Jaime Antezana
En el marco de la mayor ola de homicidios por extorsión de este siglo XXI (1,189 hasta el 14 de julio), la detonación de más o menos 20 cartuchos de dinamita por la banda «Los Pepes» en una vivienda del centro de Trujillo, La Libertad, el pasado 14 de agosto, sirvió para que el poder narco-criminal y los medios concentrados vuelvan a decir y titular:! terrorismo!. Así, a secas.
Ciertamente, hubieron otros titulares: «guerra de bandas criminales» (Infobae), «mafias dinamitan al Perú» (Trome). Estos titulares, sin embargo, le han dado una interpretación equivocada al atentado dinamitero: no hay una guerra entre bandas criminales en Trujillo (el ataque ha sido contra un exmiembro de Los Pulpos, Sergio Bolaños, no contra otra banda), ni están dinamitando todo el país. El uso de dinamita u otros explosivos aún esta concentrado básicamente en La Libertad, Lima, Callao y Tumbes.
Esas tipificaciones erróneas y exageradas, si bien matizan el relato del terrorismo a secas o el terrorismo urbano del poder narco-criminal, sin embargo, omiten un asunto ineludible: la complicidad e inacción del gobierno y, en particular, el Ministerio del Interior (la PNP no ha capturado a ningún jefe importante de las bandas extorsivas). Tras el fracaso de los estados de emergencia, del cual pocos se acuerdan, lo único que hace es llegar a los hechos consumados (homicidios y explosiones de escarmiento) o a realizar capturas irrelevantes.
Así, el desborde exponencial de los homicidios por extorsión, minería ilegal del oro, narcotráfico, corrupción y trata de personas, en ese orden de causalidad, ha sido dejado que discurra libremente o es administrado por el gobierno a través del Ministerio del Interior y la PNP. A estás alturas del desangramiento – eso si, nacional – por el sicariato, queda muy claro que es el clima que desea la coalición narco-criminal del Congreso: tener a una ciudadanía en zozobra, paralizada y deseosa de un Bukele peruano.
En ese escenario, casi a la medianoche del miércoles14 y la madrugada del 15 de agosto, coincidiendo con la promulgación y celebración palaciega de la ley de amnistía a militares y policías violadores de los DDHH, se sumó otro hecho: un operativo exclusivamente militar, no – como se ha informado oficialmente – en el Vraem, sino en el distrito de Ayahuanco, en la provincia de Huanta, Ayacucho.
En esa área de influencia de andina de esa cuenca cocalera, en el lapso mencionada, no hubo – tal como señala el comunicado del Comando Conjunto de las FFAA – un operativo militar contra los «remanentes terroristas». Más exactamente, contra el narco-grupo armado del clan Quispe Palomino que opera desde Vizcatán. Tampoco, por lo tanto, hubo disparos de los «remanentes terroristas» contra los efectivos militares o helicópteros utilizados en el operativo.
¿Qué pasó realmente en Ayahuanco? En algunas comunidades de esta jurisdicción, lo que hubo fue un bombardeo en áreas muy cercanas a las poblaciones de comunidades campesinas. La más afectada por el bombardeo fue la comunidad de Yawarmachay, cercana a Huarcatan. En horas de la noche del jueves 15, el alcalde de este distrito en una entrevista en RPP, denunció el bombardeo en esas comunidades de su jurisdicción.
Dos fuentes de campo consultadas, confirmaron que no hubo disparos a los helicópteros de supuestos «remanentes terroristas». «Nada que ver» indicó el primero y «no pasó nada», indicó el segundo respecto a si hubo o no enfrentamiento (el intercambio de disparos es eso) . La segunda fuente, contraria a la versión del Comando Conjunto de las FFAA, señaló: «una mala inteligencia lleva al fracaso de una operación. Todo por querer hacer solos, cuando no conocen el terreno.
Y sabotean la inteligencia de la policía que está planificado con personas que conocen al enemigo, conocen el terreno y manejan una información puntual».
A una operación sin inteligencia, es decir, sin objetivos, corresponden bombardeos contra la población civil campesina. ¿Buscaban allí, acaso, encontrar los «resultados» de los bombardeos? Menos mal, no hubieron víctimas civiles. ¿O fue una operación para reflotar al alicaído narco-grupo armado del clan Quispe Palomino (en 2023, la Dircote y la Dirandro lograron capturar a 9 miembros de este grupo), al cual llaman «remanentes terroristas»? La respuesta a la segunda interrogante es obvia: para las próximas elecciones, las FFAA (y el fujimorismo, añadimos) necesitan mostrar vivos y activos a los mal llamados «remanentes terroristas».
¿A dónde apunta esa operación de bombardeos a comunidades campesinas de Ayahuanco? A vender una posverdad o, lo que es lo mismo, una versión distorsionada de la realidad: el terrorismo o SL sigue activo y con capacidad de respuesta a las FFAA. Eso ocurre luego de casi dos años de tenerlo hibernando en Vizcatán y zonas aledañas post captura del hijo heredero de Víctor Quispe Palomino, alias «José» : Víctor Quispe Zúñiga, a fines de 2023, quien era el número 2 de este grupo armado.
Al parecer han empezado con el reflotamiento artificial de los mal llamados «remanentes terroristas» o SL en el Vraem. Eso no es todo. Están yendo más allá. Hace unos meses atrás, ha empezado la Fabricando de la expansión de estos «remanentes terroristas» o SL a las cuencas del Huallaga: entre junio, julio y este mes, súbitamente han aparecido banderas rojas con la hoz y el martillo y pintas en Tarapoto, en la provincia de San Martín, en zonas cercanas a Juanjui (Campanilla), en la provincia de Mariscal Cáceres y, en Aucayacu, en la provincia de Leoncio Prado, en el Alto Huallaga de Huánuco. Esos hechos no trascendieron los ámbitos locales y regionales.
Mirando el escenario que se perfila de cara a las próximas elecciones generales, van a empalmar el reflotamiento y la fabricación artificial del «terrorismo» en el Vraem y las cuencas del Huallaga en San Martin y Huánuco con el modus operandi de las bandas criminales extorsivas en las ciudades. En ese sentido, que no sea una sorpresa que en las cuencas del Huallaga pasen de los trapos rojos y pintas a acciones petardistas y – como en los 80 y 90 – a derribamiento de torres de alta tensión.
Y en el Vraem que el narco-grupo armado de alias «José» vuelvan a emboscar a patrullas o convoy militares o unidades policiales de control de carretera. Pero, sobre todo, que ejecuten emboscadas o masacres a civiles antes de la primera o segunda vuelta de las elecciones generales, como pasó en 2011, 2016 y 2021. No hay que tener la menor duda que las fuerzas perversas que hoy ostentan el poder casi total, lo harán, lo impondrá. El cuadro completo nos da una idea de lo violento que será las elecciones que se vienen y la importancia que tiene el «terrorismo» para el poder narco-criminal.