Marco Chevarría Lazo
Mag. Derecho – Mag. Ecología.
Defensor del Patrimonio – MINCUL
El reciente Decreto Legislativo que promueve la inversión privada en bienes públicos del Patrimonio Cultural de la Nación ha sido presentado como una solución pragmática frente a la falta de recursos del Estado para conservar nuestros monumentos, sitios arqueológicos y espacios históricos.
Sin embargo, detrás de este aparente avance se esconden riesgos profundos que merecen un debate público urgente.
El primer problema es estructural: el nuevo enfoque prioriza inevitablemente los sitios con mayor potencial turístico o comercial.
OJO:
Allí donde haya rentabilidad, habrá inversión. Pero ¿qué ocurre con los cientos de sitios arqueológicos, paisajes culturales rurales o bienes patrimoniales de enorme valor histórico y científico que no generan ingresos?
La consecuencia es una peligrosa jerarquización mercantil del patrimonio: se conserva lo que vende, se abandona lo que no rinde.
La protección deja de basarse en el valor cultural y pasa a depender del mercado.
Un segundo riesgo es la reducción del control público sobre decisiones técnicas fundamentales. Aunque el decreto mantiene formalmente la rectoría del Ministerio de Cultura, al transferir gestión, financiamiento y operación al sector privado se genera una dependencia estructural de intereses económicos. Las decisiones que deberían responder a criterios de conservación, investigación y protección de largo plazo pueden terminar subordinadas a la rentabilidad, al posicionamiento turístico o a la viabilidad comercial. Es una forma sutil de captura privada de la gestión patrimonial.
Quizá el aspecto más preocupante es la ambigüedad del concepto de “puesta en valor”.
OJO:
Bajo esta etiqueta pueden justificarse usos claramente incompatibles con la conservación: restaurantes dentro de sitios patrimoniales, hoteles en zonas de amortiguamiento, eventos masivos en monumentos frágiles, estacionamientos, iluminación escénica o infraestructura turística invasiva. Todo puede presentarse como valorización cultural, cuando en realidad implica alteraciones físicas, pérdida de autenticidad, sobrecarga de visitantes y deterioro irreversible.
El patrimonio corre el riesgo de convertirse en simple plataforma de negocios.
A ello se suma una omisión grave: el decreto casi no integra la dimensión del patrimonio natural ni de los paisajes bioculturales.
En un país como el Perú, donde cultura, agua, agricultura y ecosistemas forman una unidad inseparable, esta fragmentación es especialmente peligrosa. Sitios arqueológicos conviven con parcelas agrícolas y sistemas hídricos ancestrales. Promover inversiones culturales sin articularlas con la protección ambiental puede alterar dinámicas hidrológicas, presionar ecosistemas frágiles y degradar paisajes históricos.
Los estándares internacionales son claros.
La UNESCO, ICOMOS y los enfoques de paisaje cultural establecen que la conservación debe primar sobre el aprovechamiento económico, que el uso debe ser compatible con la protección y que el patrimonio no puede gestionarse aislado de su entorno natural y social.
El decreto, en su forma actual, se aleja peligrosamente de estos principios.
Nadie niega que se necesitan recursos para salvar nuestro patrimonio del abandono. Pero convertirlo en un activo turístico gestionado por el mercado no es una política de conservación, es una apuesta de alto riesgo.
Urge incorporar salvaguardas ambientales, límites claros a los usos comerciales, participación de las comunidades locales y una visión integral del territorio.
De lo contrario, bajo el discurso seductor de la “puesta en valor”, podríamos estar asistiendo a una silenciosa privatización funcional de nuestra herencia cultural y natural. Y ese sería un precio demasiado alto para pagar.