Aida García Naranjo Morales*
Nadie debe obediencia a un Gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos en violación de los procedimientos que la Constitución y las leyes establecen. Son nulos los actos de toda autoridad usurpada. El pueblo tiene el derecho de insurgir en defensa del orden constitucional.”
Artículo 82. Constitución para la República del Perú de 1979.
Gobierno usurpador. Derecho de insurgencia. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.”
Artículo 46. Constitución política del Perú 1993.
Los Antecedentes
El contexto en el cual se redactó la Constitución del 79, aquel documento suponía el tránsito del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (en su última fase) a un régimen democrático. En aquel entonces, las Fuerzas Armadas se decidieron a convocar a elecciones para la Asamblea Constituyente, como producto, entre otras cosas del paro de julio de 1977 que planteó la necesidad de elegir a un nuevo gobernante, definir cuál sería la forma de gobierno y, sobre todo, establecer una nueva Constitución.
La rebelión, entendida como derecho subjetivo, tiene antecedentes históricos en la Carta Magna Inglesa de 1215, la cual consigna en su artículo 61 a un comité de resistencia integrado por veinticinco barones. El artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada el26 de agosto de 1789, en Francia. y el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, promulgada el 1O de diciembre de 1948, que consagra lo siguiente: «Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión».
Existe un hecho registrado en nuestra historia republicana: la fracasada rebelión de los coroneles Gutiérrez por tomar el poder en julio de 1872. Estos habían desconocido la elección del dirigente del Partido Civil, Manuel Pardo y Lavalle, y asesinaron al entonces presidente José Balta. El desenlace de este “putch criollo” fue la ejecución de sus cabecillas y el triunfo de la población civil junto a miembros del ejército y la marina defendieron la Constitución de 1860 y los resultados de aquellos comicios electorales.
Resta por añadir que la defensa de este orden constitucional incluye también sus preceptos constitucionales, estos son: los derechos y deberes fundamentales de la persona, el régimen económico, la estructura del Estado (las atribuciones del Poder Ejecutivo, las reglas relativas al período presidencial y a la reelección inmediata, etc.), las garantías constitucionales, entre otros mandatos. Como corolario a lo referido, consideramos que el uso de esta potestad no se configura de ningún modo como acto insubordinado ni subversivo alguno; por el contrario, se trata de un arma o herramienta de fibra constitucional al servicio del titular de la soberanía del país, el pueblo peruano. (Torres Márquez. 2000)
El llamado a la insurgencia por Verónika Mendoza desde el Cusco, corazón del mundo andino, en el marco del lanzamiento político de Nuevo Perú por el Buen Vivir convocando a participar en el TINKUY Por el Buen Vivir, ha generado un impacto en la opinión pública que ha generado atención en los medios lo que se ha expresado en medios impresos, radiales, televisivos y virtuales y ha marcado la agenda, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional, mayoritariamente a favor; así como en contra, (de los sectores más retardatarios y conservadores) frente a un mensaje por Fiestas Patrias, llegando al extremo de pedir prisión para Verónika Mendoza como lo ha expresado públicamente el Congresista José Cueto, que pide denunciar a la ex candidata presidencial calificando como “boicot rojo” a una iniciativa que incluso está dentro del marco constitucional.
El mensaje de Verónika Mendoza y Nuevo Perú por el Buen Vivir constituye pues un manifiesto constitucional ciudadano, una respuesta política a la violación generalizada de derechos constitucionales y sobre todo un llamada nacional y popular a construir una salida democrática y constituyente a la crisis.
Muchas voces
Ya antes, la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma había mandado un llamativo mensaje a la ciudadanía, en medio de la polémica desatada por los proyectos de reforma en el sistema judicial que promueve el Congreso.
“La población civil tiene derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional (Art. 46 de la Carta Magna). Nadie debe obediencia a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes”, se lee en la publicación de Marianella Ledesma.
“Convocar a la ciudadanía y a todas las instituciones democráticas a sumarse a la defensa de la democracia y el Estado de derecho, que se pretende socavar, de aprobarse los Proyectos de Ley”, escribió también la Fiscalía de la Nación. Como se recuerda, El Congreso peruano maneja una serie de proyectos que, según distintos sectores, atentaría con el orden jurídico en el país. El Proyecto de Ley N° 8040/2023- CR (04/06/2024), Ley de Reforma constitucional que declara en reorganización a la Junta Nacional de Justicia y al Ministerio Público. (EXPRESO)
Por su parte según la Ex Premier Mirtha Vásquez el Perú está en una situación en la que se puede ejercer el derecho a la insurgencia:
“En La Mula TV (11/06/2024), la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, aclaró que ya no hay democracia en Perú y explicó que el Artículo 46 de la Constitución reconoce el derecho de desobedecer a los gobernantes que violan la Carta Magna y las leyes. Dado el desequilibrio de poderes, los abusos del Congreso y la desprotección de la población, los ciudadanos y ciudadanas del Perú pueden ejercer su derecho a la insurgencia amparados en la Constitución, señaló, en La Mula TV, la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez”.
En el programa «Al Filo», Vásquez resaltó que en Perú «ya no estamos en democracia» y señaló casos de leyes aprobadas por el Congreso, pero que el Poder Judicial no está aplicando en cumplimiento a la Constitución. «No tiene por qué obedecer estas leyes que violan nuestra Carta Magna, no tiene por qué obedecer normas que finalmente están contra los intereses que la Constitución cautela», afirmó. «Nosotros en este momento ya deberíamos desobedecer a este Congreso, no acatar las órdenes de un Congreso y de una gobernante que están contraviniendo la Constitución. Tenemos que hacer valer nuestro derecho a insurgencia», sostuvo.
