Alvaro Campana Ocampo
Derrotar el autoritarismo y la corrupción en el Perú exige hoy la construcción de un proyecto de cambio radical. Esta no es una consigna vacía, sino una urgencia histórica. Nuestro país arrastra una crisis larga y dolorosa que ha logrado normalizar lo inaceptable: una política secuestrada por intereses privados, un Estado que abandona a su pueblo y una economía que se celebra en cifras macroeconómicas mientras precariza la vida cotidiana de millones de peruanas y peruanos.
La gente trabaja, pero no le alcanza. El costo de vida sube, los salarios se estancan y el empleo es cada vez más inseguro. La salud, la educación y la seguridad pública se encuentran en crisis permanente, erosionadas por una corrupción sistémica que atraviesa al Estado. Décadas de un crecimiento económico “falaz”, como advertía Basadre, no se tradujeron en bienestar ni en derechos, sino en una desigualdad más profunda, en vulnerabilidad y en territorios históricamente postergados.
El estallido social de los últimos años terminó de desnudar esta realidad. Vimos actuar a un Estado criollo, represor y racista, capaz de asesinar a sus propios ciudadanos para garantizar la continuidad de privilegios y prebendas. Se criminalizó la protesta, se negó el diálogo y se respondió con balas a demandas legítimas. Eso no es democracia, es autoritarismo.
Desde el Cusco, y desde el sur del país, la indignación es doble. A pesar de nuestras enormes riquezas naturales, culturales y humanas, seguimos siendo tratados como una periferia extractiva. El gas de Camisea cruzó nuestro territorio sin beneficiar a nuestras comunidades, enriqueciendo a redes de corrupción y a grandes transnacionales. Nuestro patrimonio cultural, como Machu Picchu, está amenazado por la voracidad de “pirañas y tiburones” que buscan convertirnos en un simple parque temático para el mercado, mientras la anemia y la desnutrición infantil continúan siendo una vergüenza nacional. Un Cusco que abandona su agricultura familiar y campesina no tiene futuro.
Frente a este escenario, la respuesta es clara y contundente: ¡Basta! El Perú no necesita más parches ni reformas cosméticas. Necesita una refundación profunda, sustentada en un Nuevo Pacto Social que devuelva la soberanía al pueblo. Esa refundación pasa necesariamente por un Proceso Constituyente democrático, participativo y legítimo. La actual Constitución, ya desfigurada por quienes usurpan el poder constituyente para servir a una minoría, ha agotado toda posibilidad de reforma real. Un Estado subsidiario, centralista y capturado por una oligarquía lumpen no da para más.
Publicado inicialmente el 15/12/25 en alvarocampanaocampo.pe