Álvaro Campana Ocampo
La reciente escalada en el intento de recaptura ilegal e “inconstitucional” de la Fiscalía de la Nación nos plantea preguntarnos: ¿Qué orden constitucional estamos defendiendo en el Perú? Si bien es imperativo salvaguardar los escasos espacios democráticos que persisten, la realidad es que el país opera bajo una «nueva versión de la constitución fujimorista» con más de sesenta articulos cambiados en los últimos años por un congreso que no es expresión del poder constituyente y que, como su antecesora es producto del autoritarismo, del desconocimiento del voto popular, de la usurpación del poder constituyente por una coalición derechista (congreso-ejecutivo) y mafiosa que ha reforzado un régimen en el que proliferan las mafias, el autoritarismo y la vulneración de derechos.
Este orden constituido que impera hoy en el Perú no surgió de la noche a la mañana. Es la culminación de un «golpe de estado estratégico» orquestado e implementado desde 2016 para retornar a una versión más autoritaria del régimen neoliberal. ¿Cómo entender sin este contexto el Merinato, el asedio implacable contra el expresidente Pedro Castillo, su eventual caída, y los subsiguientes cambios constitucionales diseñados desde el congreso para asegurar el poder y capturar instituciones clave, poniéndolas más abierta y descaradamente que nunca al servicio de los poderes fácticos, tanto los tradicionales como los emergentes?
El ‘desgobierno’ de Dina Boluarte y la consolidación del poder casi omnímodo del Congreso marcaron el inicio de un arrasamiento aún más sistemático de derechos, instituciones y recursos en el país. El asesinato de peruanos y peruanas que protestaban en el ‘estallido social’ tras la caída de Castillo fue un punto de partida de este momento. La implementación de una agenda autoritaria, reaccionaria, mafiosa y criminal no deja dudas sobre la dirección que ha tomado el país. El reciente ataque a la Fiscalía de la Nación es sólo el último capítulo de esta embestida, y de cara a las próximas elecciones, es evidente que la contienda no será competitiva: varios de los rivales han sido eliminados, el control de los organismos electorales es creciente y las reglas de juego electorales ajustadas a las posibilidades de quienes están en el congreso y sus “partidos” para mantener sus cuotas de poder.
El poder ha sido reconfigurado no solo para asegurar la continuidad de la coalición mafiosa a través de la manipulación del sistema político y electoral, sino también para sentar las bases de una expansión sin precedentes de la captura del Estado. Esto se logra concediendo aún más beneficios y privilegios a los grandes poderes económicos, ahora aliados con mafias emergentes (minería, tala ilegal, narcotráfico) que han trascendido la marginalidad y se integran a estos poderes fácticos. Su prioridad es la búsqueda de impunidad para sus latrocinios y crímenes. En esta vorágine, nada parece importar: ni el patrimonio histórico, como las líneas de Nazca; ni la destrucción de la Amazonía; ni la privatización del agua; ni el continuo despojo de las comunidades campesinas e indígenas.
Estamos inmersos en un contexto donde prima la fuerza desnuda, respaldada por los votos en el todopoderoso Congreso. Poco importa que este régimen y la coalición que lo dirige sean ilegales, ilegítimos y repudiados por las grandes mayorías. La aplicación del terror durante el estallido social, la continuación de los estados de emergencia y una eficiente maquinaria de criminalización y ‘terruqueo’ han sido sus instrumentos de imposición. A esto se suma un preocupante escenario internacional, donde a nadie parece interesarle exigir o cautelar algún estándar democrático o de derechos humanos, mientras que los que ejercen el poder en el Perú piden salir de los pocos y aún vigentes organismos internacionales que permiten exigir respeto a derechos fundamentales.Lo más grave es que las fuerzas que podrían frenar este arrasamiento se encuentran divididas, enfrentadas o simplemente prefieren no asumir plenamente las consecuencias de lo que está ocurriendo.
Como afirmamos, ya no hay un orden constitucional democrático que defender. Lo que quedan son apenas unos ‘espacios democráticos’. La actual ‘constitución’ no es ni siquiera la versión parchada del posfujimorismo, sino el resultado de una dictadura constituyente impuesta a sangre y fuego que parece retrotraernos a los noventa y aún peor. Por ello, lo que urge es abrir una salida constituyente para construir un orden democrático real y legítimo. Esto solo será posible mediante la convocatoria del poder constituyente, opuesto a este orden establecido. Las próximas elecciones no serán la solución a esta profunda crisis; serán, a lo sumo, un campo de acumulación.
Lo que el Perú necesita es una insurgencia democrática que desborde a quienes están acabando con las posibilidades de forjar una patria para todos. Para ello se deben juntar fuerzas, retomar la capacidad de movilización y desconocer crecientemente el actual orden, transitando de un momento principalmente destituyente a uno más claramente constituyente. Este es el desafío urgente que tienen por delante las fuerzas democráticas, progresistas, las nacional populares y las fuerzas de izquierda.