Además, diversos pueblos e incluso instituciones, desde una posición ética, están ejerciendo ese derecho negándose a aplicar leyes y decretos espurios, antidemocráticos e inconstitucionales y rechazando «autoridades» ilegítimas. A esto se suman rechazo público a diferentes congresistas, en un sinnúmero de territorios y al gobierno en la mayoría de las regiones de la patria a los que Boluarte no puede llegar salvo un despliegue masivo de fuerzas policiales y militares, además de francotiradores. Las creativas críticas desde el ámbito cultural como en los carnavales o ferias tampoco se hicieron esperar. Sumado a ello está la resistencia de los trabajadores ante la desestabilización y precarización laboral; la resistencia de los pueblos que defienden sus territorios ante la imposición cínica de proyectos extractivos con amenazas de militarizar las zonas: Los pueblos rechazan y se rebelan contra proyectos sin licencia social, como Tía María, Conga, Rio Blanco; o en Sechura defendiendo su Bahía marítima. También debemos destacar las masivas marchas en defensa del agua contra su privatización, y el pedido de censura a diferentes ministros, además de las sucesivas mociones de vacancia de sectores sanos del congreso que demandan la salida de Boluarte.
Estos llamados a la insurgencia, responden, sin lugar a duda a un momento donde las mafias, enquistadas en el poder, se sienten cómodas y capaces de cambiar la constitución, habiendo producido una Asamblea Constituyente, espuria, ilegitima y de facto sin la participación ciudadana, modificando a la fecha más de la mitad de los artículos de su Carta Magna de 1993, con decisiones que pasan por encima de lo votado en el referéndum de diciembre del 2019. Buscan garantizarse la permanencia en el legislativo y con ello pactos de impunidad, beneficios entre “otorongos” y leyes que favorecen a los grupos de poder a los que ellos representan.
Con ello, entonces, se responde masivamente a la dictadura y al poder corrupto que hoy gobierna y como respuesta salimos a las calles desde el mismo 7 de diciembre 2022, en que se desconocieron los resultados electorales del 2021 y se usurpó el gobierno, poniéndolo a servicio de los que fueron derrotados en las urnas, no pudieron demostrar fraude y asesinaron a 50 peruanos y peruanas, de un total de aproximadamente 80 muertos, dejando además victimas colaterales que ascienden según diferentes cifras a más de 1000 ciudadanos, criminalizando la protesta social y encarcelando y/o procesando a sus dirigentes.
En relación a estos hechos el informe de Amnistía Internacional concluyó que: “la presidenta puede ser considerada autora mediata de las graves violaciones de derechos humanos durante las protestas en el inicio de su gobierno”. Así mismo la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso dio luz verde en la denuncia contra Boluarte por el caso de los Rolex y joyas diversas, que estarían vinculadas a actos de corrupción. El poder Judicial por su parte negó el pedido de nulidad planteado por la defensa de Boluarte para apartarse de las investigaciones por las muertes. Como era de esperarse el Congreso de la Republica blindó sin investigación a la mandataria y al Premier.
El mensaje del pueblo el 28 de julio
A puertas del mensaje de 28 de julio en palacio se está viendo la posibilidad de renovación y la conformación de un cuarto gabinete. Seguramente, Boluarte pedirá a los peruanos unidad nacional para lograr el anhelado crecimiento económico y vienen estudiando elevar el sueldo mínimo. De nuestra parte, planteamos a Boluarte un mensaje alternativo, breve y directo, centrado en que urge: 1. Dar una salida democrática a la crisis por lo que planteamos su renuncia, y asumir sus responsabilidades como autora mediata de las masacres producidas, tal como lo señala Amnistía Internacional, entre muchas otras misiones internacionales. 2. En relación a la justicia: a) Anular el indulto a Alberto Fujimori Fujimori que constituye un agravio a la nación, dada sus condenas públicas, como asesino y como ladrón, y posteriormente posiblemente como esterilizador forzoso en los casos de mujeres esterilizadas sin consentimiento en su gobierno. b) Observar de inmediato las nefastas leyes promovidas desde el Congreso, que cada semana sesiona aprobando atrocidades lo que hace un pedido aceptable el rechazo ciudadano a un congreso del 4% que vendría fomentando el crimen organizado. C) Así mismo observar la ley de impunidad frente a la prescripción de crímenes de lesa humanidad, producidos antes del 2022, que pondrían a los asesinos en la calle. 3. Abstenerse de retirarnos de las instancias supranacionales en particular del Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuyas consecuencias agravarán nuestro aislamiento internacional y que nuestra cancillería no confronte con las embajadas de los gobiernos democráticos, ya que ello no solo nos traerá consecuencias políticas negativas, sino que afectara nuestra economía.
Nos veremos por ello en las calles y en las urnas avanzando a una refundación democrática del Perú. Para que esa insurgencia ciudadana ponga fin al desgobierno de un gobierno usurpador, asesino que asaltó el sistema de justicia y constitucional para obtener impunidad y mantener el entreguismo de nuestros recursos y la continuidad de un modelo fracasado.
Concluyo reflexionando que observamos a: “un arriba nervioso y un abajo que se mueve”.
* Ex Ministra del MIMDES, Ex Embajadora, Integrante del Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla, Impulsora de la CELAC Social, dirigente del Partido Socialista integrante de Nuevo Perú.