Alonso Marañon Tovar
Para comprender la caótica situación peruana se vuelve necesario contar cómo las opciones de centro y de izquierda perdieron la oportunidad de solucionar la crisis y cómo la inorgánica ultraderecha controla la política peruana desde el 2023. Perú es un laboratorio en la región, junto a Ecuador y Argentina, donde se está experimentando con nuevas formas autoritarias. No es casualidad que en Perú y Ecuador estén ocurriendo simultáneamente 1) crisis de seguridad ciudadana, 2) destrucciones de la democracia y 3) violaciones a los derechos humanos en manifestaciones contra gobiernos de ultraderecha. En ese sentido, la experiencia peruana podría servir como referencia de lo que las ultraderechas pueden hacer en otros países, considerando que estas están coordinadas internacionalmente.
El Origen (2016-2019)
La crisis en Perú comienza en 2016 con el triunfo ajustado de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por sobre Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales. A pesar de que ambos eran candidatos de la derecha, Fujimori decidió llevar al fracaso el gobierno de PPK, para lo cual contaba con su agrupación Fuerza Popular que era mayoría en el congreso. El poder legislativo hostigó al gobierno de todas las formas posibles y PPK indultó al ex dictador Alberto Fujimori –condenado por crímenes de lesa humanidad- en un intento por dividir al fujimorismo. El conflicto fue intensificado cuando se destaparon los escándalos de corrupción en torno al caso internacional Lava Jato que implicaron a PPK (entre otros), lo que llevó a su renuncia en Marzo de 2018.
La crisis política continuó con la gestión de Martín Vizcarra, vicepresidente de PPK y quien accedió a la presidencia. A diferencia de PPK, Vizcarra decidió atacar al congreso y apoyarse en la aprobación de la opinión pública. Vizcarra impulsó reformas políticas sobre la justicia, la transparencia de los partidos y contra la reelección de los congresistas. Asimismo, apoyó las marchas ciudadanas que solicitaban el cierre de un congreso que -inéditamente desde el inicio de la democracia en el 2001- comenzó a interpretar la constitución a su gusto. El conflicto culminó con el cierre constitucional del Congreso por parte del Poder Ejecutivo en septiembre de 2019, una medida que gozó del apoyo del 84% de la ciudadanía.
Vizcarra entusiasmo a gran parte del país con la promesa centrista de combate a la corrupción, las reformas institucionales (como la educativa) y la estabilidad macroeconómica. Paralelamente, casi toda la totalidad de redes y vehículos de la derecha comenzó a odiar a Vizcarra por el cierre del congreso: haber tocado al fujimorismo y a la corrupción era imperdonable. El discurso de la ultraderecha fue ganando terreno entre toda la derecha, donde se alucinaba que Vizcarra controlaba el país en alianza con los “caviares” (progresistas) y la izquierda. El discurso tenía asidero en un contexto donde muchos intereses fueron tocados por acciones que tuvieron el apoyo presidencial: las acciones de la fiscalía por el caso Lavajato tocaron al APRA y al fujimorismo, las reformas para cambiar al corrupto Consejo Nacional de la Magistratura tocaron a políticos y jueces, y las reformas de la Superintendencia Nacional de Educación (SUNEDU) tocaron a rectores y dueños de universidades coludidos con políticos y empresarios. Un ánimo autoritario y descontrolado comenzó a tomar forma ante tímidos intentos reformistas que contaron con gran apoyo de la opinión pública.
La Oportunidad Perdida del Centro (2019-2021)
Ante el cierre del congreso, se realizaron elecciones complementarias para terminar el periodo 2016-2021 y un congreso más hostil y fragmentado que el anterior fue elegido. Vizcarra cometió el grave error de no haberse aliado con alguna inscripción electoral y no tuvo bancada propia. La pandemia del COVID-19 llegó en Marzo del 2020 y Perú se convirtió en uno los países más afectados a nivel mundial. A pesar de esto, y en un contexto donde no se conocía tanto de los casos de corrupción de Vizcarra como hoy, la gestión de Vizcarra fue muy popular y su aprobación se elevó a más del 70%. Esta descendió a mediados del 2020 y el nuevo congreso aprovecho para invocar nuevamente la vacancia por “incapacidad moral permanente” -establecido en la constitución y usado contra PPK- contra Vizcarra. La incapacidad moral no estaba regulada y podía ser lo que la mayoría del congreso quisiera que fuere. En Noviembre del 2020 Vizcarra fue vacado en un momento que contaba con más del 50% de aprobación en las encuestas y se produjo un estallido. El nuevo presidente Manuel Merino, quien era presidente del congreso y asumió ante la falta de vicepresidentes, renunció al sexto día de su gestión ante la presión de las calles y el asesinato de dos jóvenes por la represión policial en Lima.
