Final y comienzo de un tiempo político en Perú

Anahí Durand

El domingo 6 de junio los peruanos fuimos a las urnas a elegir presidente entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Se llegaba a la jornada electoral en un ambiente polarizado. De un lado el fujimorismo y la derecha peruana, con el soporte de los grupos de poder, se presentaban como alternativa para salvar el país de la “amenaza comunista”. De otro lado, Castillo concentraba el respaldo de los sectores populares que demandaban cambios de fondo hartos de la clase política. Se sabía que los resultados serían apretados, ya lo habían sido el 2016 cuando Kucynzky se impuso a Fujimori por 42 mil votos. Pero a diferencia de aquella vez donde se enfrentaban dos proyectos de derecha, ahora estaba en juego la sobrevivencia misma del régimen. El reconocimiento de un triunfo de Pedro Castillo no sería algo que las élites estuvieran dispuestas a asumir fácilmente.

El 15 de junio, con el 100% de las actas contabilizadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó que Pedro Castillo ganaba la elección con el 50.12% de los votos sobre el 49.87% de Keiko Fujimori, más de 44 mil votos de diferencia. Castillo ya hubiera podido ser proclamado presidente, pero la impugnación de miles de votos por parte del Fujimorismo y las maniobras en el Jurado Nacional de Elecciones lo ha retrasado. El fujimorismo y sus aliados buscan impedir lo inevitable; el cierre del ciclo político neoliberal frenando a la vez la apertura de uno distinto favorable a las mayorías. En el presente artículo se abordan las características del ciclo que se cierra a la vez que se exponen las los contornos y posibilidades que pueden abrirse en el nuevo momento político.

El Perú neoliberal y el ciclo que termina (o debería terminar)

A inicios de 1990 el Perú se encontraba en una situación de crisis generalizada, colapsado por la hiperinflación, la violencia subversiva y la crisis política. El ciclo democratizador abierto en los 60, signado por el modelo de sustitución de importaciones y la ampliación de derechos sociales y políticos refrendados en la Constitución de 1979, se descomponía vertiginosamente. Finamente el 5 de abril de 1992 el auto golpe Fujimorista con el aval de las Fuerzas Armadas y los grupos de poder económico definió el cierre de este ciclo por la vía autoritaria. Al igual que en Chile de 1973, el neoliberalismo se impuso prescindiendo de toda forma democrática, con grandes dosis de discrecionalidad para anular derechos y consagrar la primacía del mercado. A fin de garantizar la permanencia de los cambios, el modelo se constitucionalizó y en 1993 se aprobó una nueva Constitución Política.

El ciclo neoliberal se impuso aprovechando además el repliegue de los sindicatos, organizaciones populares y partidos de izquierda golpeados por el conflicto armado y la crisis económica. Se consolidó un régimen que en lo político garantizaba una gobernabilidad tecnocrática, en lo económico avanzaba liberalizando sectores estratégicos y en lo social imponía nuevos sentidos comunes y formas de sociabilidad que exaltaban el individualismo. Como particularidad peruana, bajo el liderazgo de Fujimori y Montesinos se enquistó una mafia corrupta destinada a controlar los poderes del Estado garantizando continuidad e impunidad. El año 2000, ante la magnitud de los escándalos de corrupción, Alberto Fujimori fue sacado del gobierno. Pero lejos de debilitarse por la crisis política, el neoliberalismo tomó nuevos aires alentado por los altos precios de los comodities en el mercado mundial. Los gobiernos elegidos en democracia no variaron el régimen ni desmontaron las redes corruptas del fujimorismo; reforzaron el modelo primario exportador, administrando el Estado con la misma lógica corporativa que les brindaba ganancias. A la par, las impugnaciones al neoliberalismo se expresaban tanto en los conflictos socio ambientales de comunidades campesinas y territorios indígenas confrontadas al avance del gran capital, como en el terreno electoral al votar por opciones críticas como Humala el 2011, aunque pronto traicionó su plataforma de cambios, o Verónika Mendoza el 2016.

