Guillermo Valdizán
La entrevista que Mario Ghibellini hizo a Enrique Ghersi (05 de octubre de 2023) sobre la propuesta de Ley de Adriana Tudela juntó a dos de los principales propagandistas del neoliberalismo en el Perú. Solo faltó Hernando de Soto para completar las firmas de la triada autora de «El otro sendero», diatriba contra el Estado y a favor de un mercado con alambrado eléctrico para los amigotes y donde todos los demás son «empresarios de sí mismos”, sin garantías ni estímulos. Esa misma lógica recorre los actuales argumentos de Avanza País no solo para golpear al sector audiovisual sino para tumbarse las responsabilidades del Estado respecto a la producción, distribución, disfrute y acceso a bienes y servicios culturales de manera descentralizada. Según estos neoliberales el Estado no debe brindar subsidios porque se trata de actividades productivas de privados y debe ser el mercado donde pugnen por su destino, es decir que la competencia dentro de un inexistente mercado interno debe ser el mecanismo para que la producción audiovisual se desarrolle, y la misma lógica la aplican a todas las producciones artísticas (la ley Tudela se tumba el marco legal de todas las categorías de los actuales Estímulos Económicos a la Cultura del Ministerio de Cultura). Esta miopía parte de su sesgo ideológico y su desprecio por las artes y las industrias culturales.
Para desmontar ese sesgo es necesario recordar que el Estado peruano desde la década del 90 está institucionalmente tomado por el gran empresariado y las mafias ilegales que moldean la legalidad a su favor. No es casual la relación, por ejemplo, entre lavado de activos y las universidades-empresa, o entre la millonaria evasión de impuestos y las empresas transnacionales como Telefónica, o entre la destrucción de la naturaleza y los beneficios de las empresas extractivas. El Estado neoliberal está diseñado para beneficiar a las grandes empresas y no a la mayoría de la población peruana, y cuando digo grandes digo GRANDES. Este tinglado no despeina a nuestros neoliberales que sí se rasgan las vestiduras ante los mal llamados «subsidios» (en realidad son subvenciones) al cine, pero a la vez les parece «natural» que el Estado renuncie al fomento de mercado interno audiovisual (que fortalecería iniciativas de productoras nacionales con material diversificado, puestos de trabajo y acceso cultural descentralizado) para abrazar abiertamente desde el Estado el desarrollo del gran empresariado comercial y el extractivismo que no deja excedente en el ámbito nacional, no genera una proporción considerable de empleo y destruye los ecosistemas de una manera irreparable.
En segundo lugar, es evidente el sesgo anticultural que tienen estos neoliberales al indicar que no consideran en ningún caso que se deba subsidiar a las producciones culturales porque no son una necesidad básica. Esa es una falacia lógica. Sería mejor que reconocieran su sometimiento colonial al consumo impuesto por el oligopolio global de las industrias creativas y su desprecio por fomentar una cultura pública de calidad a nivel nacional. No es necesario contraponer cultura con alimentación, salud o vivienda, si resulta evidente que en su articulación todas ellas pueden potenciar su impacto en la sociedad. Además, en un país donde la precariedad laboral es tan marcada (75% al 2023, la segunda tasa más alta de Latinoamérica), el impulso del Estado a las artes e industrias culturales podría consolidar un mercado interno y ampliar puestos laborales, y ello generaría una circulación no solo de «bestsellers» sino de una diversidad de estéticas y narraciones que fortalecen nuestras identidades. Además, el Estado por lo menos no debería abdicar en su tarea de corregir las asimetrías del mercado, más aún cuando las condiciones de competencia son profundamente injustas (la infraestructura cultural en el país es mínima y está centralizada, las salas comerciales denigran a las películas peruanas con horarios no competitivos, no existen incentivos para la formalización de empresas u asociaciones culturales, etc.). Por eso es importante que el Estado no solo mantenga y amplíe los subsidios, sino que construya un Programa Nacional de Fomento de las Artes e Industrias Culturales, en articulación con los ministerios de Economía y de la Producción, con un enfoque descentralista. Pero, muy lejos de ello, la ley Tudela de Avanza País no solo intenta restar el mínimo apoyo que actualmente otorga el Estado sino que además se opone abiertamente al cine indígena y en lenguas originarias.
Las lecciones dolorosas que estamos teniendo como país son reiteraciones históricas y nos señalan que gran parte de las causas de nuestros profundos problemas son culturales: las múltiples y mortales discriminaciones, el débil sentido de comunidad nacional, la inconclusa tarea de construir una cultura democrática basada en la justicia social, la destrucción de nuestra capacidad asociativa, entre otras. El Estado neoliberal que se impuso en 1992 no solo ha contribuido a estas causas sino que pretende naturalizarlas. Por eso, hoy que está en crisis esta forma de Estado se ha intensificado la arremetida cultural con un conjunto de ataques que tergiversan la historia reciente, que buscan eliminar las libertades y los derechos de las mayorías, que estigmatizan minorías, que desprecian la diversidad de nuestras culturas y que finalmente justifica (o guarda silencio ante) las muertes de compatriotas. Por eso es tan importante que defendamos los derechos culturales como una forma de afirmar una salida democrática frente a la actual crisis y que, al mismo tiempo, promovamos condiciones justas de producción y acceso a una cultura pública y descentralizada desde las artes y las culturas. En las salas de cine, en los centros culturales, en los conciertos, en las plazas y calles está el verdadero parlamento de nuestros pueblos. Contrario a lo que dicen los neoliberales («los derechos son gastos»), nos toca decir que los derechos culturales son el corazón de la democracia que queremos construir.