La posición centrista todavía tendría una proyección posterior a través de la presidencia de Francisco Sagasti. Él fue un congresista de una bancada minoritaria opuesta a la vacancia de Vizcarra, por lo que estuvo legitimado para convertirse en presidente hasta las elecciones del 2021. Sagasti llegó con un discurso sobre la transición democrática, la vacunación y la recuperación económica. No obstante, a los 2 días del nuevo gobierno, el Tribunal Constitucional dictaminó que no regularía la “incapacidad moral permanente”. El presidente no convocó a la movilización social y el arma predilecta de la ultraderecha quedó intacta.
Castillo y el fracaso de la izquierda (2021-2022)
Luego llegaría el turno de las fuerzas de izquierda y de sectores populares, cuando el dirigente magisterial Pedro Castillo llegó a la presidencia en julio del año 2021. Castillo hizo una campaña de promesas generales y contradictorias, pero que tuvieron el mensaje de que la justicia social finalmente llegaría de la mano de un hombre del pueblo. Desde la segunda vuelta contra Keiko Fujimori, Castillo sufrió una agresión muy fuerte de los poderes fácticos y de la ultraderecha, quienes inventaron un supuesto fraude electoral. Esto permitió desgastar al nuevo gobierno incluso antes de la juramentación oficial.
Era claro para este momento que el discurso de la ultraderecha era hegemónico entre los que se posicionaban en la derecha. El ánimo de revancha del nuevo congreso -con fuerte presencia de la ultraderecha- era grande por lo ocurrido con Vizcarra y Sagasti, al punto que la presidenta del congreso no le permitió a Sagasti entrar al congreso en el cambio de mando presidencial. Las herramientas constitucionales para vacar a Castillo estaban ahí, intactas a pesar de tanta presión ciudadana, y fueron utilizadas rápidamente.
El liderazgo de Castillo fue, por decir lo menos, incoherente y vacilante en momentos críticos. Al iniciar su presidencia Castillo no hizo nada cuando la oposición de ultraderecha se quedó con la mesa directiva del congreso, ni tampoco cuando reformaron la constitución para quitarle al presidente su capacidad de disolver el congreso. A pesar de algunos discursos con el estilo del populismo latinoamericano, el gobierno iba perdiendo posiciones rápidamente. En lo que sí fue exitoso Castillo, fue en sostener el apoyo de los sectores populares que lo llevaron a la presidencia. Mientras tanto, los grupos que lo acompañaron en las elecciones se enfrascaron en disputas por los cargos del Estado: algunos promovieron sus carreras personales, otros impulsaron algunas políticas sectoriales y hubo quienes solo llegaron a robar.
Así, después de un año y medio donde el gobierno se dedicó a sobrevivir a los constantes ataques mediáticos, judiciales e intentos de vacancia, finalmente llegó la hora de Castillo. Este, al parecer asustado por las conspiraciones estatales de vacancia, terminó dando un discurso sobre un golpe de estado sin tener el respaldo de los militares. El Congreso aprovechó esta oportunidad y vacó a Castillo, justificando su acción en nombre de la democracia. Castillo fue capturado por la policía y hasta el día de hoy está encarcelado con prisión preventiva.
