Alvaro Campana Ocampo
De comer mierda estamos hartos ya
La rabia avisa que es hora de comenzar
Y sus esquemas no los vamos a tragar
Y en vuestras leyes no vamos a creer”Eutanasia
Desde la imposición de Dina Boluarte en el Ejecutivo, la consolidación de una dictadura parlamentaria y la toma directa del poder por parte de los “tiburones y pirañas” de los poderes fácticos —económicos, políticos, militares y mediáticos—, se ha afianzado sin mayor resistencia una Coalición Criminal y Reaccionaria. Tras los asesinatos cometidos por las Fuerzas Armadas y Policiales durante el estallido social entre diciembre de 2022 los primeros meses de 2023, y la posterior desmovilización, esta coalición ha capturado instituciones del Estado, manipulado la Constitución a su antojo, aprobado leyes que promueven el crimen y la impunidad, vulnerado derechos fundamentales, preparado un escenario electoral fraudulento y favorecido descaradamente a los grandes intereses económicos. Todo ello con el objetivo de perpetuarse en el poder.
Las acciones que se vienen ejecutando desde el aparato estatal son innumerables y atentan directamente contra los derechos y el futuro de la mayoría de peruanos y peruanas. El país se hunde en la precariedad, la inseguridad y la corrupción, mientras una lumpen-oligarquía se enriquece sin pudor. Conscientes de su casi absoluto control, ya ni siquiera guardan las formas: actúan con total desvergüenza haciendo ostentación de su prepotencia y de sus corruptelas.
Sin embargo, algo comienza a cambiar. Inspiradas por la ola de protestas globales —como las de Indonesia y Nepal, donde los manifestantes incendiaron el parlamento usando la simbología del manga “One Piece” donde los protagonistas luchan contra el abuso de poder— y con una fuerte presencia juvenil, en Perú, especialmente en Lima, se vivieron movilizaciones potentes el 13, 20 y 21 de septiembre. Estas fueron detonadas por hechos que evidencian el hartazgo ciudadano frente a tanta impudicia.
La reforma del sistema de pensiones promovido por el fujimorismo —un robo descarado del dinero de trabajadores formales e informales para beneficiar a las AFPs—, la destitución de la Fiscal de la Nación, el incremento de la inseguridad, el abuso y la impunidad con que actúan congresistas, ministros, la presidenta y una policía profundamente corrompida, así como la burla constante de personajes como Keiko, Porky o Acuña, han provocado movilizaciones que, aunque brutalmente reprimidas, prometen escalar. El protagonismo de la “generación Z” ilumina la posibilidad de que el Perú deje de tolerar que los delincuentes que nos gobiernan sigan actuando impunemente a costa de la mayoría y del futuro.
La insurgencia democrática, que parecía dormida, vuelve a despertar. Y hoy, más que nunca, es urgente. La coalición en el poder sigue avanzando: ha colocado a un “cuello blanco” como Fiscal de la Nación y viene fraguando un fraude electoral desde hace tiempo. Pero el cántaro ha comenzado a romperse, y la movilización popular se desborda.
Lamentablemente, las izquierdas siguen atrapadas en la lógica electoral, desconectadas del ánimo ciudadano que podría perderse nuevamente en un estallido sin dirección clara. Las elecciones no resolverán los problemas del país; al contrario, podrían profundizarlos. No se trata de evadirlas, sino de enfrentarlas con claridad estratégica. Si realmente queremos salir de esta pesadilla, debemos ampliar la insurgencia democrática: fortalecer la protesta, la desobediencia civil, poner en evidencia las trapacerías de los delincuentes que están en el poder, denunciar el fraude en curso y plantear con urgencia una salida constituyente. ¡Los viejos a la tumba (si es necesario), los jóvenes (lo que no es un asunto etario) a la obra!
