Pier Paolo Marzo R.
En los primeros 17 días de 2025, el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) registró 79 homicidios, a los que se suman 3 asesinatos adicionales en Lima el 19 de enero, paradójicamente, un día después del 490 aniversario de la fundación española de dicha ciudad, la más afectada, seguida por la provincia El Callao (8) y los departamentos La Libertad (7), Ica (5) y Piura (5). Como ocurrió los dos primeros años de su gestión, el alcalde provincial de Lima mostró que la vida de las personas a cargo de su gobierno local, le importa menos que codearse con personajes de mala reputación – la gerontocida presidente de la Comunidad de Madrid en este caso – o dedicarse a complacer a su electorado ultraconservador, en esta ocasión colocando una estatua del invasor traidor Pizarro en la plaza de armas. A pesar de que la reciente encuesta de Lima Como Vamos indica que el 74% de los limeños y chalacos se sienten inseguros, porcentaje que llega al 80.9% de las mujeres.
Cabe anotar el incremento del nivel de violencia, expresado en tres ataques con métodos terroristas: voladura de una torre de alta tensión en Pataz y arrojo de granadas de guerra en Lince y San Juan de Miraflores, siguiendo la tendencia del 2024, en que de los 2126 homicidios registrados, un 84% fue con armas de fuego.
¿Y cómo ha reaccionado el régimen de Dina Boluarte?
El ministro del Interior, Santiváñez, finalmente reconoció la gravedad de la situación y propuso incorporar 1,500 policías adicionales, la participación de unidades especializadas como el recientemente generado Grupo especial contra el crimen organizado – Grecco -, y declarar una emergencia logística para el equipamiento de la policía. Sin embargo, no ha evaluado el fracaso total de los 14 estados de emergencia del año pasado, fracaso que debería hacerle cumplir su ofrecimiento de renunciar de no obtener resultados positivos.
¿Qué medidas sí mejorarían la acción policial para prevenir y combatir la delincuencia?
1) Mejorar la capacidad de investigación para la desarticulación de las bandas y organizaciones criminales. Esto pasa por recuperar la DIVIAC, debilitada por el régimen de Dina Boluarte y su ministro Santiváñez. En el camino de fortalecer la Dirección de investigación criminal como rectora de una línea de carrera especializada dentro de la Policía Nacional, que impida que los policías con más experticia y logros, sean enviados a tareas de menor impacto.
2) Recuperar la presencia policial para la protección de las personas y las comunidades, como prescribe la Constitución. Esto puede implicar el reforzamiento con personal de las Fuerzas Armadas donde no haya suficientes policías, como en el Cenepa y otras zonas de las fronteras amazónicas con actividad criminal de organizaciones extranjeras.
3) Mejorar la capacidad de respuesta policial no sólo con la compra de equipos, sino con el entrenamiento para su uso adecuado, así como con acciones para ganarse la confianza ciudadana que permita contar con las vecindades y comunidades para la prevención de delitos y la reacción inmediata ante su comisión.
Esto requiere de un nuevo liderazgo en el sector Interior. Por más que le sea funcional a la corrupción de los hermanos Boluarte y de la mayoría congresal, el fujimorista Santiváñez no debe permanecer al frente del sector ni un día más.
¿Qué medidas complementarias son imprescindibles?
Reforzar la capacidad de investigación fiscal, facilitar las condiciones para la celeridad judicial, mejorar las condiciones de los establecimientos penitenciarios para evitar que sean utilizados como bases de operaciones criminales, y derogar las leyes pro delincuencia e impunidad emitidas por el Congreso. Estas medidas deben ser parte de un camino hacia un gobierno de emergencia, que impulse las condiciones para un pacto social basado en la paz que surge de la justicia y la fraternidad sociales.