poder Ejecutivo o de los gobiernos regionales o locales. (aprobado por el Congreso pendiente de promulgación). La justificación: el único órgano competente para emitir estas multas es el JNE.
Se restablece la Bicameralidad y la Reelección Parlamentaria
El senado estará compuesto por 60 personas. La reforma solo ha definido este número y dos reglas adicionales:
1) Por lo menos 1 senador por circunscripción y
2) Los restantes por distrito único que falta definir:
a) Que se entiende por circunscripción, puede ser un departamento, una región, una circunscripción o circunscripciones, que agrupen varios departamentos.
b) Cuantos senadores se van a elegir por distrito único si se establecen 27 circunscripciones y se otorga 1 cupo por cada de una de ellas. 33 irán por distrito único, pero si se otorgan 2 por cada una para distrito único quedarían solo 6.
c) El mecanismo de distribución de estas: proporcional o mayoría. sí es proporcional el senado se distribuirá entre los primeros 4 o 5 partidos más votados. con un senado con poder de veto. Esto anula la cámara de diputados si es mayoría puede haber atomización del senado
d) Reglas de paridad y alternancias
e) Cuotas para minorías: indígenas y afrodescendientes
Todo eso se va a definir en el debate de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE)
Un dato adicional. los candidatos a la presidencia podrán postular al senado
Por otro lado, si bien es cierto no se había aprobado la reelección de autoridades municipales y regionales la noche del 29 de mayo se estableció la reelección por un periodo adicional y de manera inmediata para alcaldes y gobernadores, así mismo concretaron la eliminación de la competencia de los movimientos regionales, que serían retirados del mapa político. El Congreso del 6% da con ello un nuevo golpe. De la salida autoritaria sólo vendrá más copamiento, impunidad, violencia y coerción.
Hacia una coalición democrática
Finalmente, en un escenario en que se superaría las treinta (30) inscripciones electorales disponibles, nos toca “detener la degradación”, haciendo política con alguna viabilidad, construyendo para ello una coalición, que dé una salida democrática y constituyente a la crisis y enfrente la coalición autoritaria. La salida individual es solo un boleto de rifa en la ruta del fracaso. Dada la fragmentación en los 5 últimos comicios nacionales en promedio, el 54% de las organizaciones postulantes no salvaron su inscripción. Especialistas en la materia señalan que solo 11 de 25 partidos tendrían posibilidades de pasar la valla (Hidalgo)
Si bien es cierto es difícil recuperar la confianza, nos toca no perder el optimismo y la esperanza y “mirar siempre el lado brillante de la vida. Hoy mas que nunca debemos ser” de los que creen, de los que afirman, de los que tienen fe”. Pongamos por delante el optimismo de la voluntad de un “sujeto emancipador” con unidad y amplitud.
*Ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Ex Embajadora y dirigente política