Guillermo Valdizán
Desde la pandemia del Covid 19 del año 2020 hasta la actualidad, los derechos culturales en el Perú se encuentran en un vertiginoso retroceso debido a una profunda crisis global que está cambiando la orientación de las formas de convivencia y conflicto en el mundo. Algunos autores señalan que no se trata de una crisis coyuntural sino de un cambio de dimensiones geológicas y antropológicas.
América Latina y el Perú no son ajenos a esta crisis. Por el contrario, este territorio se encuentra en una creciente disputa de carácter económico y político que tiene como protagonistas nada más y nada menos que a las dos grandes potencias mundiales: China y EE.UU. El imperialismo norteamericano, despojado de toda careta democrática, ha iniciado una campaña de hostigamiento, intervencionismo y escalada bélica dirigida a lo que retiradamente nombran como su patio trasero. La posición estratégica de la región latinoamericana y sus bienes comunes son el punto de esta disputa que avizora una reprimarización de nuestras economías y una profundización de las desigualdades estructurales. A ello se suma el avance de las nuevas derechas en función de gobierno y en su eficacia de capitalizar el sentido común conservador y las pasiones tristes que conforman el clima sentimental de la época. No obstante, en el continente no han parado los estallidos sociales ni las movilizaciones, aunque el saldo organizativo y la acumulación política que dejan tras de sí es reducido.
En este escenario la supuesta batalla cultural que han declarado estas nuevas derechas se ha expresado en una arremetida violenta contra los Derechos Humanos, la memoria histórica sobre las dictaduras, el comunismo, el feminismo; es decir, contra las formas de politizar las subjetividades que se posicionen críticamente a las lógicas de acumulación del capital. El neoliberalismo triunfante de inicios del siglo XX se ha desgastado y ha cedido su espacio al autoritarismo conservador de corte nacionalista. En Perú esta tendencia ha sido obedecida por los sectores que conforman la coalición dictatorial –desde sus rostros visibles en el Poder Ejecutivo y Legislativo hasta sus fuentes de poder en el gran empresariado, FF.AA., PNP y medios– transitando del mito del emprendedor al mito de la mano dura. He ahí el nuevo germen de las políticas culturales del Estado peruano que están perfilando una nación contrainsurgente, conservadora, hispanista y emprendedora.
Desde la disputa por la modificación de la ley de cine hasta los intentos por privatizar insignias del patrimonio cultural como Machu Picchu y las Líneas de Nasca y Palpa –pasando por los cambios de dirección y contenido de TV Perú y Radio Nacional–, algunos analistas han visto la disputa entre el mercantilismo y los derechos culturales, otros han marcado la cancha entre el control estatal y la democracia cultural. En nuestro caso, consideramos que estas nuevas políticas culturales responden en primer lugar a las tensiones por la disputa de la hegemonía global post pandemia, con un alineamiento peruano claramente definido hacia el trumpismo. Y, en segundo lugar, estas políticas son reacciones a dos procesos de carácter nacional: la crisis del consenso neoliberal agudizada desde el 2016 y la necesidad de una reconstrucción ideológica de la burguesía nacional que ha vuelto a sus fuentes oligárquicas y gamonales, pero sumando ciertos matices de las nuevas derechas.
Esto corrobora que las políticas culturales del Estado peruano se orientan por las tendencias de las potencias mundiales, repitiendo una actitud de vasallaje de parte de las clases dominantes, pero también incorporan tradiciones históricas propias. De ahí que la agenda de las políticas culturales estatales del 2010 al 2020, que repetían la agenda del neoliberalismo progresista, han dado paso a la agenda conservadora y mercantil, legitimando criterios, procedimientos y herramientas legales y jurídico-administrativas para ejercer impunemente tácticas políticas como la censura, la ofensa, la estigmatización y la persecución. Este 2025 abundaron casos de censura y hostigamiento contra artistas, creadores de contenido, periodistas y educadores; así como creación de leyes que saltaban la valla del negacionismo hacia la reivindicación de los crímenes de Estado, la amnistía y la impunidad. Según la cronología que venimos realizando desde la Asociación Nuestro Sur, de enero de 2023 a diciembre de 2025 se ha registrado 102 vulneraciones a los derechos culturales, siendo este 2025 el año con mayor número de casos.
Sin embargo, frente a todas estas vulneraciones ha existido respuesta organizada de diversos grupos del sector cultural: actores y actrices, gremios de escritores, colectivos de trabajadores de las artes y las culturas, movimiento de hip hop; e incluso el rapero Trvko fundió su vida dentro de la voluntad popular en lucha contra la designación de Jerí como presidente. Este sector, junto a muchos otros, es la expresión de una fuerza altamente destituyente y mayoritaria que, a pesar de la represión y la persecución, sigue de pie en casi todas las regiones del país ¿Qué políticas culturales están cultivando esta fuerza destituyente?, ¿acaso esa fuerza se expresará en las Elecciones Generales del 2026?, ¿cómo aportar desde las artes y las culturas para transitar del ánimo destituyente a la voluntad constituyente? Hay tenemos la certeza que el pueblo peruano, sobre todo el más explotado y discriminado, no va a dejar de construir una salida de fondo.