Régimen legaliza saqueo, despojo y destrucción de bosques, agua y suelos
David Roca Basadre
Una tras otra, la dictadura que une al ejecutivo y al Congreso de la República controlado por personas sin escrúpulos, ha dado normas que atentan – todas – contra la inalienabilidad del territorio.
Una tras otra, facilitan la entrega del país a personas privadas que pueden ser también extranjeros:
- La modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, mediante la ley Nº 31973, que entrega la Amazonía al saqueo por agentes legales y también delictivos. Esta norma elimina el procedimiento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, o prevalente, por una declaración legal, exonera de la autorización de cambio de uso, para otorgar el título o la posesión de la tierra, con carácter además retroactivo para los que beneficie, otorga la facultad de disponer de los bosques primarios para fines productivos al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) en perjuicio de las competencias del Ministerio del Ambiente (MINAM), facilita la destrucción de bosques vírgenes, elimina todas las medidas de protección de las zonas boscosas, atenta contra los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, contraviene todos los acuerdos sobre cambio climático pues contribuiría a la transformación de las zonas deforestadas en emisoras de carbono, regulariza situaciones ilegales incluyendo aquellas de escala industrial que ya han destruido miles de hectáreas de bisque amazónico, facilita el reconocimiento de los cambios de uso del suelo antitécnicos y destructivos, todo lo cual constituye un riesgo inminente de aumento de la deforestación y degradación de los bosques Amazónicos. Debemos, además, tomar en cuenta que los niveles de degradación/deforestación en conjunto, de la Amazonía, están a punto de alcanzar el punto de no retorno, de sabanización irreparable, estimado en el 20% del territorio. De perderse la Amazonía, la región podría pasar a emitir suficiente dióxido de carbono como para hacer inútiles todos los esfuerzos internacionales invertidos en mantener al planeta por debajo de los 1,5°C de incremento de la temperatura que la comunidad científica considera aún manejables.
- La dación del Decreto Legislativo 1620 sobre privatización de la distribución y fuentes del agua, que incluye a las fuentes de abastecimiento de agua como parte de los servicios de agua potable y saneamiento, y permite su concesión hasta por 25 años, lo que significa la entrega de las fuentes, sistemas y procesos del agua, desde ríos, lagos, lagunas, cuencas, así como empresas del agua a nivel nacional; a manos privadas que podrían ser, incluso, de potencias extranjeras.
- La eliminación por el Congreso de la República de la disposición complementaria del Decreto Legislativo 1607 que facultaba a la Policía Nacional a actuar frente a la tenencia ilegal de explosivos por personas con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Asimismo, daba un plazo máximo de noventa (90) días calendario para presentar ante el Ministerio de Energía y Minas, el contrato de explotación o de cesión, debidamente inscrito en los registros públicos, así como otras medidas para controlar ese proceso. La eliminación de esta disposición libera a muchos mineros informales que, por esa disposición, tenían suspendido su registro. Esto facilita la actividad ilegal descontrolada. De alguna manera corregía al Estado que amplía indefinidamente una norma de formalización minera que debió tener 120 días de plazo desde su dación en 2016, y cuyo nuevo plazo para registro culmina en diciembre de 2024.
Cuidar y defender el territorio
Desde la fundación de la república hemos continuado con la lógica colonial que considera a nuestro territorio como objeto para el saqueo y beneficio de intereses particulares. Esto ha generado una casta – como la llamaba José Carlos Mariátegui – que, al tiempo de asumir el liderazgo del país con marcado individualismo y mirada distante de la población mayoritaria, como señalaba Emilio Romero, actuaba como intermediaria de los antiguos poderes coloniales, ahora transformados en importadores.
