Pier Paolo Marzo
Una vez más, sin debate ni aviso previos, la mayoría congresal legisló contra sus electores al eliminar los movimientos regionales, volviendo a confirmar lo adecuado de llamarla dictadura congresal. En efecto, en primera votación impuso la reforma del primer párrafo del artículo 35 de la Constitución suprimiendo de su articulado a los movimientos regionales como organizaciones mediante las cuales «Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos… (concurriendo) a la formación y manifestación de la voluntad popular». De aprobarse en una segunda votación esta reforma, solo los partidos políticos de alcance nacional serán vehículos para presentar postulaciones a alcaldías, regidurías, gobernaciones y consejerías regionales.
Cabe recordar que en las elecciones regionales de 2022, en 16 departamentos ganaron candidaturas de movimientos regionales y en 9, de partidos políticos. En la segunda vuelta, Somos Perú, que había quedado segundo, consiguió dos victorias, por lo que actualmente 14 departamentos tienen gobernadores provenientes de movimientos regionales y 11, de partidos políticos. Mientras que en 116 provincias (62,3%) ganaron movimientos regionales y solo en 74 (37,8%), partidos políticos. A más detalle, en todas las provincias de Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Ucayali, las organizaciones políticas más votadas fueron movimientos regionales, mientras que solo en Moquegua y Lambayeque, en todas sus provincias, las organizaciones políticas más votadas fueron partidos políticos. En los demás departamentos, 10 tuvieron como organización política más votada a un movimiento regional, mientras que 6, a un partido político. A nivel distrital, el 56,2% de circunscripciones contó con movimientos regionales como ganadores, principalmente en el Centro y Sur, mientras que el 41,6% correspondió a partidos políticos, mayormente en Lima y el Oriente. Como dato curioso, tenemos que Fuerza Popular no ganó ninguna gobernación ni ningún municipio provincial.
En suma, los partidos políticos, en su mayoría perdedores de elecciones regionales y municipales, están eliminando a las organizaciones que desde el 2006 los vienen derrotando. Con ello, obligarán a los integrantes de dichas organizaciones a buscar partidos políticos donde candidatear. Y, conociendo las formas en que dichas organizaciones definen sus candidaturas, es probable que nos encontremos ante una ampliación de prácticas insanas de mercantilización de las postulaciones, con pedidos de mucho dinero en algunos casos o de compromisos de contrataciones de obras o personal con personas vinculadas a las cúpulas (en la práctica «dueños») de los partidos políticos. No olvidemos que previamente habían eliminado la obligatoriedad de elecciones primarias para definir sus candidaturas. Es en este contexto que debe entenderse la modificación de los artículos 191 y 194 de la Constitución, que habilita la reelección de gobernantes regionales y municipales, respectivamente: se obliga a quienes quieran reelegirse a obtener la venia de dichas cúpulas. En suma, estamos ante otro golpe a la representación política de ciudadanos y ciudadanas.
En este marco, los argumentos difundidos en favor de la reelección inmediata de alcaldes, alcaldesas y gobernadores regionales – permitir la continuidad de proyectos y políticas públicas, mediante la permanencia de autoridades eficientes e incentivarlas a especializarse en técnicas de buen gobierno – pasan a segundo plano frente al incremento de riesgos de corrupción que traerá una reelección mediatizada por organizaciones con liderazgos vinculados a variadas formas de delincuencia organizada.
Por lo que conviene atender a la pregunta que hizo el arzobispo de Lima en la homilía de la fiesta del Corpus Christi: «¿Cómo es posible que se hagan leyes en las que se favorecen a ciertas personas y se impide que las regiones puedan participar libremente en la candidatura para dirigir sus regiones?». Y responderla con su invocación a que «todos los peruanos tenemos que unirnos para que la verdad, el amor y la justicia, permitan que se sacien los pobres que tienen hambre y sed de justicia». Lo que implica movilizarnos en ese sentido.