La hegemonía del régimen neoliberal se deterioró con mayor fuerza a partir del 2018 con las denuncias de corrupción vinculadas al caso Odebrecht. El involucramiento de toda la clase política en sobornos, licitaciones y otros delitos arrastró a ex presidentes, autoridades locales y judiciales generando la indignación de la ciudadanía. La renuncia de Kucinzky, la reorganización de la Junta Nacional de Justicia y el posterior cierre del Congreso configuraban una crisis de grandes magnitudes donde colapsaban casi todos los poderes del Estado. Pero el neoliberalismo sobrevivía sostenido en dos pilares fundamentales; la institución presidencial y la aceptación social. Fue la pandemia lo que dio las estocadas finales a la deteriorada vigencia mantenida en ambos niveles. En primer lugar, la vacancia al ex presidente Vizcarra en noviembre del 2020 por un Congreso copado de intereses privados, generó una masiva respuesta popular en las calles que impidió se consolidara un golpe, pero colocó a Sagasti como precario presidente transitorio. En segundo lugar, la tragedia sanitaria de la pandemia con su correlato de crisis económica reveló una sociedad devastada. El abandono del Estado, el lucro de las clínicas, el monopolio del oxígeno, la quiebra de pequeños negocios y los millones de informales incapaces de resistir a las cuarentenas incrementó el hambre y la pobreza licuando la hegemonía social que el modelo mantenía. El régimen neoliberal impuesto el 92 colapsaba en toda línea y los resultados de las elecciones presidenciales del 2021 confirmarían este agotamiento.

Lo que puede empezar; un gobierno para las mayorías

Pedro Castillo ganó principalmente con los votos de las y los peruanos que esperan cambios. Fue además un voto identitario, menos ideológico y más reivindicativo, de identificación con el maestro que gana dos sueldos mínimos, que es terruqueado cuando protesta y es visto como inepto o peligroso. Ganó con todo en contra; grupos de poder económico, medios de comunicación y también la decadente “intelligentisia” liderada por Mario Vargas Llosa otrora enemigo de Fujimori. Si bien Castillo amplió su marco de alianzas firmando un compromiso con Verónika Mendoza, convocando profesionales reconocidos y articulando un sector liberal “anti fujimorista” nada tranquilizó a las elites que persistieron en una cruzada “anti comunista” con noticias falsas, insultos racistas e inventos sobre la catástrofe que significaría su gobierno. Peor aún, culminado el conteo de votos por la ONPE el Fujimorismo y sus aliados han desplegado una estrategia golpista, que desconoce los resultados y busca impedir la proclamación presidencial de Castillo.

Si bien queda clara la desesperación de la derecha ante el casi inminente cierre del ciclo, la pregunta ahora es cómo será este nuevo momento político. Podría afirmarse que está surgiendo ya un tiempo distinto marcado por la trayectoria de Castillo y el entorno del que va rodeándose. A diferencia de Humala, Castillo tiene extracción popular, experiencia sindical y sensibilidad de izquierda, pero a la vez es pequeño agricultor y emprendedor, lo cual influye en el pragmatismo, capacidad de negociación y sentido de oportunidad con el que se ha desenvuelto y ganado la campaña. Este perfil plebeyo y pragmático, se evidencia también en los entornos que lo acompañan y podrían prefigurar un nuevo gabinete. De un lado está el círculo de izquierda empezando por Perú Libre, partido de izquierda que lo llevó a la presidencia y que junto al Nuevo Perú y otras fuerzas tendrían que actuar coordinadamente para favorecer la implementación de los cambios prometidos, especialmente en economía y el proceso constituyente. Pero también se cuentan agrupaciones y sobre todo personajes de vario pinto color político que con olfato oportunista se han acercado al profesor aprovechando redes de parentesco o territoriales. Ellos, junto a sectores de la derecha político empresarial, aspiran a neutralizar la realización de cambios sustantivos y beneficiarse de una gestión presidencial similar a las anteriores.

