Pier Paolo Marzo
Si bien estamos ante hechos consumados respecto a la destitución, de forma inconstitucional, no lo olvidemos, de Dina Boluarte y la consecuente sucesión en el cargo que ocupaba, ilegítimamente, sigue siendo relevante llegar a un acuerdo social y político respecto del perfil mínimo que el Congreso de la República debió considerar y que aún podría considerar si es que cambia de opinión respecto de quien debe presidir la República en este momento y hasta el 28 de julio de 2026.
A pesar de lo desacreditada y debilitada que está la institución de la Presidencia de la República, no deja de ser una posición importante para nuestra vida cotidiana : reglamenta las leyes, jefatura las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, nombra a los ministros y ministras que a su vez ejercen rectoría sobre los servicios públicos, representa al país en el escenario internacional, nombra a 4 directores del Banco Central de Reserva, incluyendo a su presidente, entre otras funciones y atribuciones compiladas en el articulo 118 de la Constitución.
Teniendo en cuenta ese marco y ante las urgencias ciudadanas de este momento, un elemento que debió considerar el Congreso y que debería considerar si suspende o inhabilita al presidente Jerí por las infracciones constitucionales que ha cometido en sus primeras horas – validar actos ministeriales de personas que dejaron de ser ministros, como ha ocurrido en el sector Interior – es el no tener denuncias por delitos. En efecto, una urgencia ciudadana es la de contener el aumento de la criminalidad, en general y la organizada, en especial, la de extorsión. Y otra, frenar la corrupción qué corroe la mayoría de entidades públicas y algunas privadas.
Ambas demandas llevan consigo la necesidad de un presidente ajeno a la delincuencia, especialmente, la vinculada a delitos de corrupción. Pues no hay liderazgo sin ejemplo. Además, delitos como los que se han denunciado al actual encargado de la Presidencia – enriquecimiento ilícito dado su desbalance patrimonial y petición de sobornos a por lo menos una empresaria de la construcción, pueden hacerlo blanco de extorsiones. Sin contar la reciente y convenientemente archivada, por el nuevo fiscal de la Nación, denuncia por violación sexual.
Más allá del requisito mínimo indicado, necesitamos, con urgencia, un presidente de palabra. Las sucesivas mentiras de Dina Boluarte y el reciente incumplimiento del actual encargado Jerí, que había declarado que desistiría de asumir la presidencia de la República de producirse una vacancia presidencial, ha puesto el valor de la palabra en un sitial primordial. De esa manera podrá empezarse a recuperar la confianza ciudadana, que en Perú se encuentra en el nivel más bajo en América y uno de los más bajos del mundo, según el más reciente informe de desarrollo humano. Es poco probable que este requisito sea tomado en cuenta por la mayoría congresal; pero sí puede ser asumido por la mayoría ciudadana que elija presidente de la República – diputados y senadores – en 6 meses.