Aída García Naranjo Morales*
Antecedentes históricos
En la primera etapa republicana, el Perú fue un país anárquico, inestable e ingobernable: “De 1821 a 1845 hubo diez congresos, siete constituciones, cincuenta y tres gobiernos…” según el historiador Cristóbal Aljovín.
“El Perú del siglo XIX fue un país a la deriva. Diez guerras internacionales y once guerras civiles generaron un clima de permanente inestabilidad e incertidumbre. Las más rescatables de esas guerras fueron la independencia, la revolución liberal de 1854 y 1855 y la revolución de 1894-1895. Las victorias políticas más importantes fueron la instauración de la República (1821), la libertad de los esclavos y la eliminación del tributo indígena (1854-1855)…” dice Sinesio López.
Con la proclamación de la independencia del Perú por San Martín en 1821, el historiador Jorge Basadre consideraba se abría la “promesa de la vida republicana”, ya que el Perú había dado un paso fundamental para hacerse dueño de su propio destino sin la imposición de una nación remota (España), y poder conformar una nación de ciudadanos. Sin embargo, las luchas entre caudillos y las continuas sublevaciones militares nos habían llevado a tener lo que Basadre señalaba como una “evaluación desencantada” del primer centenario de la Republica.
Cumplida la fecha inicial del Bicentenario (1821-2021), tenemos un país caracterizado estructuralmente por la exclusión, desigualdad y corrupción y un inacabado proceso de construcción nacional. Perú está situado en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional en el puesto 121 de 180 países. Sentimos orgullo por nuestros excepcionales recursos naturales, nuestra milenaria diversidad cultural, nuestro destacado boom gastronómico; pero también, un progreso económico de minorías y derechos no ejercidos por todos, un estado patrimonial y un modelo extractivista no superado basado en la explotación, hasta el agotamiento del guano, el salitre y el caucho, al que seguirían el cobre y el litio. Y en estos 200 años, ni la ley ni la justicia han sido, ni son iguales para todos.
El 09 de diciembre del 2024, es la fecha en que recién que se cumple el Bicentenario de la Republica. La batalla de Ayacucho fue el último gran enfrentamiento de las campañas terrestres en las guerras de independencia en América del Sur desplegadas entre 1809 y 1826. Esta decisiva campaña militar consolidó la independencia de la República del Perú y de los nuevos estados sudamericanos beligerantes que se selló con el triunfo patriota y la capitulación del Virrey del Perú. La victoria de los patriotas supuso la desaparición del contingente militar realista más importante que seguía en pie. Este acontecimiento próximo a conmemorarse debiera implicar un nuevo balance y no dudamos que los actuales gobernantes de turno buscarán también darle un significado que no nos cabe duda será rechazado en Ayacucho, lugar principal de la conmemoración.
200 años después, dos estrategias siguen en desencuentro
La inclusión e igualdad siguen siendo las principales promesas pendientes y tenemos dos visiones en desencuentro: 1. la vieja promesa republicana y 2. el proyecto neoliberal de fines del siglo XX que se ha materializado en las últimas tres décadas teniendo como resultado que no ha garantizado el bienestar mínimo en el país con un modelo que nos lleva a un balance negativo, en una situación que favorece solo a pocos. Se expresa además un marcado desapego de la ciudadanía hacia la política y los políticos y frustración frente a la promesa democrática de cambio. La actual condena de Alejandro Toledo de cumplir prisión hasta el año 2043 representan también una grave frustración a lo que fue el inicio del tránsito democrático a inicios del siglo XXI y golpea nuevamente la esperanza de millones de peruanas y peruanos a los que se ofreció el cambio y la alternativa democrática frente al autoritarismo y la corrupción fujimorista.
