Javier Ruiz
La experiencia de la comunidad campesina muchik Santa Catalina de Chongoyape, en el norte del Perú, permite comprender con nitidez los mecanismos contemporáneos de despojo territorial que enfrentan las comunidades campesinas frente al avance del extractivismo agroexportador y de las megaobras de infraestructura promovidas por el Estado. El caso de Chaparrí no es excepcional por lo que sufre, sino por lo que revela: una estrategia sistemática, compleja y violenta que busca debilitar la propiedad colectiva, fracturar la organización comunal y allanar el camino para la apropiación privada de la tierra y el agua.
La comunidad de Chongoyape se constituyó legalmente al amparo de la reforma agraria y logró, tras décadas de gestión, el reconocimiento pleno de su territorio comunal, que supera las 42 mil hectáreas. Ubicada en una zona estratégica para la regulación hídrica de la región Lambayeque, paradójicamente ha tenido un acceso históricamente limitado al agua, situación que marcó sus decisiones productivas y organizativas. Frente a esta realidad, los comuneros optaron por un ordenamiento territorial que priorizara la conservación del bosque seco ecuatorial, ecosistema clave para la biodiversidad y la regulación natural del ciclo hídrico.
En 1999, mediante acuerdo de asamblea general, la comunidad decidió declararse “comunidad ecológica”, dando inicio a un proceso de gestión colectiva del territorio orientado a la conservación, la recuperación de la identidad cultural y el desarrollo de actividades sostenibles. Esta apuesta se consolidó en 2001 con la creación del Área de Conservación Privada Chaparrí, la primera en el país de propiedad y administración comunal, reconocida oficialmente por el Estado peruano e incorporada al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Posteriormente, en 2011, Chaparrí obtuvo un reconocimiento sin precedentes: su declaración como área protegida a perpetuidad.
Desde entonces, Chaparrí se convirtió en un referente nacional e internacional de conservación con protagonismo campesino. La comunidad logró erradicar la caza furtiva, recuperar especies en peligro de extinción, fortalecer prácticas de vigilancia comunal como las rondas campesinas e impulsar el turismo de naturaleza como principal fuente de autofinanciamiento, en un contexto en el que el Estado no asigna recursos públicos a las ACP. Este proceso, lejos de ser improvisado, se sostuvo en decisiones colectivas, alianzas estratégicas y una fuerte cohesión comunitaria.
Sin embargo, el éxito del modelo también lo convirtió en un obstáculo para intereses económicos mayores. A partir de 2012, coincidiendo con el avance del Plan Hidráulico Regional de Lambayeque y la propuesta de construcción de la represa La Montería dentro del territorio comunal y del propio ACP Chaparrí, la comunidad fue objeto de una agresiva ofensiva. Mediante la infiltración de actores externos, la manipulación de padrones comunales y la validación institucional de procesos electorales fraudulentos, un grupo de personas ajenas a la comunidad tomó el control de la directiva comunal.
Este mecanismo, conocido entre las comunidades como “inflar los padrones”, permitió desplazar a los comuneros fundadores, expulsar a líderes históricos y desmontar las iniciativas de conservación. Paralelamente, se promovió la parcelación de tierras, la deforestación, la reactivación de la caza furtiva y la enajenación ilegal del territorio comunal. Las denuncias presentadas por los comuneros afectados fueron sistemáticamente archivadas, evidenciando la captura de instituciones públicas por redes de corrupción que articulan intereses empresariales, funcionarios del Estado y organizaciones criminales.
El conflicto se agravó con la criminalización de los defensores de Chaparrí, la presencia de grupos armados, incendios forestales provocados y el asesinato del líder campesino Napoleón Tarrillo Astonitas en 2017. Estos hechos marcaron un punto de quiebre y evidenciaron que el despojo territorial no se limita a mecanismos legales o administrativos, sino que se sostiene también mediante la violencia directa y el terror.
Frente a este escenario, los comuneros expulsados, junto con voluntarios y conservacionistas, conformaron el Frente de Defensa Salvemos Chaparrí, articulando estrategias legales, mediáticas y de incidencia política que permitieron visibilizar el conflicto a nivel nacional e internacional. Gracias a esta resistencia, se logró frenar, hasta el momento, la construcción de la represa La Montería y recuperar parcialmente el control de la organización comunal.
Chaparrí demuestra que la conservación comunitaria no es una concesión del Estado ni una moda ambiental, sino una estrategia de supervivencia frente al avance del extractivismo. Al mismo tiempo, expone con crudeza el verdadero rostro del modelo de “desarrollo” impuesto en la costa peruana: uno que privatiza el agua, concentra la tierra, destruye ecosistemas y criminaliza a quienes defienden sus territorios. Por ello, la lucha de Chaparrí no es sólo local. Es una advertencia y una referencia para todas las comunidades campesinas que hoy enfrentan procesos similares de despojo en el Perú.