Paulo Vilca
Hace dos años, se produjo el asesinato de 18 personas en Juliaca, todas ellas víctimas de la política represiva del gobierno de Dina Boluarte iniciada semanas atrás en Andahuaylas y que llegó a enlutar a Ayacucho, Pichanaki, Arequipa, Huancavelica, Cusco, Ica, Macusani, Ilave, entre muchos otros.
Durante los siguientes meses del 2023, Puno se convirtió en el epicentro del mayor levantamiento social de las últimas décadas en el Perú, mostrando una vez más que el Altiplano es un territorio de lucha donde las rebeliones de Juan Bustamante en el siglo XIX y las de Rumi Maqui y Wancho Lima en las primeras décadas del siglo XX, se emparentan con hechos más recientes como la lucha por la tierra de las décadas de 1970 y 1980, o el Aymarazo del año 2011.
Todos estos hechos, comparten plataformas y exigencias reivindicativas frente al poder central, pero también tienen en común su extensión en el tiempo. No son estallidos momentáneos, sino son más bien procesos de resistencia que se extienden a lo largo del tiempo. ¿Por qué Puno logra resistir y extender sus luchas? ¿Qué factores explican que las protestas contra Dina Boluarte se mantuvieran activas durante varios meses soportando la presión política y militar del gobierno y las duras restricciones sociales y económicas que conllevó mantener “cerrada” la región al resto del país?
Las respuestas simplistas y prejuiciosas justifican lo ocurrido como manifestaciones propias de una sociedad “naturalmente conflictiva”. Ya sea por estar lejos de Lima o por la presencia de una mayoritaria población indígena, las luchas puneñas se interpretan con los lentes del desconocimiento, la incomprensión, el afán discriminatorio y la intencionalidad política de la deslegitimación bien resumida por la frase “Puno no es el Perú”.
Durante esos meses, junto a un grupo de colegas en 50+Uno, buscamos entender las razones del levantamiento puneño y encontrar respuestas que vayan más allá del prejuicio y el activismo. Prestamos atención a distintos elementos estructurales y coyunturales de la sociedad puneña que observados de forma conjunta permiten superar visiones simplistas.
Entre los primeros resaltan la propia historia y la tradición de lucha del Altiplano, la dignidad identitaria que va más allá de lo étnico y genera una fuerte conciencia regional (Puno es el Perú pero es diferente al resto del país), así como la fortaleza organizativa rural y urbana que permite traducir las aspiraciones y objetivos en acciones concretas y sostenibles en el tiempo.
A nivel coyuntural, resaltan elementos como la innegable simpatía política con Pedro Castillo o la vigencia de plataformas políticas regionales (Asamblea Constituyente es una de ellas); pero sin duda la mayor variable fue la respuesta violenta y desmedida del gobierno que acabó con la vida de 21 personas (18 en Juliaca, 2 en Macusani y 1 en Ilave) y dejó más de 3 centenas de personas heridas.
Estas cifras superan los peores momentos de la lucha contra el terrorismo en la región y dejan patente el desprecio por la vida y las demandas de puneños y puneñas. Es importante tener presente este lado de la tragedia porque más allá de las consideraciones de índole política, no se puede explicar la intensidad y magnitud de las protestas sin considerar el dolor y la conmoción ante esta pérdida que trajo como consecuencia la reafirmación de la Dignidad Puneña.
Dignidad y duelo colectivo estuvieron presentes en todas las manifestaciones organizadas luego del 9 de enero y mantuvieron encendida la llama de la solidaridad y la exigencia de justicia. Pero al mismo tiempo ahondaron el sentimiento de indignación y repudio del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República que dos años después comparte la inmensa mayoría de peruanos y peruanas.
Hoy, la Asociación de mártires y víctimas del 09 de enero Juliaca – Puno, encarna la memoria y el legado del levantamiento y lidera las actividades conmemorativas que se realizan en la región. A pesar de las condiciones políticas adversas, el acoso sistemático de los aliados del gobierno y la indiferencia del establishment político y económico, su persistencia es el mejor símbolo de lucha por justicia, dignidad y democracia.