La situación cotidiana es precaria, con servicios públicos de baja calidad, que dejan como consecuencia la pavorosa cifra de 221.583 fallecidos (se estiman en realidad 300.000), como consecuencia de la COVID-19; un déficit de 100 mil millones de dólares en infraestructura educativa y de S/. 370.000 millones en infraestructura en general según el Ministerio de Economía y Finanzas. Estaríamos cerrando el 2024 con 31.5% de pobreza monetaria y ni que hablar de la dimensión de género en el orden constitucional iniciado en la República hace más de 200 años, con doce constituciones en donde las mujeres pudimos ejercer recién nuestro derecho político (en 1956) con la décima constitución. Por añadidura diferentes cúpulas partidarias son dirigidas por líderes cuestionados política y judicialmente.
“La transición del Perú oligárquico al nuevo Perú ha ocurrido en el marco de una gran polaridad política que entre nosotros se ha expresado en los virtuales empates electorales” y elecciones en la lógica de optar por el mal menor, agregaríamos. En una perspectiva de más largo plazo, la crisis se remonta a que el marco ideológico y de fuerzas políticas que animaron el juego del poder en el país en la segunda mitad del siglo pasado desapareció, sin que haya terminado de ser reemplazado. (Contreras, 2024).
2024 de Inseguridad ciudadana y extorsión
A lo antes expuesto debemos añadir hoy la grave problemática de la inseguridad ciudadana y de extorsión que según las encuestas afectan a un 24% de la población que ha sido víctima en el presente año; de ellas 33% se ubican en Lima. El 11% fue asaltado con armas de fuego y el 7% fue víctima de extorsión. El 73% de nuestra población se siente inseguro y en Lima la cifra asciende al 81%. El 2024 ya es el año con la mayor cifra de homicidios en los últimos ocho años. El 2024 ya hay 1.601 asesinatos, lo que supera a lo registrado en el 2022 (1.516) у 2023 (1.431).
Frente a ello el actual Congreso ha aprobado siete leyes que favorecen a la delincuencia y a la criminalidad, entre ellas: manipulación del plazo de prescripción, recorte del plazo de colaboración eficaz, modificación del concepto de organización criminal, eliminación del factor sorpresa en los allanamientos al requerirse la presencia del abogado defensor, límites a la incautación de material de la minería ilegal, exclusión de los partidos de responsabilidades penales, amnistía de terroristas y exmilitares por delitos de lesa humanidad antes del 2002 (Quintanilla 2024), y recientemente terrorismo urbano.
El siguiente cuadro da cuenta de algunas de las normas que debieran ser derogadas para combatir, inseguridad, delincuencia e impunidad.
Perú en pie de lucha
El miércoles 23 de octubre del 2024 fue convocado un paro a nivel nacional por los gremios del transporte y de los mototaxis, varios mercados y centros comerciales, universidades (como San Marcos), sindicatos (como el de los mineros), asociaciones de familiares de las víctimas de las masacres del actual gobierno, de la comunidad LGTBIQ y también organizaciones políticas, entre ellos Nuevo Perú por el Buen Vivir.
Según Isaac Bigio. Politólogo economista e historiador en la London School of Economics, no es una huelga general que nace de las organizaciones obreras y campesinas, algo que fue común en todas las movilizaciones que se echaron abajo a pasadas dictaduras en Iberoamérica. La dirección la tienen, por ahora, sectores de la pequeña y mediana empresa privada (muchos de estos informales) que protestan contra las extorsiones, los asesinatos y la criminalidad. Estos mismos, en otras oportunidades, se han opuesto a huelgas laborales o hasta han demandado alzas de pasajes en desmedro de la población.
Este no es un paro con claras demandas de poder, como si lo fueron los de 1977 y 1978, donde los trabajadores encabezaron la lucha para tumbarse a la junta militar. Empero, su dinámica los lleva a chocar con este Congreso y su Gobierno. Sus modestas demandas (derogar las leyes que favorecen al crimen organizado y archivar el proyecto que habla de terrorismo urbano para criminalizar la protesta social) no pueden materializarse mientras se mantengan los actuales poderes legislativo y ejecutivo, lo que no están dispuestos a renunciar hasta el 2026.
