Andy Philipps Zeballos
En el Estado peruano, no es frecuente que la implementación de una política pública sea evaluada de manera sostenida mediante indicadores; menos aún que esos resultados permitan advertir mejoras concretas en las capacidades institucionales para prevenir y enfrentar la corrupción. No obstante, hoy tengo el privilegio de poder contar una experiencia de este tipo.
Vamos por partes. La Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción es el instrumento rector en Perú para fortalecer la ética, transparencia y sanción de inconductas en el Estado. Busca una administración pública íntegra, enfocada en el valor público, la confianza ciudadana y la reducción de la corrupción en todas las entidades públicas a través del Modelo de Integridad[1].
Esta política tiene como órgano encargado de promoverla, regularla y supervisarla a la Secretaría de Integridad Pública, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, la cual, cada año, publica el Reporte Nacional de Implementación del Modelo de Integridad, en el que no solo analiza el nivel de implementación alcanzado por cada institución, sino que también las clasifica según la puntuación obtenida.
En este contexto, luego de 3 años a cargo de la Oficina de Integridad del Gobierno Regional de Arequipa (en adelante, GRA), la entidad alcanzó el primer lugar en el ranking de integridad, así como el de portales de transparencia a nivel de gobiernos regionales en 2025.
Este resultado, además de significar un reconocimiento al esfuerzo colectivo de muchas personas por fortalecer una cultura institucional orientada a la transparencia y la integridad, me animó a escribir algunas lecciones que pueden ayudarnos a combatir la corrupción en un gobierno regional o local:
- Independencia de los financistas de campaña: uno de los mecanismos más comunes de la corrupción empieza en el financiamiento de la campaña electoral, donde se sella un pacto entre el donante (empresarios, proveedores, etc.) quien espera conseguir contratos una vez que el/la candidato/a gane la elección.
De esta manera, la distribución de las “oportunidades” en el gobierno, – especialmente de las compras y contrataciones menores a 8 UIT- no pasa por una lógica meritocrática, sino por un intercambio de favores donde, normalmente, el rendimiento y la eficiencia brillan por su ausencia. Así que tu primera misión, quizá la más difícil, será lograr que los proveedores pasen por concurso y los procedimientos legales sin ventajas. Que gane el mejor.
- Sostén tu discurso con hechos: una de las principales demandas de la ciudadanía peruana es combatir la corrupción para garantizar que los recursos públicos se traduzcan en más obras y mejores servicios. Por ello, muchos candidatos y autoridades buscan construir una imagen de honestidad y “mano dura” frente a la corrupción mediante discursos, promesas y medidas que, en la práctica, rara vez son evaluadas.
Sin embargo, cuando esa imagen no se corresponde con una gestión íntegra y firme frente a las malas prácticas, no solo surgen cuestionamientos desde la prensa, sino también desde la propia ciudadanía, que percibe la incoherencia. Igual de importante es el mensaje que se transmite al interior de la institución: un liderazgo permisivo termina “bajando la valla” de lo aceptable y alimentando la sensación de impunidad entre gerentes y jefes de oficina.
- La afinidad programática por encima de la personal: Aunque hoy pueda sonar romántico, el programa —es decir, la respuesta a la pregunta “¿para qué quieres el poder?”— debería orientar todo lo demás: el equipo, las políticas, las obras y, por supuesto, la comunicación. El programa tendría que sintetizar el horizonte colectivo, las razones para avanzar hacia él y las características de la nave que permitirán llegar a destino.
Sin embargo, predomina la percepción de que, una vez en el cargo, otros criterios terminan imponiéndose. No solo porque “una cosa es con guitarra y otra con cajón”, sino también porque las presiones del ejercicio del poder suelen diluir la fuerza de las propuestas iniciales, mientras que las afinidades personales acaban prevaleciendo.
- Utiliza las nuevas tecnologías: en los últimos años, tanto dentro como fuera del Estado, se han creado herramientas digitales pensadas para una gestión más eficiente y proba de los procesos públicos. Muchas de ellas se encuentran alojadas y listas para ser descargadas en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) de forma gratuita. Fuera del Estado hay otras tantas más como “Reacciona” o SICOTI, impulsadas, por cierto, por jóvenes y mujeres.
- Empodera a tu oficina de integridad, de control interno y a la ciudadanía. Desde el inicio de la gestión, presenta a los responsables de estas áreas ante el equipo directivo y promueve una relación de trabajo colaborativa que permita no solo cumplir con los indicadores de integridad y control interno, sino también transparentar los avances y desafíos identificados durante la gestión. Asimismo, asegúrales los recursos humanos, técnicos y presupuestales necesarios: invertir en estos órganos no solo fortalece la institucionalidad, sino que también representa un ahorro a largo plazo en corrupción, crisis y explicaciones incómodas.
El Estado no es una entidad ajena a la sociedad, sino una creación histórica de esta para responder a sus intereses y demandas. Por ello, además de rendir cuentas de manera permanente, debe promover mecanismos de participación ciudadana, como las veedurías, así como garantizar la transparencia a través de, por ejemplo, la transmisión en vivo de procesos que van desde la evaluación de agentes económicos en Procompite a los exámenes de manejo para la obtención de licencia de conducir. La transparencia no se proclama: se demuestra en cada acción de gobierno.
Por último, procura rodearte de personas sensatas y consecuentes, especialmente para las decisiones más críticas. Toda gestión necesita asesores capaces de decirte, con honestidad y sin temor, cuándo te estás equivocando.
Estas son algunas de las lecciones que me llevo del GRA. Si tienes una propuesta o quieres compartir una reflexión conmigo para combatir la corrupción en los gobiernos regionales, así como para luchar contra la trágica idea de “es lo que hay”, puedes escribirme a apz.cienciapolitica@gmail.com
[1] El Modelo de Integridad es un conjunto articulado de orientaciones, componentes y herramientas diseñado para fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de las entidades públicas contra la corrupción. Basado en nueve componentes claves—incluyendo el compromiso de la alta dirección, políticas de integridad, y gestión de riesgos—busca fomentar una cultura organizacional ética y transparente, bajo la supervisión de la Secretaría de Integridad Pública.
