Pier Paolo Marzo R.
La semana pasada, en una reunión de trabajo con candidatas y candidatos al Senado, organizada por Videnza e Idea Internacional, dos intervenciones me pusieron en alerta: una se escandalizaba por el riesgo fiscal de normas que incrementaban la remuneración y las pensiones de los maestros, y otra vinculaba a algunos de esos maestros con una organización terrorista. Ante ello, es necesario afirmar puntos que deberían ser consensos entre todas las fuerzas políticas en contienda electoral.
- La inversión en educación debe continuar incrementándose. Una de las pocas continuidades en los gobiernos del siglo XXI,. ha sido el aumento paulatino de las remuneraciones docentes. De esta manera, en 2025, el presupuesto asignado a educación en Perú asciende a S/49,611 millones, un incremento del 6.6% respecto al año anterior, aunque por debajo de la meta 6% del PBI indicado en la Constitución y la Ley General de Educación. La última actualización salarial sitúa el sueldo base docente en S/3,300 mensuales para la primera escala magisterial y hasta S/6,711 para la octava escala. Sin embargo, la calidad educativa enfrenta desafíos críticos: solo el 11.3% de los estudiantes de segundo grado de secundaria logra un nivel satisfactorio en matemáticas y apenas el 18.4% en lectura a nivel nacional. Estas cifras revelan la urgencia de, continuando con los incrementos, acompañar la inversión con ajustes estructurales en su gestión.
- La vida de las personas debe protegerse combinando acciones efectivas contra los distintos tipos de delincuencia, desde la extorsión y el sicariato hasta las violaciones sexuales, los feminicidios y la corrupción, con acciones de prevención social que ataquen las causas sociales de las delincuencias..
- La mayor inversión requiere mayores ingresos fiscales que la hagan sostenible, lo que pasa por una reforma tributaria que elimine exoneraciones a quiénes tienen una alta rentabilidad, como las grandes empresas agroexportadoras, así como que se se graven sobreganancias que no se originen en el esfuerzo propio, sino en circunstancias internacionales, como viene ocurriendo en la mineríoa.
- El “terruqueo” debe descartarse en el debate democrático, pues suprime el debate de ideas al negar legitimidad a discrepancias políticas o demandas sociales legítimas..
- Desenmascarar la falsedad de afirmaciones simplistas, como que nuestros problemas de empleo se deben solamente a la legislación laboral, o compararnos superficialmente con modelos extranjeros ignorando la complejidad de nuestra realidad y las particularidades de dichos modelos.
Nuestro Perú necesita que los puntos indicados y otros cuyo planteamiento sea evidente, se conviertan en acuerdos amplios, para que las controversias sean sobre detalles y prioridades. Así podremos honrar la promesa de la vida peruana con la que logramos nuestra independencia política hace más de 200 años.