Pier Paolo Marzo R.
El lunes 7 de julio conocimos que en el marco de la cumbre de los países BRICS, se firmó un acuerdo entre Ministerio de Transportes de Brasil y la China State Railway Group, la principal empresa estatal ferroviaria del país asiático. Ambas partes acordaron iniciar estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para evaluar la factibilidad de un ferrocarril de carga entre el puerto brasileño de Ilheus, en Bahia, Brasil, y el puerto de propiedad china en Chancay, Perú. En el trayecto cruzaría los estados de Goyás, Matogroso, Rondonia y Acre, zonas clave de producción agrícola, minera e industrial de Brasil, mostrando una perspectiva estratégica de desarrollo en ese país.
Entre los detalles que nos llamaron la atención, estuvo el mapa que se veía detrás de los representantes de ambos países: la ruta comercial entraba a Madre de Dios por el estado Acre en Brasil, cruzaba Puerto Maldonado, hacía escala en Cusco y de allí a la costa Sur, virando hacia el Norte hasta llegar al puerto de Chancay. Es decir, seguía los trazos de la vía Interoceánica Sur y luego la carretera Panamericana. Lo que implica dejar de lado la idea de un ferrocarril que conecte Cruceiro do Sul con Pucallpa y de esta ciudad amazónica, con Chancay. Ruta que podría dinamizar un eje amazónico – andino – costero por el centro del Perú, aunque también con riesgos a los ecosistemas amazónicos por donde pasaría la vía férrea.
Lamentablemente, ni los riesgos ni oportunidades del acuerdo binacional China – Brasil, de la ruta mostrada al presentarlo y de la ruta pensada por empresarios amazónicos, parecen estar en las agendas del régimen peruano, que pareciera haber sido “puenteado” por los negociadores de acuerdo interoceánico, para quiénes Perú es un mero pasadizo e mercancías. Y a la vista de las prioridades de Dina Boluarte, sus ministros y los congresistas que la respaldan – de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza por el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y aliados – no llama la atención su desinterés en cualquier iniciativa de desarrollo nacional. En efecto, la semana pasada Dina Boluarte y sus ministros estuvieron ocupados en defender su autoaumento de sueldo de 120%, a más de 35 mil soles, más 5 mil de una tarjeta de alimentación familiar, así como en disparar a las personas en el marco de la represión a trabajadores mineros que exigían mantenerse en el REINFO. Mientras que los congresistas estuvieron concentrados en aprobar una ley de amnistía a violadores, descuartizadores y asesinos de los años 80 y 90 del siglo pasado, así como a contentar a esos mismos trabajadores mineros sin afectar a los grandes explotadores transnacionales. Por eso, el ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Dina Boluarte sólo atinó a decir que “no tenemos detalles” del acuerdo.
Ante esta enajenación gubernamental y congresal, nos toca a los ciudadanos y ciudadanas presentar propuestas de desarrollo que integren el puerto de Chancay con nuestras poblaciones productoras o con potencial productivo, al tiempo que sea una puerta de entrada de tecnologías adecuadas para el desarrollo. En ese sentido, hemos de considerar que una vía ferroviaria amazónica no debe tener escalas más allá de ciudades grandes como Pucallpa, Yurimaguas o Tingo María, a fin de reducir riesgos a los ecosistemas y limitar su aprovechamiento por economías depredadoras. Asimismo, que nos corresponde generar vías internas de conexión hacia el ferrocarril. Y que las conexiones no son sólo comerciales, sino principalmente políticas y culturales. Teniendo en cuenta que el puerto de Chancay no sólo conecta con China, sino también podría hacerlo con otros países del Asia, como Vietnam, Indonesia o Corea.
En general, las consideraciones de desarrollo nacional que Perú puede exigir, en virtud de su posición geográfica, aún están a tiempo de ser expuestas, dado que el acuerdo entre autoridades chinas y brasileñas recién implica el inicio de estudios de factibilidad. Hacerlo supone reemplazar al régimen actual por un gobierno que entienda el significado de soberanía del pueblo y que impulse una nueva Constitución que, entre otros aspectos, incorpore la planificación estratégica en favor de las personas y pueblos como guía de las decisiones públicas en todos los niveles de gobierno.