El turno de la ultraderecha (2023-2025)
Dina Boluarte, la vicepresidenta de Castillo, pacto con el congreso para ser presidenta y terminar de hundir al Poder Ejecutivo. Inmediatamente después de la caída de Castillo, ocurrió el estallido social entre Diciembre del 2022 y Marzo del 2023 con epicentro en el sur andino, los territorios que siempre apoyaron a Castillo. No obstante, Boluarte y el congreso resistieron mediante el asesinato de 50 manifestantes y cientos de heridos. En los dos años que Dina Boluarte gobernó, el congreso se dedicó a establecer una serie de leyes antidemocráticas y pro crimen organizado. En primer lugar, el congreso tomó el control de los órganos independientes como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación. El discurso del congreso ha sido que están “descaviarizando” el Estado, lo que significa deshacer la institucionalidad democrática. Asimismo, el congreso reformo la constitución y creó un senado de amplios poderes, planeando así que los grupos políticos que hoy están en el congreso puedan seguir después de las elecciones del 2026.
En segundo lugar, el congreso y la presidencia aprobaron leyes para blindar los crímenes de sus miembros. Entre las medidas clave de este blindaje se encuentra la Ley 31751 que facilitó la prescripción del delito con aplicación retroactiva. Luego, la Ley 31990 limitó el plazo para la colaboración eficaz a solo ocho meses prorrogables, lo que en la práctica reduce los plazos para esta medida y beneficia a muchos políticos con investigaciones en curso. Además, el Congreso aprobó la Ley 32054, por la cual los partidos ya no pueden ser procesados como organizaciones criminales. Finalmente, la Ley 32108, denominada «ley pro crimen organizado», buscó resguardar a los grupos del congreso en las investigaciones judiciales al requerir la presencia del investigado y su abogado durante los allanamientos fiscales, y al limitar la definición de organización criminal para excluir delitos de corrupción o tráfico de influencias con penas menores a seis años.
A la par que todas estas leyes se aprobaban, Perú vivió el incremento de todos los índices criminales. No solo el congreso actuó, sino que el gobierno y el Ministerio del Interior abdicaron en la práctica de todas sus responsabilidades. Por ejemplo, entre 2023-2025 hubo 5424 homicidios, una cifra mucho mayor que todos los anteriores gobiernos.[1] Los asesinatos de choferes de buses públicos, en un sistema de transporte sin regulación y con pago en efectivo, se volvieron comunes frente a una ola de extorsiones. Los transportistas comenzaron a protestar desde 2024 contra el gobierno pero no hubo respuesta. Las noticias criminales han copado la conversación cotidiana y ha desaparecido cualquier rastro de una discusión sobre reformas políticas y económicas al respecto. Es un retroceso al considerar que el 2014 se tuvo alguna discusión sobre reformar el sistema de transporte en Lima y hoy en cambio lo que aparentemente se busca es volver a la normalidad de un tráfico inhumano pero sin extorsiones.
El Futuro Incierto
En las últimas semanas el escenario de protestas en Lima estuvo protagonizado por los transportistas y por los jóvenes de la Generación Z con la bandera de One Piece. Aunque cada uno protestaba por separado, y no eran manifestaciones masivas pero sí combativas, esto fue preparando el terreno para la gran marcha del Jueves 16 de Octubre. Otra marcha ocurrió el Sábado 25 de Octubre en Lima, pero tuvo poca asistencia. Parece claro que todos los sectores relativamente organizados están poniendo sus esfuerzos en las próximas elecciones generales.
Las estrategias de cambio no son claras por el momento. El próximo año concurren 38 listas electorales. El alcalde ultraderechista de Lima, quien lidera las encuestas presidenciales, tiene apenas 10%. Los grupos que se declaran de oposición frontal a los partidos que hoy gobiernan en el Congreso están divididos y disminuidos. El centro, la izquierda, y los aliados de Castillo no tienen muchos candidatos conocidos a nivel nacional ni regional. Respecto a las ideas, el centro juega con derogar las leyes más perjudiciales del congreso actual, mientras que la izquierda combina esto con la asamblea constituyente. Pero cómo hacerlo, bajo qué plataforma hacerlo, en qué tiempo hacerlo y quiénes liderarán ese proceso es una tarea pendiente aún. El escenario es nuevo: la presidencia está disminuida, el senado tendrá mucho poder y se vive una ola criminal. Al menos, si alguna lección progresista deja las experiencias de Vizcarra, Sagasti y Castillo, es que se necesita un liderazgo de confrontación, un plan convocador de la ciudadanía y una bancada disciplinada para contraatacar a la ultraderecha. Por algo será que Vizcarra y Castillo mantienen un considerable apoyo social, a pesar de todo lo ocurrido.