Pier Paolo Marzo R.
La captura de Erick Moreno Hernández (a) «El Monstruo», el 24 de septiembre, por una operación a cargo de la policía de Paraguay, ha confirmado en público algo que ya se sospechaba: existe un alto nivel de infiltración criminal dentro de la Policía Nacional del Perú. Y no se trata de casos aislados. Hemos sabido de la infiltración de «Los Pulpos» meses atrás, con al menos medio centenar de agentes identificados como involucrados con esa organización criminal, en La Libertad. Y cada mes nos enteramos de alguna banda integrada por policías. Por ejemplo, en agosto de 2025, nueve policías fueron detenidos (ocho suboficiales activos y un coronel retirado) por integrar la banda «Los Incorregibles de San Juan de Miraflores». La estadística de la propia Policía complementa estas informaciones: 993 policías detenidos entre enero y agosto de este año por presunta participación en diversos delitos, 1,382 denuncias formales contra personal policial en proceso de investigación y 532 policías retirados definitivamente por faltas graves tras procesos correspondientes. Y el año 2024, hasta septiembre, 165 policías estaban sometidos a un proceso disciplinario por la infracción muy grave 42: «facilitar, favorecer individual o grupal en hechos que afectan gravemente al orden público y la seguridad de las personas», es decir, vinculaciones con actos de corrupción, narcotráfico y otros delitos.
La mera infiltración criminal en la Policía no es de extrañar. Como indica el criminólogo Nicolás Zevallos, «Las organizaciones criminales saben que para sobrevivir deben reducir el riesgo de ser investigadas y capturadas. Y eso se logra comprando o infiltrando a los operadores del sistema: policías, fiscales, jueces. No es algo accidental. Es parte del modelo». Hay mucha literatura al respecto, en diversos países.
La infiltración criminal es parte de la corrupción policial, problema cuya extensión ha sido reconocida por la propia Policía, en cuyo censo del 2023, el 91.5% de los policías admitió que la corrupción es un problema real dentro de la institución. El año siguiente la Contraloría General ubicó a la Policía de Lima como la entidad del gobierno nacional con mayor riesgo de corrupción. Como en otros ámbitos, la corrupción, es decir, el aprovechamiento del poder que se tiene para un beneficio personal a costa de los demás, se potencia con la impunidad: Según el referido censo, el 57.5% de los policías considera que las sanciones contra la corrupción no se aplican efectivamente. A partir de esta constatación es que podemos implementar medidas que corten tanto con la corrupción generalizada como con la consecuente infiltración de organizaciones criminales.
Una de ellas es una reforma de los procedimientos disciplinarios. Según el Inspector General PNP, en diciembre de 2024 había más de 33,000 expedientes disciplinarios por resolver. Por ende, urge modificar la Ley 30714 que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, descentralizando en oficinas disciplinarias de las comisarías, adecuadamente equipadas, la sanción en primera instancia, dejando a las Inspectorías descentralizadas, en capitales de departamento, la segunda instancia. Ambos tipos de unidades con personal dedicado exclusivamente a funciones disciplinarias por períodos mínimos de 3 años.
Al mismo tiempo, ha de incentivarse al sector de policías que rechaza la corrupción y considera que es un deber denunciarla: un 20.1% de los policías, según el censo citado. Pero el 96% de policías cree que quienes cometen actos de corrupción deben ser expulsados de la institución. Con los primeros ha de reforzarse a las unidades de investigación y control interno, a quiénes les debemos las capturas reseñadas arriba.
Evidentemente, cualquier medida pasar por una depuración de los mandos: El 15.4% de policías admite haber recibido órdenes de su superior para realizar tareas fuera de la función policial (como la albañilería ordenada por el suspendido director general), incluyendo posibles actividades ilícitas. Eso implica separar a los ministros que consienten la corrupción institucional y eventualmente a la jefatura suprema de la institución que los protege. Para estas dos medidas la presión ciudadana, que ya logró una primera censura del ministro Santiváñez, será fundamental, ahora y en las próximas elecciones generales.