De Pedro Pablo Kuczynski, a Pedro Castillo y Dina Boluarte. 2016 – 2024
Aída García Naranjo Morales
Antecedentes
En la primera etapa republicana, el Perú fue un país anárquico, inestable e ingobernable: “De 1821 a 1845 hubo diez congresos, siete constituciones, cincuenta y tres gobiernos…” (Aljovín, 2000).
“El Perú del siglo XIX fue un país a la deriva. Diez guerras internacionales y once guerras civiles generaron un clima de permanente inestabilidad e incertidumbre. Las más rescatables de esas guerras fueron la independencia, la revolución liberal de 1854 y 1855 y la revolución de 1894-1895. Las victorias políticas más importantes fueron la instauración de la República (1821), la libertad de los esclavos y la eliminación del tributo indígena (1854-1855)…” (López, 2021).
Cien años después (1921) en que según el historiador Jorge Basadre se abría la “promesa de la vida republicana”, en que el Perú sería dueño de su propio destino, sin la imposición de una nación remota (España), y tendríamos una nación de ciudadanos. Fueron las luchas entre caudillos y las sublevaciones militares lo que Basadre señalaría como la causa de una “evaluación desencantada” del primer centenario de la Republica.
Cumplido el Bicentenario (1821-2021), tenemos exclusión, desigualdad y corrupción como características estructurales, de un inacabado proceso de construcción nacional, en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (TI), el Perú ocupa el puesto 121 de 180. Junto a ello tenemos el orgullo por nuestros excepcionales recursos naturales, nuestra milenaria diversidad cultural, nuestro destacado boom gastronómico; tenemos progreso económico de minorías y derechos no ejercidos por todos, un estado patrimonial y un modelo extractivista no superado, basado en la explotación, hasta el agotamiento: del guano, el salitre y el caucho, al que seguirían el cobre y el litio. Y en estos 200 años, ni la ley ni la justicia han sido, ni son iguales para todos.
La inclusión e igualdad siguen siendo las principales promesas pendientes y tenemos dos estrategias en desencuentro: la vieja promesa republicana y el proyecto neoliberal de fines del siglo XX, por lo que la Republica no ha garantizado el bienestar mínimo, por un modelo que nos lleva a un balance negativo, en una situación que favorece solo a pocos. Se expresa además un marcado desapego de la ciudadanía hacia la política y los políticos y frustración frente a la promesa de cambio.
La situación cotidiana es precaria, con servicios públicos de baja calidad, que dejan como consecuencia la pavorosa cifra de 221.583 fallecidos, como consecuencia de la COVID-19, con niños ausentes de las escuelas, sin conectividad que compense; una brecha de 100 mil millones de dólares en déficit de estructura educativa y hay una brecha de S/. 370.000 millones en infraestructura determinada por el MEF. Estaríamos cerrando el 2024 con 31.5% de pobreza monetaria y ni que hablar de la dimensión de género en el orden constitucional iniciado en la República hace más de 200 años, con doce constituciones en donde las mujeres pudimos ejercer recién nuestro derecho político (en 1956) con la décima (10 a) constitución. Por añadidura diferentes cupulas partidarias son dirigidas por lideres cuestionados política y fiscalmente.
“La transición del Perú oligárquico al nuevo Perú ha ocurrido en el marco de una gran polaridad política que entre nosotros se ha expresado en los virtuales empates electorales”… En una perspectiva de más largo plazo, la crisis se remonta a que el marco ideológico y de fuerzas políticas que animaron el juego del poder en el país en la segunda mitad del siglo pasado desapareció, sin que haya terminado de ser reemplazado. (Contreras, 2024)
Es indudable que las lecturas del origen de la crisis son muy diversas, abordaremos desde nuestro punto de vista, el último periodo comprendido entre el 2016 y el 2024 analizado como un momento destituyente.
2016, la crisis destituyente
Pedro Castillo Terrones asumió su mandato presidencial (2021-2022) luego de un quinquenio (2016-2021) de inestabilidad política destituyente que, si bien es cierto que no es igual a la señalada en este texto por Cristóbal Aljovin o Sinesio López, representa para los siglos XX y XXI la situación de un Perú con una democracia de baja intensidad y de aguda crisis política y de una institucionalidad democrática deteriorada e impredecible, expresada en el último sexenio con una crisis del Poder Ejecutivo con 6 presidentes en solo dos periodos constitucionales, amén de los procesados, investigados, condenados, con orden de extradición y uno suicidado.
De PPK a Castillo 2016-2022
Ejercieron la función de presidente 6 ciudadanos: Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Martin Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Ello, sin considerar la juramentación fallida de Mercedes Araoz. De los 6 presidentes que ejercieron el cargo solo dos fueron electos y los otros cuatro fueron nombrados por el Congreso de la Republica.
El saldo de esa crisis (2016-21) incluye nueve gabinetes ministeriales, un aproximado de 200 ministros (desde PPK a Sagasti) y durante la presidencia de Castillo, en menos de 500 días, cinco gabinetes, 78 ministros de Estado (sin contar aun la gestión Boluarte, ya con dos gabinetes en un año y un cambio intrascendente de solo 4 ministros).
En relación al legislativo, en los tres años precedentes (2019-2021) tuvimos tres Congresos de la República, el del 2016-2019 con 75% de rechazo de la ciudadanía, evidenciando también una crisis parlamentaria en el Legislativo. Un congreso cerrado el 30 de setiembre de 2019, cuyo cierre obtenido fue logrado con la movilización y con el grito de la calle demandando “que se vayan todos”. Actualmente (2023-2024) con cifras en declive tanto del Ejecutivo y el Legislativo que se sostienen en un digito: 8% Boluarte y 5% el legislativo (IEP, enero 2024).
