Rossana Mendoza Zapata
Con la aprobación de la última ley de amnistía para miembros de las fuerzas armadas, policía y comités de autodefensa acusados e investigados por los crímenes cometidos durante el CAI, el estado peruano contraviene el sistema universal de derechos humanos, lo enfrenta y lo cuestiona en su sentido más profundo. También ha echado por la borda la Convención sobre los Derechos del Niño que suscribió en 1990, la cual establece el cumplimiento de un conjunto de garantías para que las niñas, niños y adolescentes afectados por conflictos armados sean protegidos y cuidados, así como asegurar su recuperación y reintegración cuando son afectados (artículo 38 y 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño).
Pero nada de eso sucedió entre 1980-2000 ni en el presente. Según el Informe de la CVR, las niñas y niños fueron víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, violación a la libertad individual y reclutamiento forzado en manos de Sendero Luminoso y de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. ¿Por qué las niñeces, en su mayoría indígenas y de los quintiles más pobres fueron las principales víctimas? Según Telmo Hurtado, conocido como “el carnicero de los andes” el asesinato de niños y niñas se justifica porque desde los dos años de edad comenzaban a ser adoctrinados en la ideología senderista, por lo tanto, constituían un peligro (La República, 24 de agosto 2025). Solo en la masacre de Accomarca 26 niños y niñas fueron asesinados bajo semejante argumento. Por otro lado, el Informe de la CVR también indica que, en el caso de las niñas, además fueron violadas sexualmente y prostituidas en las bases militares.
Sendero Luminoso también asesinó niños y niñas sin reparo, porque sus padres eran acusados de traición, porque eran miembros de una comunidad que se rebelaba, por ser hijos de alguna autoridad comunal, política o religiosa que los denunciaba. No tuvieron reparo en asesinarlos, como ocurrió en Lucanamarca, donde mataron 69 personas, de los cuales 18 eran niñas y niños.
Quienes sobrevivieron, hoy son adultos, madres, padres e incluso abuelos que tuvieron que enfrentar dolores y traumas y que les toco luchar duramente para vivir. Si bien muchos recibieron alguna reparación o beneficio al inscribirse en el Registro Único de Víctimas, es mucho más lo que demandan: justicia en primer lugar, el acompañamiento necesario para sobrellevar el dolor, el reconocimiento como sobrevivientes, respeto y las condiciones dignas para salir adelante. Sin embargo, no es lo se suele encontrar, muchas personas adultas aún sufren la orfandad, viven el dolor y les cuesta construir vínculos fuertes y saludables con sus hijas e hijos. Es decir, no es solo una generación la que fue afectada, también las generaciones posteriores. Por más que pase el tiempo y sus fuerzas les permitan salir adelante en el presente, aprendieron que ser indígena, rural y en situación de pobreza, los condenó una vez a la violencia brutal. Pero no fueron los únicos, las niñas y niños descendientes de los actores principales del CAI siguen viviendo las consecuencias.
La ley de amnistía no solo constituye una traición a las víctimas y sus descendientes, es una expresión del desprecio de este gobierno y la mayoría congresal hacia las poblaciones más abandonadas y marginadas. En estas condiciones, la reconciliación no llegará.