Pero qué acciones podría realizar Castillo para empezar a abrir un nuevo ciclo, presionado como esta por una derecha golpista, la falta de mayoría parlamentaria y la tentación centrista. Primero que nada, podría asegurarse durar en el gobierno convenciendo a los que no votaron por él con quienes sí lo hicieron. Ello implica fortalecer un primer círculo político social de izquierda y progresista abierto al centro que ayude también a variar la correlación de fuerzas adversas en el Congreso. Asimismo, puede realizar cambios concretos para mejorar las condiciones de vida de la gente atendiendo prioritariamente la salud y la reactivación económica con generación de empleo. Para ello es fundamental incrementar los recursos fiscales con medidas como la nacionalización del gas o el impuesto a el impuesto a las sobre ganancias mineras que a la vez serían relevantes en términos de recuperación de la soberanía y proyecto nacional. Será fundamental también iniciar el proceso constituyente involucrando a la ciudadanía en una iniciativa de recojo de firmas para consultar en Referéndum si se está de acuerdo o no con una nueva Constitución producto de una Asamblea Constituyente. El proceso constituyente impulsaría un gran debate nacional y la discusión y aprobación de esa nueva Constitución, ojalá expresión de una representación plurinacional y paritaria, permitiría afirmar un nuevo ciclo con un Estado garante de derechos, redistribución y justicia social.

Epílogo: un intermedio de monstruos

Decía Gramsci, que «la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer: y en este interregno surgen los monstruos”. Justamente, hoy en Perú desfilan peligrosas “monstruosidades”.  Resalta por ejemplo el ascenso de la ultra derecha reaccionaria, racista y violenta similar a la de Bolsonaro en Brasil lo de Voz en España.  Si bien para la segunda vuelta (neo)liberales y ultra derechistas coincidieron en respaldar al Fujimorismo, ahora vuelven a distanciarse. Keiko ha quedado desgastada, complicada por los vínculos con Vladimiro Montesinos que reapareció coordinando telefónicamente desde la cárcel para alterar el resultado electoral. Ante el desconcierto de (neo)liberales que hipotecaron su suerte al fujimorismo, el sector más fortalecido es la ultra derecha liderada por Rafael López Aliaga que acumula en las clases altas y los sectores populares urbanos de Lima alimentándose del conservadurismo y beligerancia “anti izquierdista” exacerbada durante la campaña.

De otro lado, queda una sociedad tensionada y un ambiente enrarecido azuzado por el fujimorismo y sus aliados. Junto a movilizaciones masivas de partidarios de Castillo y también del fujimorismo ocurridas durante tres semanas consecutivas, se han desarrollado acciones violentas de hostigamiento contra autoridades electorales, cartas llamando al Golpe de Estado de ex militares, ataques contra ronderos y profesores y finalmente la agresión física al jefe de la ONPE.  En todo esto los medios de comunicación han cumplido rol nefasto; es el caso del Grupo El Comercio que supeditó completamente su línea editorial al fujimorismo o la televisora Willax con su maquinaria de fake news terruqueo y difamaciones. También las redes sociales operaron como bastión de desinformación siendo funcionales a las matrices de opinión impuestas por los grupos de poder para deslegitimar el triunfo de Castillo. Abrir paso a un proceso transformador es ya una tarea difícil cuyo éxito dependerá en gran medida de la voluntad y articulación de los actores políticos en el gobierno, manejando alianzas y contrapesos con otros sectores democráticos, pero principalmente apuntando a consolidar una base político y social que otorgue soporte y defienda a esos cambios. En una sociedad como la peruana con partidos políticos débiles, un tejido social fragmentado y mafias enquistadas en el aparato público, lo que se actúe desde el Estado será fundamental para desmontar estructuras neoliberales por ejemplo en el manejo de los recursos naturales, la reforma tributaria o el régimen de pensiones de las AFP. Pero la actuación estatal será insuficiente si se hace de espaldas a la población que votó por cambios, por ello será fundamental involucrar a la ciudadanía y sus diversas organizaciones sean comunidades campesinas, indígenas, organizaciones barriales, asociaciones comerciales y otras, de modo que se involucren en la defensa de sus derechos. El nuevo tiempo está en disputa y abierto a la contingencia -lo que esperamos puede ser como puede no realizarse- pero como diría Flores Galindo “hay espacio para la esperanza”.