Pedro Francke
Habiendo debate sobre la situación actual de Petroperú, vale la pena analizar el tema más amplio de las empresas públicas. Sólo FONAFE, el brazo del MEF dedicado a su dirección, tiene 35 empresas públicas. Antes que devaneos ideológicos veamos las cifras. En los últimos diez años (entre 2015 y 2024) las empresas públicas no financieras tuvieron ganancias operativas por 30 mil 700 millones de soles e invirtieron 42 mil millones, según indican las series estadísticas del Banco Central de Reserva. Definimos ganancias operativas como Ingresos menos Gastos, incluyendo gastos en intereses, sin descontar amortización, dado los datos disponibles.
ElectroPerú, empresa que administra las centrales hidroeléctricas del Mantaro, ha tenido ganancias por 2 mil 150 millones e hizo inversiones por 1 mil 350 millones de soles con sus propios fondos. Las empresas regionales de electricidad (ElectroOriente, Electrosur, SEAL, etc) han venido siendo muy rentables, sumaron en esta década ganancias operativas por 11 mil 570 millones y con una parte de eso invirtieron 5 mil 230 millones en ampliar sus redes de distribución hacia nuevos pueblos y urbanizaciones.
Otro bloque de empresas públicas son las financieras, como es el caso de las Cajas Municipales. La mayoría de ciudadanos las ven como un banco privado más, pero sus dueños son, como su nombre lo indica, las municipalidades, que cada año se llevan la mitad de sus ganancias, mientras la otra mitad se destina a ampliar su cartera de préstamos y abrir nuevas sucursales. Las Cajas Municipales mantienen ahora 30 mil millones de soles de créditos otorgados a intereses bastante menores que los bancos a 2 millones de empresas, mayormente pymes, para que estas puedan invertir, mejorar sus tecnologías y elevar su productividad. Estas Cajas también han dado créditos de consumo e hipotecarios por 10 mil millones de soles. Son rentables: el 2024 sus ganancias antes de impuestos fueron de 545 millones de soles, pagando al fisco impuesto a la renta por 147 millones de soles. Estas cifras han ido consistentemente al alza por décadas. También tenemos en este bloque al Banco de la Nación, que el 2024 tuvo ganancias por 1,765 millones, de las cuales pagó al fisco 372 millones por impuesto a la renta. El 2025 arrojará cifras un poco mayores, ya que en noviembre superó los resultados del año pasado.
Así, en conjunto las empresas públicas peruanas han venido arrojando ganancias, a pesar del déficit que ha dado Petroperú por haber estado muy mal manejada, picoteada por la corrupción y boicoteada por políticas neoliberales. Las empresas públicas financieras han invertido con sus propios recursos, pero podrían haber dado mucho más crédito a emprendedores que lo necesitan. Si a las empresas regionales de electricidad les hubieran dejado el 80% de los 6 mil millones de soles que les quitó el gobierno central, ya hubieran podido dar electricidad a un millón 400 mil familias rurales que aún carecen de ella.
¿Es muy grande el sector de empresas públicas en el Perú? El Banco Mundial hizo un informe comparativo llamado “Business of the State” que analizó 91 países con 76 mil empresas públicas. Las empresas públicas analizadas tienen en promedio ingresos por el 17% del PBI y el 5% del empleo formal, mientras en el Perú llegan a 6% del PBI y apenas 1% del empleo. En Latinoamérica el Perú es el último en cuanto al número de sectores económicos en los que hay empresas públicas. Eso no quiere decir que sea bueno meter al estado en aventuras empresariales sin viabilidad económica, como la propuesta que hizo López-Aliaga en CADE de crear una empresa pública para hacer carros eléctricos en base a litio. Eso no tiene sentido cuando ni siquiera hay un proyecto de ingeniería elaborado para extraer ese metal y en nuestro país la industria automotriz es nula. La batería, que es lo que se puede hacer con litio, es una parte muy minoritaria de un carro que no llega ni al 1 por ciento de su valor, y nos faltaría todo lo demás. Ningún país latinoamericano, ni uno solo, se plantea semejante tontería. Carece tanto de sentido que López-Aliaga ahora esconde su propuesta. Donde sí debiera intervenir el estado es en cortar los abusos de su empresa del ferrocarril a Machu Picchu, en la que López-Aliaga obtuvo el monopolio gracias a las privatizaciones de Fujimori y que mantiene pasado el plazo del contrato mediante malolientes fallos judiciales.
Un problema crítico es que en varias empresas públicas ha habido reiterados problemas de corrupción y mala gestión. Ahora mismo se ha denunciado que hay una guerra por apropiarse de Petroperú en la que uno de los congresistas “niños”, Ilich López, tendría mucho interés. La corrupción es un problema generalizado en todo el estado, pero no porque haya mal manejo en las obras públicas, el sector salud, la policía y las empresas de agua potable, que lo hay, vamos a dejar de tener inversión pública, hospitales, patrulleros y servicio de agua como bien público. Algunos piensan que privatizar es siempre lo mejor porque el estado es todo malo y las empresas privadas siempre y en todos los casos son mejores, pero eso no es así. En nuestra experiencia con Fujimori las privatizaciones significaron corrupción agravada con ventas amañadas o entrega de monopolios a empresas abusivas, como en su tiempo fue Telefónica. Hemos tenido luego decenas de obras públicas concesionadas a Odebrecht y otras empresas mafiosas.
Por otro lado, si hay empresas públicas razonablemente bien manejadas, que dan ganancias y al mismo tiempo prestan servicios valiosos para la ciudadanía, ¿no es lógico que las buenas experiencias deban replicarse ahí donde la gestión está fallando? Debemos avanzar hacia empresas públicas con mejores sistemas de gobernanza, directorios y gerencias meritocráticas que aseguren gestiones probas y eficientes, que no dilapiden el dinero público y ayuden a promover una sana competencia.