El territorio persistió como objeto del saqueo colonial cada vez más intenso, la explotación laboral allí incluida como requisito, mientras se incrementaba la demanda para el desarrollo de los países coloniales. Esta situación del país – igual a la de otros países que fueron colonia – generó una persistente situación de abandono en aquellos puntos del territorio donde no era posible extraer algo. La subjetividad racista, además, generó el despreció por sí mismo y el aspiracionismo inalcanzable de lo europeo. “En primer lugar”, dice Aníbal Quijano, “expropiaron a las poblaciones colonizadas – entre sus descubrimientos culturales – aquellos que resultaban más aptos para el desarrollo del capitalismo y en beneficio del centro europeo. En segundo lugar, reprimieron tanto como pudieron; es decir en variables medidas según los casos, las formas de producción de conocimiento de los colonizados, sus patrones de producción de sentidos, su universo simbólico, sus patrones de expresión y de objetivación de la subjetividad.” Y allí, también dice Quijano, “la naturalización de las diferencias
culturales entre grupos humanos por medio de su codificación con la idea de raza”.
El resultado ya en nuestros tiempos, y en términos socioeconómicos, lo describe muy bien el sociólogo Francisco Durand, cuando describe “tres modalidades de actividades económicas que actúan de manera conjunta: las que operan según la ley (formales); las que ignoran las leyes cuando les conviene, operando en un claroscuro jurídico (informales); y las operaciones que desafían abiertamente toda ley y principio ético (delictivas). Estas actividades constituyen socioeconomías diferentes, cada una con sus agentes diferenciados jerárquicamente de patrones a trabajadores, operando con diferentes reglas de juego.” Y agregaba, premonitoriamente, Durand, que “Esta coexistencia y tolerancia representa un serio problema institucional, tanto por ser un reto a la legalidad como por las dimensiones y el dinamismo que tiene la no-formalidad, y en particular por la delictividad que se deriva de ella.”
Es importante tomar en cuenta que la informalidad que describe Francisco Durand mantiene, también, ese componente racializado que describe Quijano. Sin la manipulación racista es imposible entender la marginación de la formalidad de sectores mayoritariamente no identificados como “blancos”. Es cierto que, por varias vías, sectores provenientes de la informalidad y “no blancos” han logrado posiciones económicas sobresalientes, aunque será complicado, si no imposible, encontrar a “blancos” en los sectores de la informalidad.
Este breve repaso histórico permite situar los componentes y razones que llevan al extremo actual de normas legales destinadas, por un lado, a perpetuar y agudizar el saqueo y control del país por grupos de poder individualizados que influyen sobre la dación de leyes que los favorecen; y por otro a ceder ante la presión de sectores que, desde la necesidad, han incrementado al sector informal como posibilidad para salir individualmente de la pobreza, cediendo ante la facilidad que otorgan las actividades delictivas como generadoras de empleo. Las explicaciones para el desarrollo del narcotráfico en todas sus etapas, la minería ilegal, la pequeña agricultura intensiva y destructiva en la Amazonía, tienen que ver con la pobreza producto de la explotación, la racialización de las mayorías. Pero también con componentes adicionales, más recientes: primero, la aparición del grupo terrorista Sendero Luminoso, que se fortaleció en las provincias más pobres y llegó a cercar Lima, y que, además, no admitía otro liderazgo que el suyo, por lo que declaró a la organización popular como su principal enemigo y se dedicó a asesinar también a dirigentes populares y a desmantelar organizaciones de base para crear paralelas. Enseguida, la represión antiterrorista indiscriminada del Estado, desde inicios de los 80 con el presidente Belaúnde y luego con el presidente García, que persistió en el acorralamiento de la organización popular. A lo que habría de sumarse la inflación casi infinita de los años 80 con el gobierno de Alan García.
A todo ello se agregó el golpe de Alberto Fujimori que no solo se empeñó en una campaña de privatización generalizada, sino que, amparado en las propuestas de Hernando de Soto, impregnó a la sociedad de raigambre colectivista, pero ya debilitada, de un individualismo emprendedurista que propagó la certidumbre de que la única manera de alcanzar el anhelado bienestar a la europea, es mediante el esfuerzo únicamente personal, y a cualquier precio.
Ante la ausencia de inversión privada que genere empleo, en una economía basada en la exportación producto del extractivismo del suelo, ese fue el modelo que se instaló. La demanda externa de minerales, de consumo de drogas, de madera, etc., hicieron el resto.
¿Dónde está la patria?
