Estefany Pacho Merma
Andy Philipps Zeballos
Son las 8 de la noche, hace calor y estás cansado. Buscas un parque, un banco, cualquier lugar donde tu familia pueda descansar, pero no hay. El centro comercial parece ser la mejor opción, de paso podrás consumir alguna comida rápida mientras tu hijo juega con los 5 soles que te quedan en los bolsillos en una de esas máquinas con luces. Encuentras un sitio, llamas a tu hijo, acomodan la bandeja. De pronto, el techo se desploma. No queda nada.
El 21 de febrero, el techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo, parte del grupo Intercorp, se cayó frente a decenas de familias, dejando ocho fallecidos y más de 80 heridos, entre ellos niños. Este suceso ha destapado una serie de negligencias, corrupción y complicidad política a través del lobby que conectados nos confirma que estamos frente (y dentro) a un sistema que pone unos dólares por encima de la vida.
Lo privado no es necesariamente mejor que lo público
Desde la constitucionalización del neoliberalismo en el ‘93 y su relativa victoria cultural en la costa y las grandes ciudades, la élite peruana ha insistido que el sector privado es más eficiente que el Estado y que la “libre competencia» sin regulación estatal, incentiva la eficiencia y calidad. Nada más lejos de la realidad.
Uno de los símbolos del desarrollo neoliberal y el crecimiento económico peruanos de las últimas décadas ha sido la instalación de centros comerciales como espacios de encuentro, ocio y, sobre todo, de consumo. Para las ciudades medianas como Ilo y Moquegua, la llegada del cine o de Plaza Vea han sido interpretadas como la llegada de oportunidades, pero también de modernidad.
Muchos de estos centros comerciales, cines o supermercados son propiedad del Grupo Intercorp, uno de los conglomerados más grandes del Perú cuyo dueño es Carlos Rodríguez-Pastor, el hombre más rico del Perú.
Según Ojo Público, Rodríguez Pastor –hijo de un banquero y exministro de Economía en los ‘80– construyó su imperio financiero, comercial y educativo bajo las leyes de la mancomunidad de Bahamas, y gran parte de sus subsidiarias están registradas y pagan impuestos en Panamá, un paraíso fiscal.
Precisamente estos establecimientos del conglomerado han presentado fallas estructurales, filtraciones de agua y otros riesgos en los últimos años en Arequipa, Moquegua, Piura o Lima. Es más, en las últimas dos semanas, las municipalidades, -sospechosamente apuradas-, han clausurado 17 malls y 10 supermercados, la gran mayoría de ellos Real Plaza. Esto contrasta con las grandes instalaciones deportivas construidas hace más de 50 años como los Coliseos Gran Chimú (Trujillo), Amauta (Lima) y Manuel Odría (Tarma) cuyos techos siguen intactos.
Cómplices del desastre: corrupción mediante lobby
Nada de esto sería posible sin la complicidad del Estado. Municipalidades que otorgan licencias sin fiscalizar, congresistas que debilitan la normativa de seguridad y un Ejecutivo promulga complacientemente, deja el camino llano a que las tragedias como la del Real Plaza Trujillo o, en su momento, el incendio de la discoteca Utopía, no sean meros accidentes, sino producto de una cadena de decisiones y omisiones que convierte en cómplices a cada uno de ellos.
Sin ir más lejos, en 2022, el congresista por Avanza País de Hernando De Soto, Alejandro Cavero promovió una norma que impidió la clausura de locales con observaciones, mientras que el pasado 16 de diciembre Adriana Tudela -de la misma bancada- presentó otro Proyecto de Ley, que proponía la vigencia indeterminada de los certificados de inspección técnica y de seguridad en edificaciones (ITSE).
En el mismo sentido, la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), liderada por Carlos Neuhaus -quien es presentado como experto en gestión-, respaldó esta propuesta, argumentando que la fiscalización municipal es «arbitraria» y los costos de renovación de la ITSE «onerosos».
Estos actores cuentan no solo cuentan con poderosas plataformas detrás, sino con la complicidad de los medios de comunicación que bajo la excusa de la imparcialidad, en lugar de cuestionar estas iniciativas legislativas que ponen en riesgos la vida de los peruanos, amplifican y legitiman su discurso.
Estamos advertidos
No solo es Real Plaza. Carlos Rodríguez-Pastor posee otros centros de alta concurrencia como Interbank, Universidad Tecnológica del Perú, Innova Schools, Plaza Vea, Vivanda, Mass y Makro ubicados en todo el territorio nacional. Por lo que la pregunta es inevitable: ¿estamos seguros dentro de sus edificaciones?
La tragedia de Trujillo nos recuerda la necesidad no sólo de un Estado presente al servicio de los derechos de las personas, sino que un Estado capturado y atravesado por la corrupción y el lobby mata.