El conjunto de Sistema de Justicia muestra su propia crisis, evidenciada en el cierre del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM Audios) y el procesamiento de la totalidad de sus integrantes, la destitución del anterior Fiscal de la Nación (Chávarry), el cuestionamiento a sus predecesores (Blanca Nélida Colan, Echaiz y Bardales – este último recientemente fallecido), la orden de extradición del juez Hinostroza Pariachi, en Europa y la actual suspensión de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides.
El inicio del mandato de Castillo se da en el contexto de esa “crisis destituyente” que diferentes sectores han tipificado como de: democracia de baja intensidad (López) de recesión democrática (Transparencia) y/o vaciamiento democrático (Vergara y Barnechea).
Un 91% de los peruanos esta insatisfecho o muy insatisfecho con el sistema democrático (IEP). Dos tercios de los peruanos (66%) reconocen que estamos peor que hace 12 meses y 23% que estamos igual (IEP enero 2024). A ello se sumó la impericia de un “Castillo amateur” y una sucesora que sin pudor puso el gobierno al servicio de los que fueron derrotados en las urnas en el 2021, además de asesinar a 50 peruanos (as) y con un saldo enorme de más fallecidos; 1.200 heridos y victimas colaterales de las masacres. (2022 / 2023 y 2024).
Castillo – Boluarte 2022-2024
El 7 de Diciembre del 2022, luego del fallido autogolpe de Pedro Castillo (que según su abogado Wilfredo Robles fue: “un golpe verbal”), el Congreso del Perú destituyo a Castillo Terrones y juramento a la vicepresidenta de su plancha Dina Boluarte, que estableció un régimen restaurador golpista, antidemocrático y autoritario en alianza con los diferentes partidos que habían sido derrotados en el proceso 2021 por el movimiento popular, traicionando así la voluntad mayoritaria, por lo cual se dio inicio a la protesta social y al desarrollo de movilizaciones que se iniciaron el mes de diciembre 2022, hasta la fecha en contra del actual gobierno.
Castillo desde el inicio de su mandato fue colocado a la defensiva con la permanente amenaza de vacancia, desde el primer semestre de su mandato, superando dos intentos previos fracasados de vacancia, y cediendo día a día cuotas de poder. Su intento de disolver el Congreso (entre otras medidas inconstitucionales) consumó su caída, cárcel e inmediato reemplazo. Se pide para él una abusiva condena de 34 años de cárcel. Y hasta la fecha se da cuenta de un total de 25 abogados para su defensa.
Su sucesora no demoró en apelar a una cruenta represión policial-militar frente a la protesta social que la rechazaba, por lo que fue condenada nacional e internacionalmente por el uso abusivo de la fuerza letal.
Ejecutivo, legislativo. Ministerio Publico y otros poderes facticos (Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, sectores de las fuerzas armadas y policiales, autoridades regionales, etc.) atraviesan su peor momento. Solo la suspendida Fiscal de la Nación tiene ocho (8) imputaciones penales, que serían por canje de favores con congresistas que ella debía investigar. El colaborador eficaz el filósofo, delator Jaime Villanueva viene comprometiendo autoridades y /o representantes de diferentes sectores que estarían comprometidos con la corrupción.
Pese a ello, la lucha continua, en el marco de un estado de emergencia decretado por el gobierno, que no dudó en apelar al toque de queda, a la suspensión de garantías constitucionales, sin atisbo de perdón o arrepentimiento, criminalizando la protesta social y responsabilizando a los propios manifestantes por los muertos, buscando impunemente trasladar también la responsabilidad inicialmente a terceros, entre ellos a Evo Morales (a quien se declaró persona “no grata”) y a los Ponchos Rojos de Bolivia, con lo cual su gobierno, buscando impunidad, se aisló; y logró que diferentes gobiernos de la región, entre ellos México, Colombia, Bolivia y Honduras se solidarizaran con el Castillo de puesto. Llevando así durante el mandato de Boluarte “doscientos años de historia diplomática basada en el respeto de los tratados internacionales al tacho” (Forsyth). Es así que las relaciones externas, la imagen y la proyección del Perú están gravemente afectadas.
Por otro lado, crecer a un ritmo solo de 2% en el 2024 representará que anemia, hambre, miseria, pobreza y desempleo sigan caminando de la mano. La crisis es destituyente, y si bien la salida es integral debe ser democrática y constituyente; pero ella será insuficiente para frenar el avance del crimen organizado, las economías informales e ilegales, la generalización de la corrupción y la impunidad, así como la aberrante deforestación y la privatización del agua y el patrimonio cultural. Se suma el indetenible feminicidio que en el 2023 ha cobrado la vida de 165 mujeres y 21.585 casos de violación sexual y la trata, la injusticia que no investiga, ni condena a los autores directos y mediatos de 70 peruanos asesinados y/o fallecidos que hoy nos faltan.
Y por si todo ello fuera poco vivimos la degradación de la política, que requiere además de regeneración moral, frente a un modelo de dominación en crisis hegemónica, que no muestra hasta la fecha una esperanza movilizadora y creíble y que apela a agitar el miedo de la población.
Para enfrenar una salida autoritaria, estamos obligados a una salida democrática y constituyente a la crisis, el anuncio de un tiempo nuevo y un nuevo arreglo de poder basado en un pacto político social. Según las últimas encuestas el 69% de peruanos estaría de acuerdo en la instalación de una Asamblea Constituyente.
El Perú está herido y doliente, pero también el Perú es promesa, posibilidad y poder constituyente.
(*) Exministra de la Mujer y Desarrollo Social.
Publicado inicialmente en Otra Mirada.