Las normas aprobadas persisten y agudizan la propuesta de expolio que vivimos históricamente, esta vez conciliando los intereses de las élites tradicionales y de los sectores informales ligados a actividades delictivas. Las contradicciones entre la minería formal y la minería ilegal, no tienen que ver con alguna preocupación por la destrucción del suelo, sino con rivalidades económicas en torno al predominio de la tierra para la explotación.
En ese marco, reconozcamos que la mejor manera de reconocer a la patria es en todo lo que compone al territorio cuyos linderos conforman la organización política llamada Perú: tierra, mar, flora, fauna: entre la fauna hay que comprender a los humanos. El problema ocurre cuando unas gentes no sienten la tierra igual que los otros, o cuando unos no se sienten iguales que los demás, y por eso la relación con el territorio es diferente por parte de los unos y de los otros.
Y el problema se agudiza cuando, desde las diferencias territoriales y la pobreza, unos pueblos empobrecidos, pero dueños del aspiracionismo occidental y despojados de su propio territorio, invaden otros territorios contribuyendo a su empobrecimiento y destrucción.
Entonces, ¿hay patria?, ¿qué es el amor a la patria si no puede compartirse? Unos son parte de la tierra que los cobija y sus usos y costumbres brotan de ese trato afectuoso con lo que los nutre. Otros piensan que el territorio tiene riquezas que hay que extraer a cualquier precio para vender al extranjero, y no tienen ninguna preocupación por los que habitan en los lugares donde deciden excavar. Los unos no tienen otro poder que el de su voluntad y fortaleza para defenderse. Los otros tienen todo el poder de la fuerza de las armas y leyes que a veces obedecen y otras no, y del manejo de las palabras en la lengua que es la más importante en los medios de comunicación que circulan por todo el Perú. Si hay quienes no dudan en destruir el lugar en el que viven, y no dudan en menospreciar la vida de quienes se afectan por esos actos porque se sienten extraños a su destino, si no se perciben iguales a los demás con quienes comparten el país en el que viven, ¿dónde está la patria? ¿Quién la tiene? No es una bandera, no es los héroes que escogieron unos para esconder a los otros, no es uniformes y parafernalia. Víctor Andrés Belaúnde decía que la peruanidad es un sentimiento de identidad de los pueblos del Perú, basado en el afecto hacia sus tradiciones y la fe en su destino. Eso no convence. La patria es, más bien, pertenencia, es ser parte de la materia que nos envuelve y acoge, y que se ama porque te nutre y porque allí cohabitas con todo lo que la compone. Es concreto, es material, es inmediato, no puede ser un poema mal hecho que ignora al agua, a la tierra, y todo lo que contiene: a la gente, en nombre de alguna codicia.
En concreto: medidas son antipatria
Las normas aprobadas, como consta por los sectores a los que beneficia directamente, constituyen – con la proliferación de actores que insisten en salidas individualistas y a cualquier precio – una continuidad del proceso de expolio y destrucción del territorio. El territorio, que es biósfera, atmósfera, hidrósfera y litósfera, es la verdadera definición de la patria. La destrucción de las fuentes de vida que alberga el territorio, son atentados contra la patria. Es la acción de la antipatria.
Es importantísimo tomar consciencia de esto. Nos han arrebatado la patria desde hace siglos, esto se ha incrementado en las centurias recientes y más aún en las décadas pasadas desde los años 80 y todavía más en los años 90 del siglo XX. Se está atentando contra nuestra supervivencia como país, poco a poco.
Es imprescindible tomar acciones conjuntas, de inmediato, no solo ante medidas aparentemente sectoriales, sino contra una dinámica de desposesión constante del territorio. Protestar, movilizarse, pero plantear alternativas.
Tenemos claro que unas deben ser políticas contra las élites que destruyen territorio desde siempre y promueven políticas que insisten en esa destrucción, y otras las que deben plantear alternativas de subsistencia y desarrollo para los sectores informales o plausibles de ingresar a la informalidad, incluso delictiva. Ya, hoy en día, las más importantes – o incluso las únicas muchas veces – ofertas laborales para los jóvenes, son las de las actividades delictivas.
Es hora de actuar.
