Nicolás Lynch
Artículo de Nicolás Lynch, publicado en La República el año 2007, a propósito del cuarto aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Se han multiplicado los comentarios con motivo del cuarto aniversario de la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación pero hay un aspecto que no se toca: el fracaso político del mismo. Parece que hablar del tema pudiera desmerecer la labor de los comisionados y/o darle armas a los enemigos de la “verdad y reconcialiación” cuando creo que el efecto bien puede ser el contrario.
Es indudable que el Informe de la CVR ha sido un triunfo moral, en primer lugar para las víctimas de los años de violencia, pero también para el Perú en su conjunto porque se ha logrado establecer una verdad, ampliamente debatida e investigada, y se han señalado recomendaciones para que este barbarie no vuelva a suceder. Sin embargo, el señalamiento ético ha logrado ser puesto en duda por las mismas fuerzas, políticas y militares, que diseñaron y llevaron adelante la “guerra sucia” en cuestión y los medios de comunicación que los apoyaron y los apoyan. De esta manera, la “verdad” ha servido para conocer lo que realmente pasó, pero no para tomar un curso político distinto que permita construir un país diferente, inmune al terror tanto de organizaciones totalitarias como del propio Estado.
Esto es así porque la característica dominante en el Perú actual es la continuidad y no el cambio en las relaciones de poder en nuestra sociedad. Aquí continúan mandando los mismos intereses y personajes, elegidos y no elegidos, a los que el Informe critica por su manejo de la guerra. Es más, quienes dicen tener una posición democrática, el Partido Aprista en particular, y estuvieron en la oposición a la dictadura de Fujimori y Montesinos, poco han hecho, una vez producida la vuelta a las formas democráticas, por apoyar las recomendaciones, ni siquiera las más tímidas, del Informe de la CVR. Quizás una excepción sea el gobierno de transición de Valentín Paniagua, pero esto parece haber sido más por la actividad de su entonces asesor Alberto Adrianzén que por alguna convicción profunda sobre el tema.
¿Qué se puede hacer al respecto? Es indudable que las campañas de distintas coaliciones sociales, especialmente de los familiares de las víctimas, pueden ayudar a difundir las conclusiones del Informe y lograr quizás que el Estado de algunos pasos en el tema de las reparaciones. Sin embargo, las grandes cuestiones pendientes, en especial la persistencia del Perú excluyente de sus propios ciudadanos, no tienen solución por el camino de la prédica ética sobre la necesidad de un cambio.
Lo único que puede llevar a la práctica las conclusiones del Informe de la CVR es una ruptura con la continuidad neoliberal que funde un país distinto, sin capitalismo de amigotes que se benefician hasta con la desgracia y sin secuestro mediático que impide el debate público. Esta es una tarea política más que ética y debe ser realizada por quienes estén dispuestos a organizarse y dar su tiempo para ello sin esperar retribución de ninguna fundación internacional.