La población salió a las calles
Luego de cien días sin comunicarse con la prensa Dina Boluarte dio una conferencia de prensa previa al paro. Fue de un tono intimidatorio, teniendo su reaparición como un objetivo clarísimo minimizar el paro nacional Y de paso amenazar a los que participen del mismo. Salió a decir que este paro provenía de un sector del transporte informal que era político (según la prensa alternativa, La Encerrona.) Movilizaron a cientos de policías de todo el Perú hacia Lima vaciando el resto del país para concentrar efectivos en la capital que son escasos para enfrentar la ola de inseguridad ciudadana y, sin embargo, para salvaguardar el poder de turno abundan. Sin considerar, además que concentrar a la policía en Lima obviaba que en el resto del país la gente también se estaba levantando.
El 22 de octubre hubo tres protestas significativas: La más grande fue en Trujillo donde el gremio de transportistas también está en pie de lucha contra la inseguridad. Ellos realizaron su propio paro al parecer por discrepancias con la organización del paro del 23 y prefirieron mantener la distancia y adelantarse. La jornada en Trujillo fue larga y los medios locales la calificaron de histórica extendiéndose la paralización a ciudades vecinas como Otuzco y convocando en la capital liberteña convocó a miles de personas. Las calles de la ciudad estaban vacías. Había carteles hablando de los “botox” y de los “Rolex” de Dina, carteles de repudio a los alcaldes, repudio también a César Acuña por supuesto y también uno que les pedía perdón a los hermanos del sur porque el norte recién está despertando y de hecho en el aeropuerto de Trujillo hubo un incidente con César Acuña que en plena paralización por la inseguridad decidió irse de viaje (actualmente tiene 80 días de licencia).
El segundo foco de protestafue Arequipa principalmente en el Valle del Tambo como producto del rechazo al inicio del proyecto minero Tía María. Hubo una fuerte represión policial disparando gases lacrimógenos al cuerpo contra los manifestantes en su segundo día de paralización. Ellos intentaron bloquear la carretera costanera esto en el distrito de Dean Valdivia en la provincia de Islay. Los gases lacrimógenos incluso invadieron las casas cercanas. Un periodista captó tanto las agresiones de los manifestantes como de la policía, pero un efectivo policial intentó amedrentar al reportero.
El tercer foco de protesta el 22 fue en Jaén. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Jaén tomaron el campus con el cierre completo de los accesos denunciando irregularidades y corrupción en la comisión organizadora de esa universidad Incluso le tiraron pintura a las autoridades que estaban presentes. Ante la ausencia policial fue la Defensoría del pueblo la que tuvo que negociar el retorno a la calma.
En Lima se concentró un número importante de manifestantes, pero sobre todo se sintió la paralización del transporte. La marcha se dirigió al congreso de la República a fin de exigir nuevamente la derogatoria de la ley 32108 más conocida como la “Ley Pro crimen organizado”, además de exigir la salida del ministro del interior Juan José Santibáñez, el mejoramiento de la seguridad de: comercios, universidades, escuelas, viviendas y otros establecimientos, y el incremento de la presencia policial en todo el país, así como severidad en penas privativas para sicarios extorsionadores y secuestradores.
Se movilizaron regiones como: Piura, Junín, Moquegua, Apurímac, Ica (donde el gremio de trabajadores agrarios se plegó al paro), Cusco, Lambayeque y Ucayali; en todas esas regiones diferentes colectivos salieron a marchar. El Ministerio de Educación estableció que las clases escolares serian virtuales, al igual que las universidades pasaron sus labores a la virtualidad. Mientras, el Ministerio de trabajo exhortó a los empleadores a adoptar medidas como el teletrabajo, la tolerancia de hasta cuatro horas y que el tiempo de demora tendrá que ser compensado posteriormente.
