Walter Diaz de la Vega (Dirigente Sindical)
En Perú, desde enero de 2027, la vida de los trabajadores ha cambiado drásticamente. Lo que comenzó como un rumor lejano se ha convertido en una amarga realidad: todas las empresas y trabajadores deben pagar una cuota mensual (cupo) a las mafias locales para poder seguir operando sin arriesgar la vida. Quién pensaría, aunque se veía venir. Aún sobrevive el recuerdo de esa portada de periódico. Ahí estaba la noticia, chica, como si quisieran que pase desapercibida: líder Awajún, Ricardo Kunchikui, asesinado por las mafias de la minería ilegal. Sin embargo, Lima no se enteraba, la Amazonía quedaba muy lejos para el día a día de los limeños que entre despertarse a las 4 am para ir a trabajar y volver ya entrada la noche con el pan del día, su única preocupación era enfrentar la crisis económica que vivía el país.
Pero esto comenzó a hacerse ineludible cuando el problema llegó a la capital en agosto de 2024 con el asesinato de Arturo Cárdenas, un líder sindical que se opuso valientemente a la creciente influencia de las mafias en el sector de la construcción. Arturo, conocido por su valentía y compromiso con los derechos laborales, fue abatido por sicarios mientras salía de su local sindical en La Victoria. Su muerte, que fue un golpe devastador para su comunidad, marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarán para siempre el panorama laboral y social en Perú.
A medida que el crimen organizado ganaba terreno, los sindicatos intentaron resistir. Sin embargo, enfrentaron una dura batalla contra un régimen autoritario bajo la dictadura de Dina Boluarte. Los líderes sindicales hicieron desesperados esfuerzos por alertar al gobierno sobre el creciente poder de las mafias y la violencia que sufrían sus miembros. Pero sus llamadas de auxilio y diálogo fueron ignoradas. En lugar de actuar, las autoridades corruptas se hicieron de la vista gorda y, en algunos casos, incluso colaboraron con las mafias para mantener su propio poder.
La combinación de corrupción y represión permitió que las mafias impusieran su sistema delincuencial. Los sindicatos, debilitados y amenazados, ya no podían proteger a los trabajadores. La extorsión se convirtió en una práctica común en todos los sectores. Las empresas y los trabajadores se veían obligados a pagar una cuota mensual para evitar represalias, enriqueciendo cada vez más a las organizaciones criminales. En los sectores de la construcción, minería, telecomunicaciones y servicios, las tasas se hicieron exorbitantes, y el miedo se había apoderado de las ciudades y pueblos del Perú.
Recientemente, la situación ha dado un giro aún más inquietante. Un congresista, en contubernio con las mafias, ha presentado un proyecto de ley que busca legalizar el pago de estas cuotas bajo el pretexto de protección. Esta propuesta, que ha sido recibida con preocupación y rechazo por parte de la sociedad civil, intenta consolidar el control de las mafias en un marco legal, transformando la extorsión en un negocio legítimo. El congresista argumenta que, si las AFP pueden «gestionar» el dinero de los trabajadores, las mafias también deben tener derecho a un trato similar.
Además, las mafias han solicitado formalmente su integración como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Exigen igualdad de trato respecto al partido Fuerza Pulular de la señora K, argumentando que su inclusión en el ámbito político es una cuestión de igualdad de derechos. Esta maniobra busca legitimar su presencia y operaciones, y reducir los pagos que realizan a sus partidos aliados, consolidando aún más su poder a través de la política.
A pesar de los esfuerzos desesperados de algunos funcionarios y la sociedad civil por desafiar esta corrupción y extorsión, la impunidad y el poder de las mafias siguen prevaleciendo. La única esperanza es una respuesta colectiva y decidida: trabajadores, sindicatos y medios de comunicación deben unirse para frenar la legalización de estas prácticas y recuperar el control de su propio destino. En esta lucha, el futuro de Perú y la dignidad de los trabajadores y familias están en juego. La de ellos y la de todos los ciudadanos de esta patria.