Pier Paolo Marzo R.
Designar a Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos, es un desafío o incluso, burla a la justicia y a los derechos humanos. En efecto, dicho personaje tiene un recorrido objetivamente contradictorio con cualquier idea de justicia y de derechos. No fue casualidad su apodo de “fujitroll” por su afición de insultar a críticos de Keiko Fujimori, de quien fue asesor para su plan de gobierno en materia de seguridad. Ni el de “ministroll” por su uso de las plataformas de difusión del Ministerio del Interior para seguir insultando, esta vez a detractores de Dina Boluarte y a críticos de sus acciones y resultados en el Ministerio del Interior. Estas prácticas son las menos graves en su prontuario. Al momento, cuenta con tres investigaciones penales abiertas:
1) Por tráfico de influencias, al haber presuntamente cobrado 20 mil dólares para incidir en el Tribunal Constitucional y el Instituto Nacional Penitenciario en favor de ex defendidos por su estudio de abogados cuándo se dedicaba a la defensa legal de denunciados por corrupción, abuso de autoridad y otros delitos. En este proceso cuenta con una medida de impedimento de salida del país por 18 meses.
2) Por abuso de autoridad al tomar represalias contra el capitán PNP Junior Izquierdo tras la difusión de audios en los que indicaba medidas para controlar o intimidar a periodistas críticos de su gestión.
3) Por negociación incompatible al contratar corruptamente a una persona en el Ministerio del Interior.
Si lo anterior contradice las exigencias mínimas de cualquiera con una responsabilidad en el sector Justicia, sus desastrosos resultados en el sector Interior lo descalifican para atender temas de derechos humanos. En febrero de 2025, semanas antes de ser censurado por el Congreso, el 87% de los peruanos y las peruanas consideraba que debería renunciar o ser destituido y el 74% de las personas encuestadas percibía un incremento de la delincuencia durante su gestión. Esta se caracterizó por desactivar la principal unidad de investigación policial de organizaciones criminales, la DIVIAC y promulgar todas las leyes en favor de la criminalidad organizada emitidas por el Congreso. Precisamente, su defensa legal de policías acusados de pertenecer a organizaciones criminales supone un riesgo evidente en su designación como ministro de Justicia y Derechos Humanos. El caso más emblemático fue su defensa de miembros de la organización criminal conocida como “K&K”, brazo policial de la organización “Los Pulpos”. Sin duda, Santiváñez tiene un grosero conflicto de interés con la responsabilidad ministerial en la política penitenciaria.
Cabe recordar que el Instituto Nacional Penitenciario es un órgano de línea del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También dependen de este ministerio los distintos servicios de la Defensa Pública, la reparación a las víctimas de la violencia política, la búsqueda de personas desaparecidas y la representación del Estado en instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde los representantes del Estado acaban de hacer un vergonzoso papelón. Y están adscritos al mismo, la Procuraduría General del Estado, ente rector del sistema de defensa Jurídica del Estado; la Autoridad Nacional de Transparencia y Protección de datos; el Tribunal de Transparencia; y la Superintendencia de Registros Públicos. Estas entidades cuentan con titulares con plazos legales fijos, por lo que no deberían correr riesgos políticos, aunque dados los antecedentes y el comportamiento arbitrario de los operadores del régimen, eso ha dejado de ser garantía de independencia funcional. La investigación por tráfico de influencias abierta contra el actual titular del sector, alerta sobre riesgos de uso de la posición ministerial para buscar beneficios indebidos en cualquiera de esas entidades. O, en general, para perjudicar los derechos de las personas a quiénes el Ministerio debe atender.
Adicionalmente, su cercanía con la presidenta Dina Boluarte y su hermano Nicanor, ambos investigados por diversos delitos (aunque la primera acabada de blindar por el Tribunal Constitucional), hace suponer que su designación es un paso más hacia la impunidad como principal distintivo del régimen. Olvidando la frase del precursor de la Independencia, José Baquíjano y Carrillo, cuyo retrato podemos buscar entre las monedas de un sol: «El pueblo es un resorte, que forzado más de lo que sufre su elasticidad, revienta destrozando la mano que lo oprime y sujeta.”