La convocatoria fue de la Coordinadora Nacional de Lucha Multisectorial que incluye a la Asociación Nacional de Transportistas Nacional e Internacional. Aunque la mayoría se concentra sobre todo en Lima Norte y Lima este, también paralizó la Federación de Transporte de Vehículos Menores del Callao. A ellos se sumó la Federación de Empresarios de Gamarra, la Asociación de Comerciantes del Mercado Unicachi que, desde el 22 de octubre, ya estaban alzando la voz de protesta, así mismo el Megamercado de Huamantanga junto a otros 20 establecimientos dedicados a la venta de productos de primera necesidad tampoco brindaron atención al público, como tampoco lo hicieron los mercados como Tres Regiones y la Cooperativa la Estación Monumental Santa Rosa tampoco estuvo operativa. Además participaron la Federación de Empresarios del Callao y la Cámara MIPE de la construcción y gremios estudiantiles de universidades como San Marcos, la UNI, Villarreal, la Cantuta ,la Católica y Bellas Artes, la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha la Convención Plurinacional de las regiones del Perú y la Organización Nacional de familiares de víctimas de las masacres del 2022 y 2023, el movimiento Manuela Ramos y sectores de SUTEP y la CGTP que parece que encajaron las críticas por haber levantado la huelga de esta semana. El SUTEP como su central la CGTP convocaron y realizaron una importante movilización el 24 junto a la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, organización que tiene años siendo extorsionada y que de hecho son los que empezaron a sufrir los asesinatos al inicio de la ola criminal de estos meses.
No se sumaron al paro: la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas — CONFIEP — que representa a 23 gremios de la micro, pequeña, mediana y gran empresa con presencia en 10 sectores económicos y otros gremios de grandes empresas como la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) COMEX, ADEX, CANATUR que retrocedieron en lo que antes hace unos días había sido un apoyo explícito al paro y emitieron un comunicado expresando su preocupación por la forma en como esta medida se está distorsionando y siendo aprovechada por algunos con fines políticos.
Otro sector que no se sumó es nada menos que el de Diógenes Alba de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra (el más grande emporio comercial de la ciudad). Él dijo que no todo Gamarra iba a paralizar, que ellos seguirían trabajando. Este sector de Gamarra, sin embargo, también advirtió que si el gobierno continúa tomando medidas que no generen resultados positivos miles de emprendedores se preparan para protestar con lo que llaman un “Paro Tributario” es decir no pagaran impuestos.
La población se expresó en una masiva protesta en Lima y en 10 ciudades del país
En resumen, no fueron solo los transportistas si no que lo hicieron vendedores de mercados, universitarios, amas de casa, comerciantes demandando la salida del Ministro del Interior y se concentraron en la demanda de derogatoria de la Ley 32108. Se sumaron ciudades como Piura, Chimbote, Juliaca, Huancayo, Arequipa, Tacna, Huánuco, Tumbes, Cusco y Huacho, realizaron, expresando su rechazo al gobierno y al congreso. En el interior del país se produjeron bloqueos en diferentes carreteras y el impedimento de la circulación de los buses interprovinciales. En Cajamarca los estudiantes tomaron las instalaciones de la universidad, así como los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tomaron las instalaciones de la Decana de América para impedir una elección fraudulenta que lograron impedir y suspender obligando al comité electoral a renunciar, un comité coludido con la actual rectora que buscaba su reelección y la de decanos de facultades afines a su gestión autoritaria.
Se puede señalar que la protesta fue contundente en Lima, El 24 continuaron las protestas de los trabajadores de la construcción y debemos de destacar que estas medidas de lucha de los tres días 22, 23 y 24 de octubre han estado precedidas por otras medidas de lucha. Debemos destacar que ya el proyecto Tía María estaba de paro en Islay en contra de la empresa Southern en rechazo al presidente del proyecto que señala que este (el proyecto) iría con o sin apoyo de la población. También el magisterio se había expresado con paros escalonados particularmente en el sur. El día 28 de octubre se convocó también a un paro regional en la Región Ayacucho que fue acatado por transportistas, los mercados y diversas organizaciones sociales. En el Distrito de Chao, en la Provincia de Virú, en La Libertad, también se produjeron fuertes protestas exigiendo seguridad, lo que fue respondido por la policía con el uso de armas de fuego quedando herido un ciudadano de bala.
