Álvaro Campana Ocampo
El régimen/modelo neoliberal en Perú se instauró mediante el autogolpe de 1992, liderado por Fujimori y Montesinos, un acto que significó el inicio de una «dictadura constituyente» que fue el punto culminante de un largo proceso iniciado con la caída de Velasco, marcado por políticas de ajuste y desajuste en los gobiernos anteriores al de la dictadura fujimorista y que se prolongará en «democracia» hasta hoy. La profunda crisis económica, social y política de finales de los ochenta, junto con la violencia política, la guerra sucia y el terrorismo de Sendero Luminoso y el terrorismo de estado, crearon las condiciones para esta instauración autoritaria.
Así, se impuso un proyecto desnacionalizador, desdemocratizador y antipopular, con el respaldo de las fuerzas armadas y los medios de comunicación. Esto facilitó un nuevo proceso de acumulación de poder político y económico basado en la corrupción, la privatización de activos públicos, el asesinato de líderes sindicales, la represión del movimiento popular y la violación de los derechos humanos.
De este modo, surgió una nueva «casta» económica y política, así como se propició el saqueo de nuestros bienes comunes por parte de empresas transnacionales y los grupos de poder económico. A millones de peruanos y peruanas se les prometió inclusión, pero lo que realmente se produjo fue una profunda precarización, sustentada en una economía popular individualista de subsistencia al margen del Estado. No obstante, siempre hubo resistencia a pesar del autoritarismo, la represión y la persecución que produjo con una intensa movilización la caída de la dictadura.
Este largo ciclo ha entrado en una posible crisis final. Tras años de neoliberalismo en «democracia», es crucial evaluar este periodo: ¿qué país, qué Estado, qué sociedad hemos construido? Como dijo Basadre, vivimos una «prosperidad falaz» que mostró sus límites desde 2016, con escándalos de corrupción, la caída de los precios de las materias primas y el intento del fujimorismo de asaltar el poder. La pandemia expuso finalmente la fragilidad del país y las miserias de quienes solo apuestan por lucrar. Se aceleró la crisis política agudizándose. Las posibilidades de cambio que se frustraron una y otra vez teniendo un serio revés con el fallido gobierno de Castillo y el golpe de estado parlamentario producido en diciembre de 2022.
Los grupos dominantes buscaron y buscan resolver la crisis cerrando los pocos espacios democráticos que quedan, reprimiendo la protesta y presentándose como garantes de la seguridad en un escenario internacional reaccionario en el que se denosta de los derechos humanos y prima principalmente o más que antes la fuerza desnuda.
Inseguridad, corrupción, desigualdad, degradación, autoritarismo y un Estado al servicio de mafias -grandes y pequeñas- son el saldo de milagrosos años de crecimiento económico y de una supuesta separación entre economía y política, con primacía de lo privado sobre lo público y de un envilecimiento individualista creciente de la sociedad.
En este nuevo 5 de abril, recordamos cómo Fujimori y Montesinos, un par de cacos y asesinos, con el apoyo de unas fuerzas armadas nuevamente al servicio de un país excluyente, racista y desigual, asaltaron el poder e impusieron un régimen/modelo en el que en el mundo ya nadie cree, ni sus promotores, debilitando las posibilidades de lograr que nuestro país supere sus grandes problemas históricos que las clases dominantes siempre buscan resolver a su favor con dictaduras y saqueos y sus respectivos crímenes.