Guillermo Valdizán
El Congreso dominado por la ultraderecha, jugando en pared con el Ministerio de Cultura, ha iniciado una campaña sistemática para golpear a los Estímulos Económicos. En primer lugar, pusieron el argumento neoliberal de «no a la intervención del Estado» para que sea la mano invisible del mercado quien regule la oferta cinematográfica (Proyecto de Ley Tudela). En días recientes, la congresista fujimorista Rosangela Barbarán envió un oficio al Ministerio de Cultura exigiendo un reporte de procedimientos y criterios de asignación de presupuesto para el financiamiento de largometrajes nacionales, debido al revuelo que levantó el programa de Francisco de Piérola en Canal N respecto a la película de Joel Calero, “La piel más temida”, acusándola de “humanizar” a Sendero Luminoso. Barbarán también propuso que miembros de las Fuerzas Armadas participen como jurados, haciendo explícita su intención de institucionalizar un veto castrense frente a la libertad de expresión.
Mientras este debate se desplegaba, la Contraloría General de La República señaló que el Ministerio incumplió la ley en el proceso de contratación de Joinnus para expedir boletos de ingreso a Machu Picchu, ya que fue una adjudicación sin concurso público. El 6 de mayo, la ministra Leslie Urteaga firma un comunicado anunciando la reestructuración de los Estímulos Económicos para el Fomento de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual. Si bien en este comunicado se indica que el proceso será participativo, también señala que respetarán la libertad artística “promoviendo una cultura de paz, la democracia y la memoria histórica de nuestra nación, que permita una reflexión integradora de nuestro desarrollo como país”. Esta frase hace referencia sublimada al debate público de los días anteriores. En tanto no han indicado con claridad los motivos ni los objetivos explícitos de dicho intento de reestructuración, cabe preguntarse desde qué óptica plantean conceptos como “cultura de paz”, “democracia” y “memoria histórica”. Más parece la sujeción total del Ministerio ante la dictadura congresal.
Cabe mencionar que no son nuevas estas amenazas a la libertad de expresión y al financiamiento del Estado a la producción artística. Solo para referirnos a las primeras décadas de este siglo, podríamos hacer una larga lista de campañas mediáticas de estigmatización hacia ciertas obras artísticas, censuras directas e indirectas, y persecución judicial a sus autores ¿Cuál es el motivo de este ensañamiento? La profunda pérdida de legitimidad que enfrentan las fuerzas de la coalición dictatorial, las cuales no pueden convencer a nadie, pese a tener el oligopolio de los medios masivos de su lado. Ante ello se ven en la necesidad de arremeter contra normas y procedimientos públicos que permitan exponer otras interpretaciones de quiénes somos y de nuestra historia, sostenidas sobre el pensamiento crítico y valores básicos para la convivencia democrática como la justicia social y la diversidad cultural.
Pero además, porque quieren quebrarnos en lo más profundo, en nuestra identidad y nuestros sentimientos de comunidad. En el último Estudio de Opinión de Datum sobre la percepción de la «peruanidad» (cuya fecha de campo fue del 5 al 8 de abril de 2024) se consigna que entre los principales motivos para sentirnos orgullosxs de ser peruanxs se encuentran: la comida (95%), música y danzas (91%), historia del Perú (79%) y el arte y la literatura (77%). El mismo estudio indica que ha aumentado el porcentaje de desapego hacia el país por parte de la población. No es casual que la coalición dictatorial golpee en esta dimensión tan sensible de nuestra autoestima nacional. Tampoco que lo haga justo cuando por primera vez en la historia se está exhibiendo cinco películas peruanas con buena concurrencia y comentarios positivos. Frente a esta amenaza contra la libertad de expresión y lxs trabajadores de las artes y las culturas, ya se han pronunciado espacios como el colectivo “En defensa del cine peruano”, que agrupa a más de 70 gremios representativos. En su pronunciamiento han destacado que “el desarrollo cinematográfico peruano que se está logrando es el resultado de una política de Estado descentralizada que permite el acceso a la realización y difusión de películas en todas las regiones del país”. Defender los estímulos económicos, junto a los criterios más amplios de libertad de expresión, no es una agenda exclusiva de creadores audiovisuales o artistas. Se trata de la defensa de los derechos culturales de la población peruana, fortalecer nuestras identidades a través del pensamiento crítico y ampliar oportunidades de trabajo de manera descentralizada. Esta defensa no tiene posibilidad de concretarse con la actual ministra como interlocutora. Un requisito mínimo para avanzar es exigir su inmediata renuncia.