Concluimos, señalando que el conjunto de las medidas de lucha ha debilitado a Dina Boluarte, convirtiéndose en un reclamo de carácter nacional, no limitándose a las demandas sectoriales del transporte y/o interior (seguridad). Estas movilizaciones se expresan en un ascenso de conmoción social, protesta, y exigencia de renuncia de las autoridades tanto del ejecutivo como del legislativo, avanzando hacia una caída indetenible, hacia una caída final, desbordando a sus iniciales convocantes. Ejecutivo, legislativo. Ministerio Publico, los gobiernos regionales y otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Policía además de los poderes, incluidos los poderes fácticos atraviesan su peor momento.
No se puede dejar de señalar que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desplegó 5000 hombres en los distritos declarados en emergencia en la ciudad. Boluarte,sucesora de Castillo, no demoró desde el 07 de diciembre del 2021 en apelar a una cruenta represión policial-militar frente a la protesta social que la rechazaba, por lo que fue condenada por el abusivo uso de la fuerza letal nacional e internacionalmente. Las víctimas de las masacres del actual gobierno durante los años 2022 y 2023 se sumaron también.
Pese a ello, la lucha continua, en el marco de un estado de emergencia decretado por el gobierno en diferentes regiones, que no dudan en apelar al toque de queda, a la suspensión de garantías constitucionales, sin atisbo de perdón o arrepentimiento, criminalizando la protesta social y responsabilizando a los propios manifestantes buscando impunemente trasladar también la responsabilidad inicialmente a terceros. Es así que las relaciones externas, la imagen y la proyección del Perú están gravemente afectadas. El hecho más relevante en términos internacionales ha sido la cumbre XVI del bloque BRICS realizada en Kazán, proyectándose en la búsqueda de un mundo multilateral y multipolar, que en el Perú pasó inadvertida como consecuencia de la grave crisis interna.
La reunión de APEC, prevista para noviembre, estará afectada por la protesta social los días 13, 14 y 15. Ya el régimen viene operando a través de un conjunto de iniciativas como el Consejo de Estado que ha decidido dar impunidad a las “fuerzas del orden” a través de pasar al fuero militar y policial a los integrantes de la policía y las fuerzas armadas que sean denunciados por violaciones a los derechos humanos. Además de ello, se vienen dando una serie de maniobras como el uso de gremios fantasmas por parte del Ministerio del Interior para generar la sensación de que la medida se desinfla. Igualmente, de manera arbitraria, sobre todo en Lima y en la provincia de Huacho el Ministerio de Educación ha decidido confinar a los estudiantes en sus casas como en la pandemia, afectando la vida de las familias con todo lo que ello implica, pero también a los estudiantes que encuentran grandes limitaciones para el logro de sus objetivos académicos.
Por otro lado, crecer a un ritmo solo de 2%, proyectado ilusamente hasta 3% en el 2024 representará que anemia, hambre, miseria, pobreza y desempleo se sigan extendiendo, a lo que se suman la inseguridad ciudadana y el sicariato que parecen ir de la mano. La crisis es destituyente, no solo coyuntural y si bien la salida es integral debe ser democrática y constituyente será insuficiente para frenar el avance del crimen organizado, las economías informales e ilegales, la generalización de la corrupción y la impunidad, así como la aberrante deforestación y la privatización del agua y el patrimonio cultural. Y por si todo ello fuera poco, vivimos la degradación de la política que requiere además de regeneración moral, frente a un modelo de dominación en crisis hegemónica que no muestra, hasta la fecha, una esperanza movilizadora y creíble y que apela a agitar el miedo de la población. Hay quienes se preguntan si el Perú ingresará a definirse “rumbo a un estado fallido”.
Para enfrenar una salida autoritaria, estamos obligados a una salida democrática y constituyente a la crisis, el anuncio de un tiempo nuevo y un nuevo arreglo de poder basado en un pacto político social. “Tanto más amplio como cuan grave es la crisis”como dice Eduardo Cáceres.
*Ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Ex Embajadora, Integrante del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, Impulsora de la CELAC Social, dirigente del Partido Socialista integrante de Nuevo Perú por el Buen Vivir, Presidenta de Red Sin Fronteras (RSF).