Pier Paolo Marzo
El domingo 23 de febrero, la puerta del Real Plaza de Trujillo apareció con carteles que invocaban ¡JUSTICIA! Un grito que resuena tras el derrumbe de su techo encima de las personas que se encontraban paseando, conversando o comiendo en su patio de comidas, causando 6 muertos —entre ellos dos niños— y aproximadamente 80 heridos.
La causa más probable del colapso habría sido una falla de diseño en confluencia con un defecto de mantenimiento: el techo no tenía la suficiente capacidad de carga, no había un adecuado sistema de drenaje y no tuvo la limpieza necesaria, por lo que una acumulación de agua no drenada llevó a su colapso. Imágenes aéreas mostraron que el colapso ocurrió en el lado opuesto a las dos únicas bajadas de agua. Esto debió ser detectado en el mantenimiento diario.
Ya sea por defecto de diseño o de mantenimiento, o ambas causas, la responsabilidad moral y civil apunta claramente a los directivos de Real Plaza e Intercorp, así como a las autoridades que omitieron supervisar adecuadamente las condiciones de funcionamiento. Como había ocurrido semanas atrás con el puente de Chancay, la codicia empresarial que llevó a no invertir en la reparación de las fallas y en el mantenimiento correspondiente, no controlada por las autoridades competentes, llevó a la tragedia. Así como la muerte de tres personas y las lesiones de más de 30 en el puente de Chancay tienen como responsables a los directivos de Norvial – puestos por Aenza (ex Graña y Montero) y JJ Camet – , las muertes y lesiones en Trujillo exigen la responsabilidad de Misael Shimizu, gerente general de Real Plaza; Fernando Zavala, gerente de Intercorp (y ex presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Alan García); y Carlos Rodríguez Pastor, dueño de dicha corporación, valuada en 5,200 millones de dólares en 2022. En ambas tragedias, les corresponde pagar los montos correspondientes a los daños a las personas y los lucros cesantes, de por vida. Además de responder penalmente por los presuntos delitos de homicidio y de lesiones, no sólo por negligencia sino con el dolo (la intención) eventual que se da cuando el agente conoce el riesgo de producir el resultado y lo acepta como una posibilidad real. Si se demuestra que los responsables sabían o debían saber de las deficiencias estructurales (como el sistema de drenaje inadecuado o la obstrucción por basura/nidos de aves) y no tomaron medidas para prevenir el colapso, podrían ser imputados por homicidio doloso y recibir una pena no menor a 15 años de prisión.
Todo esto requiere de defensa legal para las víctimas, que debería ser asumida por la defensa pública de víctimas, así como de una fiscalía que actúe con independencia del inmenso poder económico de los responsables. Por su parte, bien haría la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, en convocar a los jueces y juezas para evaluar formas de darle celeridad a los casos de responsabilidad civil por daños como los de Trujillo y Chancay, así como a los respectivos casos penales, con una estrecha vigilancia de su independencia a lo largo de los respectivos procesos.
Mientras eso se da, es oportuno recordar, como lo hizo la excandidata presidencial Verónika Mendoza, que «Esto no es un accidente. Es resultado de lobbies empresariales y congresales, de un gobierno inepto y corrupto, de reglas que privilegian el dinero sobre la vida». Cabe también atender a la reflexión de la escritora y defensora de derechos humanos Rocío Silva Santisteban: «Lo que ha pasado en Trujillo, Chancay y la casi caída del Puente Ricardo Palma en Lima son una metáfora cruel de lo que sucede en el país: todo se derrumba», Sobre los escombros sociales e institucionales, hemos de construir, a partir de la demanda de justicia anotada al principio, un nuevo orden social e institucional en donde la vida pese más que el dinero.