Pier Paolo Marzo R.
En las alturas gélidas de La Rinconada, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, el 27 de noviembre, Isidro Ccori Quispe, un minero de 69 años que trabajaba como bodeguero en una contrata informal desde 2003, fue asesinado a balazos durante una huelga indefinida de trabajadores. El crimen ocurrió en medio de enfrentamientos que dejaron un herido y daños por más de 20 millones de soles, incluyendo la quema de 22 vehículos. La protesta, iniciada el día anterior, exigía el reinicio de operaciones paralizadas por dos meses debido a disputas con la Corporación Minera Ananea, titular de las concesiones. Estas actividades se dan en un contexto social de explotación extrema –donde la minería ilegal, junto con ganancias para explotadores sin control, mantiene a trabajadores en condiciones de semiesclavitud, con tasas de mortalidad que superan las 2 muertes diarias por violencia o accidentes y bandas criminales que controlando socavónes a sangre y fuego.
El día siguiente, a miles de kilómetros al norte, en la planicie calurosa de Castilla, Piura, el viernes 28 de noviembre. Percy Luber Ipanaqué Navarro, abogado penalista de 46 años y precandidato a diputado por Juntos por el Perú, fue asesinado con 7 balazos por dos sicarios. Este asesinato no fue aislado: en menos de 24 horas, Piura sumó tres homicidios por sicariato, incluyendo el de Luis Roberto Roque Zapata, un exsuboficial de la Policía Nacional convertido en taxista, baleado en la misma zona, y el del universitario Habner Joel Silva Jaramillo. Con los que ya acumula 115 homicidios hasta octubre de 2025, casi igualando los 116 de todo el año anterior, con un promedio de 10 a 16 muertes mensuales impulsadas por el control territorial de economías ilícitas.
Ambos asesinatos son manifestaciones violentas del mismo fenómeno estructural: el fortalecimiento de economías criminales que han copado territorios enteros del país (la costa norte con narcotráfico-extorsión y la sierra sur con minería ilegal de oro) que han generado estructuras paralelas de poder económico y armado, capaces de asesinar impunemente a quien represente una amenaza para sus ganancias.
A nivel nacional, hasta fines de noviembre de 2025, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registra 2021 homicidios, un promedio de más de seis por día, que amenaza con romper el récord de 2.083 del año anterior. Lamentablemente, la respuesta del gobierno de José Jerí se reduce a declaraciones de estados de emergencia –como los prorrogados en Piura y La Libertad– y visitas publicitarias sin ningún impacto real. Esta ineficacia se extiende a otras crisis como la migratoria, donde ante miles de migrantes que retornan desde Chile, la medida central ha sido otro estado de emergencia, en lugar de convocar una solución diplomática multilateral con el concurso de autoridades de Colombia y Venezuela para abordar las causas y la instalación de un corredor que permita el retorno hacia dichos países.
De otro lado, el asesinato de Ipanaqué en Piura, un precandidato que días antes denunciaba nexos entre autoridades, empresarios y mafias en redes sociales, es una alerta roja para el proceso electoral de 2026. Este crimen nos advierte que las economías criminales ya son un peligro para campañas y candidaturas en las regiones donde se han asentado.
Frente a esto urgen medidas centradas en desmantelar las cúpulas de las organizaciones criminales que contratan a los sicarios, en todo el país. Esto requiere, por un lado, derogar las leyes pro-crimen que socavan la justicia, como la Ley 31990 que debilita el proceso de colaboración eficaz al complicar las declaraciones y corroboraciones, o la Ley 32130 que altera la investigación fiscal al transferir competencias a la Policía sin coordinación efectiva. Por otro lado, recuperar la capacidad de investigación especializada de la Policía Nacional del Perú, depurando a los elementos infiltrados y recuperando unidades como la desmantelada DIVIAC, así como reforzar la Fiscalía con recursos para la investigación científica de los delitos. De manera que se pueda iniciar una cacería de cabecillas criminales, al mismo tiempo que se les interviene las cuentas con las que realizan sus flujos financieros, nacionales e internacionales. Esto mientras un nuevo Estado, al servicio de los pueblos, recupera el control de los territorios para la gente.
Estas medidas no son simplistas; pero sí efectivas para darnos la paz social que anhelamos.